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ENFERMOS MENTALES EN PRISION Imprimir
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26/06/2007

Comparecencia de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social ante el Parlamento: ejemplo de descontrol de su gestión y desconocimiento de la población a la que debe atender

Recientemente se ha publicado por parte del Parlamento Andaluz el acta de la comparecencia de la Consejera en la comisión de Igualdad y Bienestar Social, donde se le exigió acudiera para informar y dar explicaciones debido a la publicación, por parte de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, de un informe sobre el estado de las personas con enfermedad mental privadas de libertad en los centros penitenciarios de Andalucía. En el mismo se pone en evidencia la precariedad de estas personas en cuanto a asistencia social y sanitaria, y la reiteración las mismas carencias en distintos informes del Defensor del Pueblo Andaluz.

Su intervención, que analizamos a continuación, supuso todo tipo de evasivas e intentó defender su gestión absolutamente incompetente para los enfermos mentales internos en nuestras prisiones, ofreciendo datos de los recursos destinados y las actividades desarrolladas por asociaciones para otros colectivos de discapacitados. Si lo único que tiene que ofrecer como explicación al Parlamento Andaluz es la información sobre materias que nada tienen que ver con los enfermos mentales, resulta claro y evidente que su gestión continúa sin previsión alguna ni intención de aplicar la normativa que le obliga a considerar como colectivo preferente a los enfermos mentales de las prisiones andaluzas. Todo un insulto tanto para ellos como para sus familiares, ciudadanos andaluces ignorados por su gestión.

Queremos recalcar que todas las preguntas que se le formularon por parte del grupo parlamentario que lo tramitó, estaban relacionadas con el colectivo de enfermos mentales en prisiones ordinarias, no los que se tratan en el psiquiátrico penitenciario y tampoco sobre los discapacitados intelectuales. La diferencia es grande y evidente, pero dada la confusión que parece tener la Consejera nos vemos en la obligación de aclararle que por discapacidad intelectual se entiende a las personas que sufren lo que comúnmente se llama retraso mental, mientras que los enfermemos mentales (por ejemplo, los que padecen esquizofrenia) nada tienen que ver con este colectivo.

Por otra parte reiteramos de nuevo cuál es el lugar donde se encuentran estas personas sin asistencia: prisiones ordinarias. Resaltamos esta cuestión, porque la Consejera confundió también en este sentido el lugar de cumplimiento del colectivo sobre el que versaban las preguntas al referirse a la imposibilidad de ofrecer datos de Andalucía, puesto que en Sevilla se encuentra uno de los dos centros psiquiátricos penitenciarios de toda España. Parece evidente que la Consejera no sabe diferenciar lo que supone estar en un hospital psiquiátrico penitenciario y una prisión ordinaria.  Nuestra denuncia y la del Defensor del Pueblo Andaluz se refieren solamente a las prisiones ordinarias, cuya situación para los enfermos mentales, según lo argumentado en nuestro informe, es límite.  Resulta vergonzoso que una consejera responsable de prestar asistencia  a este colectivo, cuando la Junta de Andalucía debería tener asumidas desde el año 2004 las competencias de sanidad penitenciaria, tenga un desconocimiento tan grande de los colectivos a los que debe gestionar sus intereses y servicios públicos.

En este orden de errores e imprecisiones, cifró en un 4% el número de personas afectadas por enfermedad mental sin aportar ninguna fuente que diera rigor a tal afirmación, ya que por otro lado, reconoció en la propia comparecencia, que no ha comenzado el trabajo de detección y diagnóstico de las personas enfermas mentales de las prisiones Andaluzas, tal como tiene asumido desde hace más de un año por el convenio por el que se le preguntaba. Y así además, contradijo a la Sociedad Estatal de Sanidad Penitenciaria, que calcula en un 8% los enfermos mentales graves y en un 40% el de las personas afectadas por trastornos mentales y de personalidad y a la propia Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

En cuanto a sus responsabilidades sobre esta materia, aludió a subvenciones que se otorgan desde la Consejería a ONG en desarrollo de programas para atender a enfermos mentales en prisión, citando como único ejemplo en este sentido a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Sin embargo, esta afirmación es absolutamente incierta y, si bien solo existe alguna incipiente iniciativa de atención en el ámbito de discapacitados intelectuales, ninguna para enfermos mentales. Todos los datos que ofreció de gastos presupuestarios destinados a asociaciones y proyectos de rehabilitación, tratamiento e inserción (e incluso aludió a unas jornadas donde va a informar sobre todas las actuaciones que ha realizado), se refieren a discapacitados intelectuales. Ni un solo euro ni proyecto o recurso de los que hizo referencia se destina a los enfermos mentales y duales de las prisiones andaluzas.

Nos alarma en gran medida que también desconozca el destino de las subvenciones que se gestionan desde su Consejería. Y en este sentido queremos aclararle que la subvención que recibe la APDHA de esta Consejería que asciende a un total de 21.000 euros, como bien ella misma informó en su comparecencia, se destina a un programa de asesoramiento jurídico, social y laboral para todas las prisiones andaluzas, y no para hacer tratamiento ni terapias para enfermos mentales, actividades, por otro lado, a las que nosotros jamás nos hemos dedicado ni son parte de nuestra actividad. 

Queremos señalar que la Consejera desmintió abiertamente que los enfermos mentales, tras su salida del centro penitenciario, no reciban asistencia ni seguimiento alguno. Eludió esta responsabilidad al indicar vagamente que de ello “se encarga el programa que coordina y hace el seguimiento de la gente que sale de prisión”. Nos gustaría que nos diera más información sobre este programa pues a día de hoy no tenemos conocimiento de la buena marcha del mismo. Nuestro trabajo diario con los presos y sus familias desde hace 15 años nos dice todo lo contrario. Nos gustaría que nos lo explicara para poder derivar a estos servicios todos los presos con los que trabajamos y poder también informar al Defensor del Pueblo que en sus informes ha denunciado abiertamente este problema, donde además se recogen las opiniones de los médicos de prisiones en el mismo sentido.

Por último queremos hacer constar que lo único que contestó realmente que hacía referencia a lo que se le preguntó (que son los enfermos mentales en las prisiones andaluzas y la aplicación del convenio que firmó hace más de un año para su detección y el trabajo para su tratamiento y excarcelación) es que en base al convenio de referencia se ha constituido la comisión de seguimiento del convenio y algunas comisiones técnicas provinciales,  de lo cual la felicitamos sinceramente y nos alegra, aunque sea con un año de retraso. Pero le recordamos que el trabajo y objetivos del propio convenio aún no se han empezado a poner en marcha y la situación de este colectivo es sumamente precaria, por lo que esperamos que aplique y comiencen a trabajar sin más dilaciones.

El acta de la intervención puede visitarse en:

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=diario&id=19013

 
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