El reciente anuncio de los alcaldes de Sevilla y Dos Hermanas sobre la propuesta de incremento del precio del agua pública ha creado inquietud en buena parte de nuestra población.
Suponiendo cierta la argumentación del incremento de los costes –¿qué es lo que no sube?- y del déficit de 6,3 M€ en el último ejercicio, preocupan las soluciones esbozadas que establecen una escalada que sólo tiene en cuenta el consumo, desentendiéndose de la situación de muchas familias en una ciudad que cuenta con cinco de los quince barrios más pobres de todo el estado.
EMASESA es una sociedad anónima que abastece a los 11 municipios de la provincia de Sevilla que participan en su accionariado, pero cuya mayoría la detenta el Ayuntamiento de la capital con el 69,36 % de las acciones. En su Consejo de Administración participan con poder de voto exclusivamente personas designadas por los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE. Hay en este órgano otras entidades como FACUA y Observatorio del Agua pero que sólo disponen del derecho a voz.
En APDHA entendemos que una buena gestión pública del agua pasa por adoptar políticas transparentes, accesibles y democráticas que garanticen su sostenibilidad y viabilidad. Pero también debe ser justa y solidaria, sin hacer cargar estos costes sobre las personas que hoy día atraviesan más dificultades castigadas por la carestía y precariedad que parece no tener fin.
Por ello entendemos que lo razonable debe pasar por implantar tarifas progresivas establecidas a partir no sólo del consumo sino también de la renta del consumidor. No es ni similar ni proporcional a sus posibilidades vitales la carga que puede significar un mismo porcentaje de aumento de precios para igual consumo en una familia de rentas bajas que en otra donde sean altas. Y no hablamos de familias con ingresos muy bajos o en exclusión, que se pueden amparar en la tarifa social con bonificaciones de entre el 50 y 100% del suministro. Hablamos de familias obreras donde la carestía de la vida ha disparado los precios del alquiler o hipoteca de su vivienda, de la alimentación, vestimenta, combustibles, etc., que le hace ya insoportable cualquier incremento de precios por pequeño que sea.
Además, hay un elemento de justicia. Son los grandes consumidores y beneficiados de su uso y las familias con ingresos y rentas elevadas quienes deben soportar ese incremento de costes en el agua, para las que soportarlo no significará un esfuerzo apreciable.
No es solidario ni moral pretender que todos paguen igual por el mismo consumo, sin progresividad en base a la renta, por un suministro básico al que ninguno puede renunciar.
NOTA: En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas adoptó la Observación General nº 15 sobre el derecho al agua. El artículo I.1 establece que “El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna“. La Observación nº 15 también define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico.
