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InfoApdha - 24 de febrero de 2010 Imprimir
23/02/2010

 

Infoapdha, miércoles, 24 de febrero de 2010 ......................... 9.176 suscriptores

 
 

 

APDHA

II Jornada Andaluza de debate sobre prostitución.-

Bajo el lema “Prostitución y trata: una mirada crítica”, se celebra en Cádiz el próximo sábado 13 de marzo.


Campaña contra la exclusión social en Andalucía.-

La entrega de premios a entidades comprometidas en la lucha pro la inclusión y una manifestación, cerró en Sevilla esta primera fase de la campaña contra le exclusión social en Andalucía de la APDHA.

 

Jornada XV aniversario Diamantino García.-

Una pequeña crónica de la Jornada celebrada el 7 de febrero en Osuna.

 

Propuestas.-

- Revista Trabajadora de CC.OO.

- Seminario sobre el feminicidio en ciudad Juárez.

- Curso de Derechos Sociales del Observatorio DESC.

- I Seminario interdisciplinar sobre género y sexualidad en el siglo XXI.

- Conferencia Internacional de apoyo al pueblo saharaui.

 
 

 

ANÁLISIS - DENUNCIA

Muertes bajo custodia en el Estado español.-

Centro de Documentación contra la Tortura.

Cadena perpetua, ¿y después qué?.-
Gerardo Pisarello - Jaume Asens. 


Universalización de los derechos sociales.-

Antonio Baylos.

Derechos humanos y diálogo transcultural.-

Ramin Jahanbegloo.

 

¿Cómo nos alimentaremos?-

Gustavo Duch.


 
           
           
           
 

 

 

 

 

 

 

     

 

II JORNADA ANDALUZA DE DEBATE SOBRE PROSTITTUCIÓN.-
Asociación Pro Derechos Humanos de Andlaucía

 

PRESENTACIÓN

 

La trata de seres humanos es a día de hoy una forma de esclavitud que persiste en sociedades que contemplan los derechos humanos como fundamentales. La implicación de la sociedad y los gobiernos en la lucha contra este fenómeno ha llegado con lentitud, y aún hoy, la falta de datos concretos y estudios específicos dificulta el abordaje de este asunto.

En el año 2008, se aprueba en España El Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, un paso adelante sin duda en la lucha para combatir este fenómeno. Pero, para nosotras aún insuficiente. Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, uniendo nuestras voces y reflexiones a la de otros colectivos implicados también en la lucha por los derechos de las trabajadores/as del sexo, hemos denunciado la asimilación que desde este plan se hace de la prostitución con la trata de seres humanos. Esta asimilación, que equipara la prostitución coaccionada a la voluntaria, supone la negación de la capacidad de decisión de muchas personas, y condena a quienes toman esta decisión a la categoría de víctima y “Victimizar es la opción menos respetuosa con respecto a nuestras semejantes, que con frecuencia se sienten agredidas ante las miradas conmiserativas” (Espejo, 2009).

Esta cuestión no es una simple e inocente interpretación de conceptos. Esta concepción reduccionista que ve la prostitución como algo intrínsecamente deleznable, sirve de sustento y base argumentativa a posturas normativas, ideológicas y sociales que muchas veces afectan negativamente a las personas que trabajan en la prostitución: se ven criminalizadas a ellas mismas o a sus clientes y amigos, estigmatizadas por la sociedad, victimizadas por sus semejantes, relegadas a la clandestinidad…

Por ello, en esta Jornada hemos querido crear un espacio donde voces de diferentes ámbitos (el derecho, las ciencias sociales, antropológicas, el trabajo sexual, el arte, la cultura y las nuevas tecnologías...) se encuentren para compartir reflexiones, acciones y vivencias sobre la prostitución, la trata, y sobre todo, la dignidad y el derecho a vivir con libertad.

 

Fecha y lugar

 

Sábado 13 de Marzo de 2010

Facultad de Filosofía y Letras

Avda. Carlos III, Cádiz

 

PROGRAMA

 

09:30 Recepción e Inscripciones

10:00 Presentación de las Jornadas

 

10:30 LUCHANDO POR LAS LIBERTADES DE LAS PROSTITUTAS

Pia Covre, De la Comisión por los Derechos Civiles de las Prostitutas en Italia

 

ENTREVISTA-DOCUMENTAL A CARLA CORSO Y PIA COVRE POR IDEADESTROYINGMUROS

 

12:00 CAFÉ

12:30 PROSTITUCIÓN Y TRATA

jos1e Luis Solana, Profesor antropología Univ. Jaén

Esther Hava, Profesora derecho Univ. Cádiz

 

14:00 ALMUERZO

 

16:30 MESA DE EXPERIENCIAS;

Plataforma Estatal por los derechos de las personas que ejercen la prostitución

 

PROSTITUCIÓN Y PERFORMATIVIDAD A TRAVÉS DE LA WEB

Presentación del portal-web “Perrxs Horizontales” y "prostitucion queer divergente”

Diana Junyent

 

18:00 PRESENTACIÓN de los libros “Devenir perra” y “Un Zulo propio“ por su autora

Itziar Ziga

 

19:30 CLAUSURA DE LAS JORNADAS

 

22:30 ENCUENTRO PÚBLICO-PERFORMATIVO Y FIESTA : EN SALA SUPERSONIC

Paseo Pascual Pery s/nº

Performance Pornoterrorista

Videoarmsidea

Post_op

Djs La Boucherie - Rosa Pacheco - Dorot

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

 

En www.apdha.org/webanterior o enviando un correo con los datos a jornadas.prosti@gmail.com, haciendo constar nombre y apellidos, mail y teléfono de contacto.

Precio de la inscripción: 17 €, que incluye almuerzo

Pago de la inscripción a nombre de la APDHA, haciendo constar “Jornadas Prosti”, nombre y apellidos en la c.c.:

UNICAJA 2103-4042-43-0030000018

Presentar resguardo de ingreso al inicio de Jornada

Más información y otras condiciones en:

Tfno. 956 47 47 60 o jornadas.prosti@gmail.com.


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CAMPAÑA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN ANDALUCÍA.-
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía

-       Comunicado

-       Manifiesto

 

Comunicado

 

El pasado sábado, 20 de febrero, tuvo lugar el acto de entrega de premios por la Inclusión Social en Andalucía, donde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha galardonado a 7 organizaciones andaluzas que trabajan contra la exclusión y en la defensa de los Derechos Humanos en nuestra tierra.

Este acto, junto con una concentración a las puertas del Parlamento Andaluz y la lectura del manifiesto La Andalucía Invisible: la APDHA por la Ley de Inclusión en Andalucía, ha cerrado la primera parte de una campaña que comenzó el pasado 10 de diciembre, día de los Derechos Humanos, con el objetivo denunciar la situación de exclusión social que tradicionalmente padece Andalucía y su empeoramiento a raíz de la crisis sistémica existente.

La APDHA ha querido reconocer el trabajo que muchas entidades andaluzas desarrollan con colectivos en situaciones de exclusión. Las organizaciones premiadas han sido la ASOCIACIÓN ANDAD (Madres unidas contra las drogodependencias) de El Puerto de Santa María; la ASOCIACIÓN DE MUJERES HIEDRA (Córdoba), la ASOCIACIÓN GITANA ANAQUERANDO (Granada), el CENTRO PUERTA ABIERTA (Huelva), la LIGA DE INQUILINOS "LA CORRIENTE" (Sevilla), ASPO (Acción Solidaria con los Pueblos Oprimidos) de Jerez de la Frontera y la COORDINADORA DE VOLUNTARIADO de la Serranía de Ronda.

Posteriormente a la entrega de los galardones ha tenido lugar una manifestación de alrededor de 500 personas que ha culminado con la lectura del manifiesto por parte de María Isabel Mora, Coordinadora General de la APDHA. En el manifiesto se reclama la aprobación parlamentaria de la Ley de Inclusión en Andalucía y se denuncia la situación de la denominada Andalucía Invisible, una Andalucía de 440.000 personas excluidas y de casi 7.000 personas que no tienen un hogar donde vivir y tienen que dormir en la calle.

El manifiesto también evidencia la situación en la que viven las personas de los barrios marginales y de asentamientos chabolistas, de las personas a las que se les niega el derecho a una vivienda digna y asequible, de las personas presas y sus familiares, de las mujeres que ejercen la prostitución y de las personas inmigrantes a las que la “crisis” deja totalmente desprotegidos, vulnerables y usados como chivos expiatorios.

Por tanto, la APDHA exige a las Administraciones un cambio de rumbo en la política social en el que la erradicación de la exclusión en Andalucía sea el primer punto de todas las agendas y en el que se considere a las personas excluidas como ciudadanos y ciudadanas con todos los derechos, y a los que se debe de dar respuesta. Y exige que hoy más que nunca se apruebe, de una vez, la tan prometida Ley de Inclusión para Andalucía.

 

Manifiesto

 

Nos reunimos hoy aquí, en las puertas del Parlamento, para recordarle a las Administraciones Públicas, una vez más, que existe una Andalucía Invisible, que no quieren ver pero que está aquí, en nuestros pueblos y ciudades, en cada rincón de nuestra tierra.

La Andalucía Invisible de las 440.000 personas excluidas, que no se benefician de las épocas de bonanzas pero que les afectan los recortes presupuestarios y la paralización, y van ya 10 años de la necesaria Ley de Inclusión para Andalucía.

La Andalucía Invisible de las casi 7.000 personas que no tienen un hogar donde vivir y tienen que dormir en la calle.

La Andalucía Invisible de las personas que viven en barrios marginales, abandonados por las distintas Administraciones. Barrios que se explican desde los desarrollos desiguales en los Planes Generales de Ordenación Urbana de las grandes ciudades: zonas con todos los medios y otras donde la impunidad y la ley de la selva son el pan nuestro de cada día.

La Andalucía Invisible de los asentamientos chabolistas en los que malviven, rodeados de basura y ratas, cientos de familias andaluzas, algunos como hemos denunciado públicamente esta semana, que escandalizan a cualquier persona que tenga un mínimo de sensibilidad y que no escandalizan a nuestra clase política que parece que sólo se fijan en ellos cuando hay intereses de especulación urbanística.

La Andalucía Invisible de las personas a las que se les niega el derecho al uso de una vivienda digna y asequible.

La Andalucía Invisible de las personas presas y sus familiares. Cárceles que no son aptas para la reinserción de las personas sino espacios para apartar y hacinar a muchas ciudadanos excluidos, de sus familias y de la sociedad, que muchas veces no tienen otra función real que la de arrinconar y acallar el fracaso del sistema usando nuevo guetos de marginalidad y ostracismo.

La Andalucía Invisible de las personas Inmigrantes a las que la “crisis” deja totalmente desprotegidos, vulnerables y usados como chivos expiatorios. Recientemente, el mismo SUP (Sindicato Unificado de la Policía) recomienda a sus compañeros que no cumplan la Circular 1/2010 de la Comisaría General de Extranjerías y Fronteras que “trata a los inmigrantes como delincuentes”, con un “procedimiento de actuación que no respeta los derechos constitucionales de los ciudadanos”. Inmigrantes que tienen que trabajar en condiciones de total precariedad. Personas que en no pocas ocasiones sufren el racismo e incluso ataques xenófobos y que son retenidas en los CIES donde los derechos humanos brillan por su ausencia y las condiciones humanas son deplorables.

La Andalucía invisible de las miles de mujeres que ejercen la prostitución en nuestras ciudades, en quienes recae el estigma, la situación de alegalidad, el vacío y vulneración de sus de derechos. Mantener la situación actual colabora a que sigan siendo explotadas laboralmente, perseguidas y acosadas por la policía y que sigan sufriendo abusos y agresiones. No es la prostitución lo que hay que eliminar sino las situaciones de injusticia social que viven muchas andaluzas que buscan sus sustento en contextos de prostitución, cuando se ven obligadas a realizar trabajos1 que no desean en condiciones que les sitúan en inferioridad respecto de terceros.

 

Desde la APDHA exigimos a las Administraciones:

Un cambio de rumbo en la política social en el que la erradicación de la exclusión en Andalucía sea el primer punto de todas las agendas y en el que se considere a las personas excluidas como ciudadanos y ciudadanas con todos los derechos y a los que se debe de dar respuesta. Y que hoy más que nunca se apruebe, de una vez, la tan prometida Ley de Inclusión para Andalucía.


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XV JORNADA DIAMANTINO GARCIA ACOSTA.-
Lidia Biltar. Gabinete de Comunicación de la APDHA

El domingo 7 de febrero se celebró la jornada XV Diamantino García, en torno al tema de “Derechos Humanos, Mujer y Pobreza”, en la Escuela Universitaria de Osuna (Sevilla). El acto comenzó pasadas las 10 y media de la mañana con la conferencia de Carmen Murías, activista de la Marcha Mundial de las Mujeres (MMM) de Barcelona.

Carmen Murías empezó su intervención ofreciéndonos datos: 1700 millones de personas pasan hambre en el mundo; de estas personas, el 70% son mujeres. Por eso podemos hablar de “feminización” de la pobreza, aún más cuando las ¾ partes del trabajo en el mundo lo hacen las mujeres y son ellas las que producen el 50% de los alimentos del planeta aunque sólo poseen el 2% de la tierra.

Murías continuó con una crítica a los discursos paradójicos y contradictorios de los organismos internacionales (ONU, PNUD, Banco Mundial...), ya que ofrecen un amplio campo de significados para la palabra pobreza y la presentan de manera que se confunden las causas de la pobreza con las consecuencias de la misma. Estos organismos no cuestionan el pensamiento único ni el orden mundial existente, lo cual no lleva a la consecución de un mundo más justo.

En el campo de las desigualdades entre hombres y mujeres, el informe del año 2007 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señalaba que existen demasiadas mujeres en el mundo que carecen de protección jurídica y social, y que se encuentran en situación de precariedad.

Carmen Murías también comentó que la receta del neoliberalismo está configurando un mundo de ganadores y perdedores. Y las mujeres y los migrantes están en el lado de los perdedores. Ejemplos de esto son las maquilas, fábricas en zonas francas “al margen de la ley” donde la mayoría de los trabajadores son mujeres; las explotaciones de territorios y de recursos naturales por parte de las transnacionales, lo que está provocando una expulsión masiva de campesinos de sus tierras, etc.

Una vez finalizada esta intervención, los asistentes a la jornada, divididos en cuatro grupos, asistieron a talleres que versaron sobre “Mujer inmigrante”, las “Mujeres en situaciones de conflicto”, “Mujer y prisión” y “Las mujeres en los conflictos armados y su papel en la construcción de la paz”. En los talleres se pudo conocer más de cerca el trabajo que hacen diversas organizaciones en la lucha por los derechos de las mujeres en todo el mundo, también hubo lugar para el debate y la propuesta de alternativas.

Después del almuerzo en el patio de la universidad, en el cual se compartió la comida llevada por todos los participantes, el día se cerró con una mesa redonda sobre “la Feminización de la Pobreza”. En la mesa redonda participaron las ponentes de los talleres Remei Sipi, Presidenta de la Asociación E'Waiso Ipola de mujeres guineanas, y Mar Sánchez, de ACOPE (Asociación de Colaboradores con las Presas). Además se sumaron a la mesa representantes de Entrepueblos y de Mujeres contra la Guerra y por la Paz de Colombia.


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PROPUESTAS.-


- Revista Trabajadora de CC.OO.

 

Ya está disponible en pdf el número 35 correspondiente a marzo 2010 de la revista "Trabajadora" editada pro la secretaría de la mujer de CC.OO. Se puede descargar en: www.ccoo.es/mujeres

Si desea recibir gratuitamente la revista por correo electrónico, envíe su dirección a: trabajadora@ccoo.es (es formato pdf y ocupa alrededor de 2MB).

 

- Seminario sobre el feminicidio en ciudad Juárez.

 

Seminario Internacional Derechos humanos, mujer y frontera: el feminicidio de Ciudad Juárez. Organizado por la Universidad Internacional de Andalucía del 8 al 10 de marzo en Sevilla

Información: http://www.unia.es/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1611

 

- Curso de Derechos Sociales del Observatorio DESC.-

 

El observatorio DESC organiza en Barcelona del 14 de abril al 31 de mayo un nuevo Curso de Derechos Sociales que consta de 14 sesiones, dividido en dos bloques. El primero trata sobre la exigibilidad de los derechos sociales y el segundo se centra en debates de plena actualidad en torno a los mismos

Más información: http://www.descweb.org/files/prog_cursDESC_cat.pdf

 

- I Seminario interdisciplinar sobre género y sexualidad en el siglo XXI.

Bajo el tema "Política afectivo sexual, migraciones femeninas y vulnerabilidad social", se celebra en Granada los días 22 y 23 de abril 2010, organizado por el Seminario para el Estudio y la Intervención Social y Educativa

Más información en semgenysex@gmail.com

 

- Conferencia Internacional de apoyo al pueblo saharaui.

 

Se celebra en Granada los días 6 y 7 de marzo coincidiendo con la primera Cumbre UE-Marruecos con motivo de la Presidencia Española de la Unión Europea y tras la concesión del Estatuto Avanzado que convierte a Marruecos en socio preferente de la Unión.

Toda la información en: cumbre.granada@saharaindependiente.org

y en http://saharaindependiente.org/spip.php?article675&var_mode=calcul.

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MUERTES BAJO CUSTODIA EN EL ESTADO ESPAÑOL
Centro de Documentación contra la Tortura
|

En lo que va del año 2010, tenemos noticia de 13 personas muertas en el Estado español mientras se encontraban bajo custodia, o en el transcurso de operaciones policiales: La última, por ahora, se produjo el 20 de febrero, en la cárcel gaditana de Puerto de Santa María-II:

http://www.nodo50.org/tortura/spip/article.php3?id_article=15182

El año pasado, al menos 110 personas murieron en esas circunstancias:

http://www.nodo50.org/tortura/spip/article.php3?id_article=12786

Desde el 1 de enero de 2001, existe constancia de 765 personas que han muertos en estas circunstancias, si bien las administraciones penitenciarias reconocen que en prisión se producen más de 250 muertes anualmente. Estos son sólo son los casos que conocemos, ¿Cuántas muertes bajo custodia se han producido en estos años?

 

13 fallecidos de la cárcel de Albolote en 2009

Sábado, 20/02/2010 EFE

 

El centro penitenciario de Albolote, el segundo de Andalucía en población reclusa por detrás del de Málaga, superó de nuevo en 2009 la barrera de los 1.900 internos, aunque por primera vez en nueve años rompió la tendencia anual de crecimiento medio de más de 400 presos registrado en esta cárcel desde 2001.

La memoria de gestión del centro penitenciario, a la que ha tenido acceso Efe, atribuye ese cambio de tendencia a la apertura, en junio del año pasado, del Centro de Inserción Social Matilde Cantos Fernández, del que a partir del pasado septiembre pasaron a depender la práctica totalidad de los internos en régimen abierto.

No obstante, durante los ocho primeros meses del año pasado la población reclusa de Albolote continuó la tendencia de aumento y sobrepasó de nuevo la barrera de los 1.900 internos.

No fue hasta septiembre cuando la cifra bajó a los 1.703 reclusos para acabar el año con 1.556 (439 menos que la máxima alcanzada en 2009), según la memoria, que subraya la reducción del "incesante incremento" del número de internos en los últimos meses del año.

Con una media de presos durante 2009 de 1.845 (21 más que en el año anterior", el de Albolote es el penal andaluz con mayor población reclusa por detrás del de Málaga, con una media de 2.070 el año pasado, y por delante de los de Córdoba (1.865); Huelva (1.758); Algeciras (1.754); Sevilla (1.747); Puerto III (1.692) y Sevilla II (1.241), según la memoria, que se refiere al "enorme crecimiento" en general de la población reclusa desde 2002.

Ese aumento de la población reclusa en general no se debe, precisa, al aumento del número de ingresos, que ha ido disminuyendo, sino a la "notable disminución del número de excarcelaciones".

"A pesar de haberse desarrollado una política penitenciaria más acorde con el espíritu de reinserción de nuestra legislación penitenciaria, el número de población reclusa sigue aumentando", advierte la memoria, que incide en que aunque el número de ingresos es menor, la estancia media (las condenas) es mayor.

La memoria del centro penitenciario de Albolote considera que es pronto para analizar si el "leve incremento" registrado en los últimos meses del año se mantiene y se empieza a ver "por primera vez en este siglo un decrecimiento de la población reclusa en 2010".

Por sexos, tanto la población masculina como la femenina disminuyó en 2009 en Albolote, donde la media de mujeres se situó en 172 (dos menos que en 2008) frente a 1.673 hombres.

Del total de internos del centro, el 85,7% son penados y el 14,3% preventivos, según la memoria, que indica que Albolote sigue albergando a un gran número de internos provenientes de provincias colindantes como Málaga y el Levante (Murcia y Alicante).

De cada cien internos de la cárcel, algo más de 18 entraron o salieron en libertad o en conducción durante el año pasado.

Alrededor del 17,5% de la población penitenciaria de Albolote es extranjera, la mayoría de ellos de nacionalidad marroquí (39%), mientras que ha disminuido el número de los reclusos provenientes de la Unión Europea y aumentado los de los países latinoamericanos.

En cuanto a la seguridad, la prisión de Albolote, con 452 funcionarios a 31 de diciembre de 2009, registró el año pasado un "notable" aumento de los incidentes, según la memoria, que cifra en 22 las agresiones a funcionarios, frente a las 12 de 2008, y en 137 las cometidas entre internos (un 50% más que el año anterior).

Aunque en algunos casos el aumento de incidentes se debe a que se graban todos, cosa que no ocurría antes, también se ha registrado un incremento de las amenazas, coacciones y resistencias al pasar de 65 a 158, mientras que se registraron 13 fallecimientos (diez en el centro penitenciario, dos en el hospital y uno de permiso).

Seis de las muertes fueron por enfermedades, dos por suicidio (ahorcamiento) y cinco por sobredosis.
 

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CADENA PERPETUA, ¿Y DESPUÉS QUÉ?-
Gerardo Pisarello – Jaume Asens | El Periódico de Catalunya, 10 febrero 2010

El tratamiento dado por los medios a asesinatos como los de Marta del Castillo o la niña Mari Luz Cortés ha permitido a ciertos sectores de la derecha política y judicial desempolvar el debate en torno a la cadena perpetua o, como se ha corregido luego, la «prisión permanente revisable». El propio Mariano Rajoy, secundado por partidos como la UPD de Rosa Díez, se ha propuesto llevar el asunto al Congreso cuando se discuta la reforma del Código Penal. Aunque este designio se presenta como respuesta a una «realidad nacional», es difícil no ver tras él la marca de un populismo punitivo que se extiende cada vez más por Europa y que compromete seriamente la convivencia social y libertades y derechos básicos.

El populismo punitivo es un intento de recabar, de manera demagógica, el consenso social en torno al miedo generado en la población por la criminalidad ordinaria. Este miedo, espoleado e incluso creado a golpe de titulares de prensa, no siempre se compadece con la realidad. Frente al argumento de que la pena vitalicia sería la única respuesta a la «inseguridad y la impunidad reinantes», los datos disponibles revelan que los índices de delitos con violencia se encuentran entre los más bajos1 de Europa y que las condenas, en cambio, suelen ser especialmente severas, como mínimo desde la reforma del Código Penal de 1995.

En su empeño en que ciertos condenados no puedan salir nunca en libertad en todo caso, el PP está siendo coherente con una visión compartida con los sectores más conservadores del Poder Judicial. De hecho, la ley 7/2003 para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, aprobada durante el Gobierno de Aznar, ya aumentó el límite máximo de cumplimiento de estas de 30 a 40 años. Algo similar a lo pretendido con la llamada doctrina Parot, alumbrada por el Tribunal Supremo para evitar, precisamente, que la excarcelación de ciertos presos causara «alarma social». El propósito, en uno y otro caso, era claro: elevar el tope punitivo, limitar el acceso a permisos, al tercer grado o a la libertad condicional, y conseguir con ello introducir la prisión perpetua eludiendo el nomen iuris.

La cruzada a favor de la cadena perpetua, con todo, no parece reducirse a una simple reacción frente a dos asesinatos estremecedores. Lo que se insinúa, por el contrario, es la intención de aprovechar la coyuntura para instalar en la agenda política un programa más audaz de mano dura. Para comenzar, contra la inmigración irregular, un tema en el que el PP ya ha mostrado su disposición a asumir buena parte del guión xenófobo que Berlusconi o Sarkozy están desplegando sin tapujos1. Pero también contra el vasto elenco de delincuentes natos para los que el imaginario conservador reserva toda la saña del aparato coercitivo: terroristas islámicos, traficantes de drogas, pederastas.

Es ingenuo, igualmente, pensar que este afán represivo, de todo punto contrario a los fines socializadores que la Constitución atribuye a las penas, vaya a saciarse con la demanda de prisión perpetua. Como se puso de manifiesto durante el debate generado por la excarcelación de presos por delitos de terrorismo como De Juana Chaos, junto a ella asoma otra bandera que la derecha estaría dispuesta a hacer suya: la de la pena de muerte. No es casual que el líder del PP en Catalunya, Alberto Fernández Díaz, defendiera la perpetuidad con el argumento de que «si no pueden pagar con su vida, que paguen toda la vida». O que en las manifestaciones por la reinstauración de la cadena perpetua, lideradas por la derecha, se lancen gritos a favor de la pena de muerte.

En un contexto como el actual, la sola introducción de este debate constituye una tragedia civil. Una tragedia que, alimentada por móviles electoralistas, esconde además una farsa en toda regla. Y es que incluso en países que han impulsado propuestas similares, como el Reino Unido, Francia o Italia, la medida no equivale a la prisión hasta la muerte (los presos a perpetuidad, de hecho, pueden llegar a salir en libertad a los 10 años de condena). En el caso español, en cambio, la reforma del 2003 ya ha dejado esta alternativa fuera del alcance de un número significativo de presos. Así lo ha admitido el propio ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, quien ha reconocido que el sistema penal –con una población reclusa que se ha cuadruplicado en menos de 30 años– se ha convertido en «uno de los más duros de Europa».

Más allá de su inaceptable adscripción al ojo por ojo, lo que más subleva de este programa expansionista del ius puniendi para los enemigos es su capacidad para invocar sin sonrojo un celoso garantismo penal cuando lo que está en juego son casos de alta corrupción o delitos económicos cometidos por los propios amigos. Por eso, impugnar sus pretensiones no es solo una manera de defender el mejor legado de la tradición penal ilustrada. También es una condición indispensable para desenmascarar el trasfondo autoritario, clasista y racista sobre el que se asienta el populismo punitivo de nuestra época.

 

Gerardo Pisarello es profesor de Derecho Constitucional de la UB. Jaume Asens es vocal de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona.

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UNIVERSALIZACIÓN DE LOS DERECHOS SOCIALES.-
Antonio Baylos | La Factoría nº 38. Tomado de pensamientocritico.org

 

El reconocimiento internacional de los derechos sociales es un hecho de civilización democrática. Se incorporan a las declaraciones generales de derechos humanos –como la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, de 1948– o a declaraciones que tienen por objeto específico este tipo de derechos cualificados por la posición de subordinación social y económica de la persona -como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), de 1966, o, más específicamente, la Convención Internacional de la ONU para la protección de los trabajadores migrantes y los miembros de sus familias, de 1990. Además, la ingente obra de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es extraordinariamente relevante en orden a la regulación internacional de los derechos laborales y de protección social.

El reconocimiento de los derechos sociales requiere su efectividad. Y esta se logra mediante su recepción en un ordenamiento estatal en el que se articulan determinadas medidas para la aplicación de los mismos, normalmente a través de la acción administrativa y prestacional de la Administración y la garantía judicial de los derechos por las jurisdicciones nacionales. La propia recepción de los tratados internacionales requiere su interiorización en los ordenamientos nacional–estatales mediante la firma y posterior ratificación por parte del Estado. Esta mediación estatal necesaria es la condición de vigencia de los derechos reconocidos internacionalmente, lo que supone que si el Estado no incorpora el Tratado internacional a su ordenamiento jurídico interno, estos derechos no podrán ser aplicados en el interior de sus fronteras. Y también ello implica que corresponde al Estado la disposición de los medios que hagan posible la realización práctica de estos derechos una vez interiorizados en el sistema jurídico nacional. En muchas ocasiones, por tanto, no basta con la recepción formal de las declaraciones de derechos, sino que se requiere que en el ordenamiento jurídico en concreto se prevean las medidas para su actuación, cuestión mucho mas importante tratándose de derechos sociales que en muchas ocasiones requieren una actuación administrativa y prestacional coherente, o un sistema judicial que sea eficaz y no inoperante o insensible a la garantía de los mismos. Por lo demás, la responsabilidad en el plano internacional por el incumplimiento de estos derechos sociales corresponde al Estado y no a los particulares o empresas que los violen efectivamente, cuya responsabilidad concreta solo puede hacerse efectiva en el marco del ordenamiento interno del Estado incumplidor.

 

La universalización

Las insatisfacciones que ha generado esta dimensión necesariamente estatal del reconocimiento internacional de los derechos de la persona ha llevado, a partir del tránsito entre estos dos siglos, a la elaboración de técnicas que desarrollan la eficacia de los derechos más allá de la recepción formal y material de los mismos en los ordenamientos jurídicos nacionales, y esta preocupación fundamentalmente guiada por lograr el respeto de derechos humanos fundamentales, en particular el derecho a la vida, también se extiende a la tutela de los derechos de las personas que se encuentran en una situación de subordinación social y económica frente a la cual es necesario plantear medidas que logren una progresiva nivelación o igualación.

A esta tendencia se la denomina universalización de los derechos, que pretende, como señalaba el art. 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el establecimiento de “un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos”. La primera manifestación de esta tendencia la dio en 1998 la Declaración sobre Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la OIT, que segregó un grupo de cuatro derechos básicos para su enunciación como derechos universales, con independencia de su ratificación o no por parte de los Estados. La abolición del trabajo forzoso, la prohibición del trabajo infantil, el reconocimiento del derecho de libertad sindical y de negociación colectiva y la preservación de la igualdad de oportunidades, constituyen un “cuerpo” de derechos sobre el trabajo que deben ser mantenidos de forma universal. La fuerza de esta declaración no reside en los mecanismos de control que pone en práctica la propia OIT, que carecen en última instancia de fuerza ejecutiva, sino en su carácter prescriptivo que los ha ido extendiendo hacia fórmulas regulativas muy diversas no limitadas a la clásica recepción del tratado internacional en el seno del Estado. Así desde cláusulas sociales en los tratados de libre comercio hasta otras fórmulas que no necesariamente involucran a los estados, sino que precisamente se centran en compromisos asumidos por las empresas transnacionales o en acuerdos concluidos entre éstas y los sindicatos “globales”. Otro tipo de derechos sociales son mas difícilmente concebibles como “universales” en el sentido que por el momento se encuentran muy ligados a la acción de los aparatos administrativos públicos, como el derecho a la educación, a la vivienda o a la protección social. En estos casos la tendencia es a perfeccionar los mecanismos internacionales de control de la actuación de los Estados.

 

La tutela judicial

El otro vector por el que se ha desarrollado la universalización efectiva de los derechos es a través de la universalización de la tutela judicial, es decir la capacidad de un tribunal de un país determinado de perseguir judicialmente hechos que se han desarrollado fuera de sus fronteras sobre la base de que se trata de actos que violan derechos universales. Este es un tema de extremo interés en la jurisdicción penal, y en concreto en la jurisdicción penal española, que acoge el principio de justicia universal en el art. 23.4 LOPJ al establecer el compromiso del estado en la persecución de los crímenes mas graves con trascendencia internacional, con el caso paradigmático que establece la STC 237/2005 sobre el caso Guatemala y los hechos denunciados por Rigoberta Menchú. Sin embargo, las peores formas de quebrantamiento de los derechos sociales no son todavía objeto de persecución penal internacional. Hay sin embargo presiones importantes para que se incorporen a este principio de justicia universal las violaciones de los principios fundamentales de la OIT, la represión del trabajo infantil y del trabajo forzoso, pero también y fundamentalmente, la negación de la libertad sindical y la persecución –que en muchos países todavía acarrea muerte y tortura– de los sindicalistas.

En esa misma línea, de expandir la característica de la universalización a estos derechos sobre el trabajo a través de la jurisdicción universal de un tribunal estatal, caminan experiencias que logran exigir responsabilidad civil a las empresas transnacionales por la vulneración de estos derechos laborales universales. Es el caso de los tribunales norteamericanos en la aplicación de responsabilidad por daños, pero sería también el caso del ordenamiento español en la exigencia de responsabilidad por incumplimientos contractuales fijados en acuerdos globales con las empresas transnacionales y los sindicatos internacionales o en los códigos de conducta. Igualmente, iniciativas como la de crear un Tribunal Internacional que juzgue los desmanes más graves de las transnacionales en materia de violación de derechos laborales universales –que se debatió en el último congreso de CC.OO. como una propuesta para que sea asumida por la CSI– resultan también especialmente interesantes.

 

Antonio Baylos es Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha..

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DERECHOS HUMANOS Y DIÁLOGO TRANSCULTURAL.-
Ramin Jahanbegloo | El País 13 de enero 2010


Es bien conocida la historia de los ciegos que, unos a otros, describían a un elefante. Uno de ellos le toca la trompa y dice que el elefante es como una serpiente. Otro toca una pata y describe al elefante como una columna. Un tercero pone ambas manos en un costado del elefante y concluye que es más bien como una pared. Ya se trate de un cuento originalmente hindú, persa o budista, el caso es que esta enseñanza ha sido utilizada a menudo para ilustrar que lo que todos vemos en nuestras diferentes culturas es sólo parte de la totalidad, por lo que necesitamos escuchar y aprender para poder cruzar con seguridad el río de la vida.

Nuestra verdadera opción, por lo tanto, será la de aproximarnos a las diferentes tradiciones religiosas y culturas autóctonas y reconocerlas como colaboradoras en la promoción de un mayor respeto de los derechos humanos y de su observancia.

Las culturas tradicionales no son un sustitutivo de los derechos humanos; son un contexto cultural en el que los derechos humanos tienen que ser establecidos, integrados, promovidos y protegidos. Los derechos humanos deben plantearse de una manera que tenga pleno sentido y sea relevante en distintos contextos culturales. En vez de limitar los derechos humanos a su encaje en una determinada cultura ¿por qué no recurrir a los valores de las culturas tradicionales para reforzar la aplicación y la relevancia de los derechos humanos universales?

Hay una necesidad cada vez mayor de resaltar los valores comunes y básicos que comparten todas las culturas: el valor de la vida, el orden social y la protección contra la arbitrariedad. Esos valores básicos están plasmados en los derechos humanos. Las culturas tradicionales deberían ser consideradas y reconocidas como colaboradoras en la promoción de un mayor respeto de los derechos humanos y de su observancia. El reconocimiento y el aprecio de contextos culturales particulares contribuiría a facilitar, más que a limitar, el respeto y la observancia de los derechos humanos. Los derechos humanos universales no imponen un patrón cultural sino el estándar legal de la mínima protección necesaria para la dignidad humana.

En cuanto pauta legal adoptada por las Naciones Unidas, los derechos humanos universales representan un consenso, arduamente conseguido, de la comunidad internacional, no el imperialismo cultural de alguna región en particular o de un conjunto de tradiciones. Los derechos humanos relacionados con la diversidad y la integridad cultural abarcan una amplia gama de protecciones, incluyendo: el derecho a la participación cultural; el derecho a disfrutar del arte; a la conservación, desarrollo y difusión de la cultura; a la protección del patrimonio cultural; a la libertad para la actividad creativa; a la protección de las personas pertenecientes a minorías étnicas, religiosas o lingüísticas; a la libertad de reunión y asociación; el derecho a la educación, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, a la libertad de opinión y de expresión; y el principio de no discriminación.

Todo ser humano tiene derecho a la cultura, incluido el derecho al disfrute y desarrollo de la vida e identidad culturales. Los derechos culturales, sin embargo, no son ilimitados. Existen limitaciones legítimas y sustanciales a prácticas culturales, incluso a tradiciones bien afianzadas. Por ejemplo, ninguna cultura puede hoy día reclamar legítimamente el derecho a practicar la esclavitud.

Algunos creen, equivocadamente, que los derechos humanos son relativos en lugar de universales en lo que concierne a la cultura. Este relativismo supondría una peligrosa amenaza para la efectividad del derecho internacional y para el sistema internacional de derechos humanos. La reclamación de la aceptación y la práctica del relativismo cultural no es creíble. El relativismo cultural se utiliza como plataforma para obtener ventajas políticas o económicas, y no como un compromiso con los altos valores éticos y los ideales que la protección de los derechos humanos supone.

El concepto de derechos no tiene sentido a menos que los derechos sean universales, pero los derechos no pueden alcanzar su universalidad sin un cierto anclaje cultural. Los derechos evolucionan a medida que evolucionan las culturas. No son entidades fijas. El debate entre universalismo y relativismo no tiene sentido. Los ideales universales de los derechos humanos y las particularidades y sensibilidades culturales pueden reconciliarse. Los estándares universales deberían ser el mínimo moral, mientras que las particularidades culturales ofrecerían diferentes marcos para favorecer o impedir la labor de los derechos humanos. Las culturas no pueden quedar excluidas, porque no hay discurso o práctica de los derechos humanos que exista en un vacío cultural. Una aplicación universal de los derechos humanos sin referencia a las particularidades culturales y a los derechos autóctonos disminuiría la fuerza ética de los derechos humanos.

Sería un error sostener que los derechos humanos son una idea occidental. En realidad son la capacidad moral de la humanidad para proteger, bajo el imperio de la ley, las condiciones necesarias para la dignidad humana. Es decir, que si hay un conjunto normativo universal de principios espirituales en el que pueda hoy basarse el discurso sobre los derechos humanos, es preciso que éste trascienda las penúltimas distorsiones y las reales crueldades que comparten todas y cada una de las tradiciones religiosas del mundo. Requerir que cada particular marco espiritual sea normativo para los derechos humanos exige distinguir entre religión organizada y espiritualidad.

Este debate, que en cierto sentido subyace tras todos los otros, es probablemente el nudo gordiano de los derechos humanos. Hoy quizá más que nunca antes, los símbolos y creencias religiosos están siendo manipulados para promover el odio, la intolerancia y la violencia. Tal vez sea esa manipulación de parte de las ideologías religiosas por el control de la violencia lo que ha dado crédito al debate sobre el "choque de culturas" que divide al mundo mediante fronteras religiosas. Es decir, la política del miedo ha superado desde hace tiempo los principios espirituales y la ética humanitaria de la religión.

Si el miedo es hoy un factor obvio entre los extremistas religiosos, lo es de modo aún más sutil e insidioso en las ideologías religiosas que recurren al miedo como fundamento de la política. Pero son muchos los que hoy se dan cuenta de que la alternativa al miedo no es el valor sino la no violencia. Que las ideologías religiosas hayan originado posiciones fanáticas no es razón para que debamos optar por oposiciones fanáticas. La violencia no es la solución; es el problema.

Al aceptar el Premio Nobel de la Paz, el doctor Martin Luther King Jr. proclamó una "fe audaz" en que "en todas partes la gente pueda tener tres comidas al día para su cuerpo, educación y cultura para su mente y dignidad, igualdad y libertad para su espíritu". Tanto si somos religiosos como laicos, tanto si somos hindúes como budistas, cristianos, judíos o musulmanes, adoptar esa "fe audaz" en los derechos humanos nos ayuda a enfrentarnos a las difíciles decisiones éticas que han de tomarse en nuestro tiempo.

A medida que el mundo se hace más pequeño con la llegada de la globalización, la sola idea de los derechos humanos universales nos sirve para promover los diálogos transculturales. El diálogo transcultural no aspira simplemente a tender puentes entre los enormes conjuntos de culturas que se expresan bajo denominaciones tales como Occidente y Oriente. Aspira a tender puentes donde quiera que un fuerte sentimiento de "nosotros" y "ellos" surge más allá de las fronteras. Aunque la mayoría de nosotros estamos convencidos de que el progreso moral de la humanidad va en la dirección de la promoción de los derechos humanos, deberíamos insistir en que éstos no deben entenderse como un fenómeno ya cumplido. Ni que pertenece a nuestro pasado. Es una opción para nuestro futuro plural

 

Ramin Jahanbegloo es filósofo y escritor iraní

 

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¿CÓMO NOS ALIMENTAREMOS?

Gustavo Duch. | Diario Público, 15 de febrero 2010

 

El actual modelo de agricultura y alimentación es completamente injusto, responsable de que 1.020 millones de seres humanos padezcan hambre (es decir, ingieran una cantidad insuficiente de calorías para su vida diaria); de que otros 1.000 millones de personas ingieran suficientes calorías pero estén malnutridos por una alimentación deficiente en micronutrientes; y de que además 1.300 millones de personas estén también malnutridas, esta vez con síntomas de obesidad y sobrepeso. Vamos, que la mitad del mundo no tiene una alimentación adecuada. Y después del fiasco (y negligencia) de Copenhague, parece ratificado formalmente el pasado 31 de enero, que alimentarse debidamente se volverá cada vez más complicado. Mientras pensamos en qué hacer con nuestros representantes políticos, ¿cómo nos adaptamos a los cambios climáticos? ¿Quién nos alimentará?

Es seguro que los cambios climáticos afectarán (ya sucede en algunas realidades concretas) la producción de alimentos. Tendremos, en general, un clima más caluroso y con menos lluvias, será más fácil la migración de plagas y se darán situaciones extremas (huracanes, lluvias torrenciales…). Según un informe coordinado por la organización Biodiversity International, en el África subsahariana las pérdidas de cosechas inducidas por la crisis climática podrían llegar a ser de hasta el 50% dentro de sólo diez años. Un dato que ilustra el mensaje que se ha venido repitiendo por parte de los movimientos sociales: el cambio climático afecta y afectará a todo el planeta, pero de forma más grave a las poblaciones que hoy ya sobreviven con muchas dificultades. En los países industrializados nos alimentamos en una parte muy significativa de cosechas, pesca, acuicultura o ganadería totalmente dependiente de combustibles fósiles, que sabemos cada vez más escaso y más caro. Así que la crisis alimentaria puede ser entonces global.

Mi tesis es simple: se pueden plantear cambios de adaptación a la próxima realidad climática que son los mismos que se requieren para corregir las desigualdades ya presentes. De entre todas estas medidas quiero destacar las que se refieren al uso de la tierra, de la tierra fértil: un bien finito. Ante la inseguridad futura no parecería sensato que, por ejemplo, los campos agrícolas del parque agrario del Llobregat, cercanos a Barcelona, fueran tragados por nuevos polígonos industriales, ¿verdad? Pues cosas parecidas están sucediendo, y todos conocemos casos a pequeña escala, pero también se dan a gran escala, como lo que ya se conoce como el “nuevo despojo de tierras” que se está llevando a cabo en el Sur global. Acaparar millones de hectáreas para cultivar en ellas productos para la exportación no sólo impide la alimentación local tan necesaria, sino que además desplaza cultivos tradicionales que han sabido adaptarse a condiciones extremas y que perderemos del stock global. Se desperdiciará material genético de regiones que, precisamente, con el paso de muchos años y la cuidadosa selección por parte de las campesinas y campesinos de la región, sería muy válido para cultivar en las condiciones climáticas futuras.

Muchas de estas hectáreas usurpadas, junto con grandes extensiones que ya están en manos de terratenientes, están siendo dedicadas a cultivos no alimenticios, a cultivos energéticos: los agrocombustibles. Lo que se señaló cómo una arriesgada tendencia es, después de Copenhague, una terrible insensatez. No se puede presionar –como se hará bajo el pretexto de la captura de CO², a los países africanos, latinoamericanos y asiáticos–, para incrementar la producción de agrocombustibles que compiten directamente con el agua y los nutrientes del suelo que pueden, en cambio, producir comida. Ni tampoco con el argumento de usar “tierras ociosas”. Con esa denominación se quieren adquirir las tierras comunales entre bosques y selvas que tienen muchos usos (aunque no se contabilicen) para las comunidades rurales cercanas: son espacios para la pesca, caza, recolección de vegetales, frutos, hongos, etc. Como dice el ETC Group, “esta cosecha oculta no sólo proporciona nutrientes irremplazables en su dieta, sino que además, es esencial para la seguridad alimentaria”. Las comunidades campesinas de Borneo, por ejemplo, garantizan dos tercios de sus alimentos de estos espacios comunes, y las mujeres campesinas en Uttar Pradesh, India, obtienen casi la mitad de sus ingresos de la recolección de especies forestales. El cálculo global estima que hasta un 15% del abastecimiento de las familias campesinas de los países del Sur proviene de esas tierras, hoy en el punto de mira de las transnacionales.

En el uso actual de las tierras fértiles también hay una dedicación abusiva destinada a la alimentación de la ganadería industrial. El 40% del grano que hoy día se cosecha se dedica al engorde industrial al igual que 47 millones de hectáreas sembradas con pastos y forrajes. Si bien es cierto que la cría de animales a pequeña escala con alimentación local (muchas veces proveniente de suelos no aptos para la agricultura) es una fuente de alimentos sostenible, el uso de cereales para el engorde del ganado representa, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el equivalente de los requerimientos de consumo calórico de más de 3.500 millones de personas (media humanidad).

Si se adoptaran medidas para un uso correcto de los suelos (prohibir la especulación con las tierras, favorecer sus usos consuetudinarios, promover dietas menos cárnicas, una reforma agraria que elimine el latifundio, una moratoria a la expansión de los agrocombustibles, etc.) todos ganaríamos seguridad alimentaria: algunos para nuestro futuro, otros para su presente.

 

Gustavo Duch Guillot fue presidente de Veterinarios Sin Fronteras y es editor de la revista ‘Soberanía alimentaria, biodiversidad y culturas’

 


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