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La Junta de Andalucía comienza hoy a dispensar los tratamientos médicos necesarios a personas presas con hepatitis C
02/04/2014
Las personas presas han estado dos años sin acceder a la medicación por un conflicto entre la Junta de Andalucía y el Ministerio del Interior sobre quien debía proceder a su dispensación y pago. La realidad de las prisiones es que, en multitud de ocasiones, una persona por el mero hecho de estar en la cárcel no puede acceder a un tratamiento del que sí podría disponer y se le dispensaría sin ningún problema si estuviera libre, aunque este medicamento sea imprescindible para su esperanza de vida.
 
El Consejero de Justicia vuelve a incumplir su palabra y continúa desoyendo al Parlamento en su petición de reanudación de los servicios jurídicos para presos
20/03/2014

El Consejero de Justicia falta a la verdad al afirmar que desde la Consejería se está cumpliendo con la proposición no de ley en la que se insta a la reanudación de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (SOAJP). La Consejería pretende recortar un 70% el presupuesto destinado a los SOAJP en años anteriores. El próximo mayo se cumplirán dos años sin asistencia letrada para las 15.500 personas privadas de libertad.

 
Instituciones Penitenciarias está negando tratamiento médico a personas presas con hepatitis C, lo que puede derivar en desarrollo de cáncer y muerte
18/03/2014

APDHA presenta públicamente un informe ante el Defensor del Pueblo Andaluz. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha presentado hoy en rueda de prensa un nuevo informe en el que pone de relieve la vulneración del Derecho Humano a la salud de las personas presas. En la rueda de prensa han intervenido Maribel Mora, Coordinadora General de APDHA, y Jesús Maeztu, Defensor del Pueblo Andaluz, que ha recibido este informe, presentado como Queja a la institución. 

 
Admitida a trámite la denuncia por tortura y prevaricación de un preso contra varios altos cargos de Instituciones Penitenciarias
21/02/2014

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) asiste jurídicamente a  este interno, que actualmente se encuentra en la prisión de Sevilla II, y que llegó a sufrir la amputación de un dedo y parte del dorso de una mano e innumerables cólicos nefríticos  por una litiasis renal de más de un centímetro de diámetro.

 
NOTA DE PRENSA DE LA APDHA EN EL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL, 9 DE OCTUBRE, SOBRE EL ABANDONO DE LOS ENFERMOS MENTALES EN PRISIÓN Imprimir
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09/10/2008

Enfermos mentales que no entienden ni el sentido de la pena ni porque están encerrados y alejados de sus familias no son contadas excepciones en las que se vulnera el sistema legal establecido que lo prohíbe. El 40% de la población penitenciaria padece trastornos mentales y de la personalidad, y el 8% enfermedad mental grave.

La mayoría de ellos se encuentran en prisión porque no existe ningún otro recurso comunitario para ellos, y su paso por tan duro ambiente agrava en prácticamente todos los casos sus patologías. La prisión, por tanto, se convierte en un sustitutivo inapropiado para estos enfermos ante la inexistencia  de recursos asistenciales, mostrando el gran fracaso que como sociedad tenemos en esta materia.

 A pesar de conocer su existencia, la Junta de Andalucía no está actuando para prestarles la adecuada atención sanitaria, social, y menos aún facilitando su integración en la sociedad. La excusa de las Administraciones la falta de recursos económicos.  No obstante, la escasez de recursos no justifica dejar que los enfermos mentales se pudran en prisión. Los recursos se distribuyen según las necesidades, y a los políticos parece importarle muy poco estos enfermos.

De hecho en Andalucía existe un convenio desde el año 2.006  que obliga a la Junta de Andalucía a trabajar en la excarcelación los mimos y a la derivación a recursos comunitarios adecuados. Hoy en día el convenio, dos años y medio después, sigue sin aplicarse y los recursos comunitarios adecuados sin crearse ni reflejarse en las previsiones presupuestarias.

El año pasado la Consejera de salud ya anunció un Plan de atención integral enfermos mentales en Andalucía, en el que se reconocía por primera vez la necesidad de atención de  los enfermos metales de las prisiones Andaluzas y prometía la mejora de la inexistente asistencia integral que existía hasta ese momento. El plan nunca llegó a ponerse en funcionamiento y un año después la situación sigue exactamente igual.

 La construcción de un nuevo Centro Penitenciario en Archidona (Málaga), el segundo de dicha provincia, comenzará en 2009, con un coste de 100 millones de euros para 1.009 presos. La APDHA apuesta porque dicha inversión se mantenga en dicha provincia, incluso en la localidad, pero creando una red de instalaciones adecuadas a las necesidades de los enfermos mentales. Aún no se ha iniciado el proceso de negociación por lo que es posible su modificación a tales efectos se iniciaran las gestiones oportunas ante el Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Gobierno central.

 De los 16.300 presos de Andalucía, 1.300 son enfermos mentales graves. Los Juzgados penales y de Vigilancia Penitenciaria vienen denegando de manera sistemática la suspensión de la pena de prisión al no existir otro tipo de centros que den el necesario control institucional del enfermo mental, incumpliendo el artículo 60 del Código Penal que obliga a la suspensión de la condena para los presos con trastorno mental grave que le impida conocer el sentido de la pena (“suspenderá) garantizando que reciba la asistencia médica precisa, para lo cual podrá imponer medidas de seguridad (entre otras la de residir en un lugar determinado). Así mismo dicha suspensión podría acordarse previamente al inicio de la pena. 
 Así pues, la APDHA no apuesta por un Centro Psiquiátrico penitenciario ni por nuevas prisiones ordinarias, sino por la inversión de dicho presupuesto en programas residenciales, con una red de pisos, casas hogar y plazas residenciales generales, centros de rehabilitación, formación y empleo. Ello debe hacerlo el Ministerio del Interior en colaboración con la Junta de Andalucía. Ambas Administraciones son responsables y no pueden eludir sus responsabilidades como hasta ahora lo han venido haciéndolo, imputándosela a la otra. Es evidente que la adquisición de una red de “pisos” 100 con 10 plazas cada uno, las 1.000 plazas que ofrecería una nueva prisión con un coste de 100 millones de euros, nunca superaría los 15 millones de euros. 
Una vez acordada la suspensión de la prisión por el Juez o el inicio de la medida de seguridad, los Servicios sociales penitenciarios tienen que remitir el caso al servicio o centro correspondiente para que el penado inicie o continúe el tratamiento o programa, según le impone el Real Decreto 515/05, para ello debe disponer de unidades extrapenitenciarias (artículo 182 del Reglamento Penitenciario) que no existen en la actualidad para este colectivo, obligación impuesta a la Administración Penitenciaria. 

Para más información pueden consultar:

http://www.apdha.org/webanterior/index.php?option=com_content&task=view&id=397&Itemid=41

 
Restricciones en el acceso a los tratamientos de la Hepatitis C
18/03/2014

Informe sobre la vulneración del derecho a la salud de las personas presas, específicamente sobre la situación de los enfermos de hepatitis C.

 
Muertes por sobredosis en prisión
23/05/2013

Informe de APDHA-Sevilla sobre muertes por sobredosis en prisión

 
Informe sobre la Tortura en el Estado español en 2012
06/05/2013

APDHA forma parte de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT)

 
Informe sobre la Tortura en el Estado español en 2011
01/06/2012

 
Informe sobre la Tortura en el Estado Español en 2010
16/06/2011

 
Informe sobre la Tortura en el Estado Español en 2009
06/07/2010

 

Recopilación de las denuncias por tortura y tratos inhumanos, crueles o degradantes por la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura

 
La situación de la justicia de menores en Cádiz
27/10/2009

 
Informe sobre la Tortura en el Estado Español en 2008
29/05/2009
 
Modelo de Atención Sanitaria en las Prisiones Ordinarias
03/03/2009
 
Deficiencias de la coordinación en Andalucía y en la asunción de responsabilidades de las administraciones implicadas.
 
Informe del Estado Español sobre privación de libertad
01/10/2008

Observaciones iniciales de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía al quinto informe periódico del Estado Español presentado al Comité de Derechos Humanos en lo relativo a la privación de libertad, artículo 10 pacto internacional de derechos civiles y políticos

 
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