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Ayuntamientos andaluces, más de 7000 personas y de 140 colectivos exigen al gobierno andaluz la aprobación de la Ley de Inclusión Social Imprimir
17/06/2010
En un momento de crisis y recortes del gasto público, la ciudadanía andaluza, a iniciativa de la  APDHA, exige la aprobación de una Ley de Inclusión Social que garantice los derechos de las personas más desfavorecidas. En el día de hoy se ha hecho entrega en el parlamento andaluz de 7.368 firmas individuales, de la adhesión de 142 colectivos preocupados por la exclusión y de las mociones de distintos ayuntamientos y diputaciones pidiendo la ley de inclusión. Posteriormente se ha presentado en rueda de prensa el informe final de la campaña La Andalucía Invisible: APDHA contra la exclusión social en Andalucía.
 
 
La APDHA viene realizando desde el 10 de diciembre la campaña Andalucía Invisible: contra la exclusión social en Andalucía, en la que reivindica los derechos de las más de 440.000 personas en situación de exclusión social en nuestra comunidad. Se trata de personas que carecen de hogar, viven en barrios marginales o asentamientos chabolistas, se encuentran presas sin dignidad, son criminalizadas por su condición de inmigrantes o sufren del estigma de la prostitución, entre otros.

En este contexto, la APDHA, tras numerosos actos en toda Andalucía (entre los que podemos destacar: recogida de firmas, mociones en ayuntamientos y diputaciones, envío de 8000 postales al Presidente de la Junta, charlas, conferencias y jornadas, acto de entrega de premios por la inclusión social en Andalucía, marcha alrededor del Parlamento [1]...) insta al Presidente Andaluz a que se apruebe la Ley de Inclusión en Andalucía. Lo hace apoyada por miles de firmas individuales y colectivas que consideran esencial cambiar de rumbo en la política social de nuestra tierra. La erradicación de la exclusión en Andalucía debe ser el primer punto de todas las agendas y es necesario considerar a las personas excluidas como ciudadanos y ciudadanas con todos los derechos y a los que se debe de dar respuesta.

En un momento de crisis como el actual, originada por la voracidad de los sectores especulativos y el beneficio sin pudor, políticas de recorte de gastos van a incidir gravemente sobre la población más vulnerable y en mayor medida sobre los sectores que ya se encuentran en situación de exclusión social y los que caerán en ella a partir de ahora.

Las Administraciones Públicas deben tener presente que en todos nuestros pueblos y ciudades existe la Andalucía Invisible, aunque no quieran verla. Las personas que pertenecen a estos colectivos en exclusión sufren la crisis con mayor crudeza que el resto de la población y viven situaciones intolerables, que se van a ver incrementadas con las actuales políticas de recorte. Pero los recortes presupuestarios no justifican el retraso de más de 11 años de esta Ley de Inclusión que debería suponer un cambio real en las políticas.

Es intolerable que hoy en día en Andalucía casi 8.000 [2] personas que se vean obligadas a dormir en la calle, que barrios enteros estén olvidados por las administraciones y carezcan de lo básico, que se malviva en chabolas rodeados de miseria, que las cárceles sólo sirvan para excluir y marginar a quienes están en ellas y a sus familiares, que las personas nacidas en ciertos países carezcan de derechos esenciales y que aquellas personas que ejercen la prostitución tengan que enfrentarse a situaciones de alegalidad que las estigmatizan y fomentan explotación, abusos, agresiones y desigualdad.

Con crisis o sin ella el paro sigue siendo un fenómeno estructural en Andalucía (27,21%), con unos índices muy superiores a la media española (20,05%). Antes de la crisis también teníamos unos niveles muy superiores a la media española, solamente superados por Canarias (En 2.005 13,85% cuando la media española estaba en 9.16%). Si comparamos la evolución de los últimos años  con el resto de Comunidades autónomas, el ascenso de la tasa de paro es mucho más drástico que la del resto y ello debido, entre otras cosas al mal hacer durante 20 años del gobierno andaluz [3].
Este problema queda algo amortiguado, en muchas ocasiones, por la “economía sumergida”, que alcanzaba al menos el 23% del PIB de nuestra Comunidad en 2.008. Por tanto, el paro y la precariedad laboral siguen siendo uno de los principales problemas de Andalucía y la principal puerta de entrada a la exclusión social.  

La Junta de Andalucía se ha manifestado en la línea de vanguardia de los recortes sociales, amplificando los pasos irresponsables del gobierno central (el gasto público social en España representa sólo el 21% [4] del PIB, el más bajo - incluido Grecia y Portugal - de la UE-15 cuyo promedio es el 27% del PIB) y olvidando la fuerte vulnerabilidad de Andalucía.  Vulnerabilidad de la que son responsables por sus políticas durante decenios: en 1998 el 26,3% de los hogares andaluces se podían considerar en situación de pobreza. En el 2008, antes de la crisis, había en Andalucía bastantes más personas por debajo del umbral de la pobreza, el 28,8%. En España, en 1998 ascendía al 19.4% [5].  Diez años después en 2008 [6], pese al amplio ciclo de crecimiento económico, la pobreza sigue afectando a una quinta parte de los hogares españoles.  (Según los datos provisionales de la ECV del INE del 2009 la tasa de población  que vive por debajo del umbral de la pobreza sigue siendo el 19,5%). Aproximadamente 1.7 millones de personas empobrecidas padecían pobreza severa. Y lo que es peor, entre un 2,6 y un 4% de la población permanece en situación de pobreza extrema [7].

La actual crisis está provocada por el funcionamiento del propio modelo económico vigente que confunde el crecimiento económico con el crecimiento del capital de una minoría enriquecida y que da la espalda al bienestar de las personas y que genera rupturas y fracturas sociales. Si la crisis ha afectado a todos, en nuestra comunidad, en la que nada se hizo por mitigar los efectos desmedidos del ladrillo, llueve sobre mojado. Hoy más que nunca es necesario un intervencionismo público mucho más acentuado.

La recuperación económica no va a resolver la fuerte fractura social que ya existía en Andalucía y que ahora se incrementa (desde el 2007 al 2009 se ha pasado del 16,3% de exclusión, al 18,6%, y del 34,9 de integración precaria hasta el 46,3% [8]).

La situación, lejos1 de superarse, se ha venido agravando y enquistando en los últimos años: según los últimos datos de Cáritas, en junio de 2010 [9] los excluidos [10], que además son pobres en España, alcanzan el 7,2%. De ellos, poco menos de la mitad - medio millón de hogares aproximadamente - se encontrarían en pobreza extrema y exclusión social. Son el mayor reto para la cohesión social en España.

La recuperación económica no va a resolver esta fractura social, aparte de paliar o contener algunos de sus efectos, porque es producto en sí mismo de la lógica del sistema. La solución no podemos dejarla a expensas de la recuperación económica, es necesario que sea afrontada como un reto estructural. Hoy más que nunca debería apostarse por aumentar significativamente el gasto público, en inversiones que creen empleo, siendo una de ellas en los servicios del estado del bienestar tales como sanidad, servicios sociales, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, vivienda social y educación, entre otros sectores, que tiene menos empleo público que el promedio de los países de la UE-15 (el 9,5% frente a la media de 15% [11]).

Hoy más que nunca es necesario luchar por los derechos humanos y esto significa negarnos a la dictadura del capital financiero y apostar por políticas públicas que garanticen repartos justos de la riqueza, que garantice los derechos básicos a toda la población, hoy más que nunca es necesaria la ley de Inclusión Social y que su aprobación y puesta en práctica sea efectiva.

Entre los 142 colectivos y Administraciones que exigen ya, junto con la APDHA, una Ley de Inclusión se encuentran los siguientes:

- ACCIÓN CATÓLICA GENERAL
- ACCIÓN EN RED ANDALUCÍA
- AMAL ANDALUZA
- ANDAD (Madres contra la droga)
- ARQUITECTURA Y COMPROMISO SOCIAL
- ASOCIACIÓN “BANCA ÉTICA FIARE-SUR”
- ASOCIACIÓN SOCIO-CULTURAL BARRIOS (ODS)
- ASOCIACIÓN VOLUNTARIADO CLAVER
- ASOCIACIONES DE MUJERES COMO MUJERES PROGRESISTAS DE ANDALUCÍA, LAS MIMBRES, NOSOTRAS, MUJERES CON NORTE…
- ASOCIACIONES DE VECINOS DE DIFERENTES LOCALIDADES ANDALUZAS COMO TRES BARRIOS, PARQUE ALCOSA, LA AMISTAD, ESPERANZA SUR, ALAMEDA DE HÉRCULES, EL PROGRESO, LA INTEGRACIÓN, MURILLO, FEDERACIÓN DE AA.VV. 5 DE ABRIL, PARQUE GENIL…
- ASOCIACIONES GITANAS: FAKALI, AMURABI, ANAQUERANDO
- ASPA
- ATTAC-ANDALUCÍA
- CÁRITAS Y PARROQUIAS ANDALUZAS.
- CGT
- COMUNIDADES CRISTIANAS POPULARES
- COORDINADORA DE EDUCACIÓN DEL POLÍGONO SUR
- DEFENSOR DEL PUEBLO DE ANDALUCÍA
- ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
- FEDERACIÓN ANDALUZA DE DROGODEPENDENCIAS Y SIDA “ENLACE”
- FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA DE ANDALUCÍA (FADSP)
- ORGANIZACIONES PRO INMIGRANTES COMO FEDERACIÓN ANDALUCÍA ACOGE, CÓRDOBA ACOGE, FUNDACIÓN SEVILLA ACOGE
- FUNDACIÓN SUR
- FUNDACIÓN TRIÁNGULO ANDALUCÍA
- HOAC
- INTERED
- INTERMÓN OXFAM
- PLATAFORMA “NOSOTROS TAMBIÉN SOMOS SEVILLA”
- SETEM-ANDALUCÍA
- USTEA-GRANADA

Ayuntamientos de distintos signos políticos y en la mayoría de los casos por unanimidad, han aprobado mociones en pleno exigiendo también una Ley de Inclusión, como los de SEVILLA, GRANADA, CÓRDOBA, CÁDIZ, HUELVA, PUERTO REAL, ARAHAL, CONIL, PUERTO DE SANTA MARÍA, SAN FERNANDO, CHICLANA, LOS CORRALES, MARTÍN DE LA JARA, PEDRERA, ALCALÁ DEL RÍO y la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA.

Por ello exigimos, hoy más que nunca políticas de inclusión social y la aprobación inmediata de la Ley de Inclusión en Andalucía.

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)
Andalucía, 17 de junio de 2010
 
 
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NOTAS
 
1. Para más información sobre esta campaña y sus actividades consultar:
 
2. Fuente: Cáritas
 
3. Para ampliar información sobre datos estadísticos ver: Informe final de la campaña:  la Andalucía invisible
la Apdha contra la exclusión social en Andalucía.  
 
4. Fuente: Eurostast
 
5. Informe FOESSA (Fundación de Fomento de Estudios Sociales y de Sociología aplicada). Año 1998
 
6. VI Informe FOESSA año 2.008
 
7. Puede definirse en la pobreza extrema o severa, a las personas que carecen de recursos económicos necesarios para satisfacer un conjunto de necesidades básicas (alimentación, vivienda, educación, atención sanitaria, participación sociopolítica), que pueden desembocar en la exclusión social. Se miden habitualmente por debajo del 25% de la RMD.
 
8. Fuente: Fundación FOESSA
 
9. “Propuestas de Cáritas Española para las políticas sociales 212010-2020”. Caritas 5-junio-2010.
 
10. Podríamos hablar de la exclusión como la pérdida de capacidad para el ejercicio de la ciudadanía y de la participación, a lo que hay que añadir las carencias materiales. La pobreza económica no agota los mecanismos de exclusión social, ya que otros factores vinculados con la educación, la salud, la vivienda, la participación política y la calidad de las relaciones sociales (o su ausencia) actúan como vectores de exclusión.
 
11. Fuente: Eurostast
 
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