Once años después del desalojo del CSOA Casas Viejas, una sentencia del tribunal de Estrasburgo concedió a Agustín, activista implicado en la acción de resistencia, el derecho a hablar públicamente de torturas. Esta no es una cuestión menor. Los mismos actos que los okupas consideraron torturas desarrolladas para forzarles a desistir de su acción de desobediencia, fueron considerados por el juez un uso proporcional de la fuerza dirigido a evitar que los activistas pusieran en peligro su vida (es decir, a hacerles desistir de su acción de desobediencia). Este caso pone en evidencia un dispositivo recurrente que hila desde la presencia en los medios de masas de la policía, al aparato judicial y que va dirigido a castigar el propio acto de denunciar abusos. El dispositivo existe para evitar que, en cualquier tipo de actuación policial, especialmente frente a una protesta política, un colectivo o individuo denuncie abusos o agresiones. Esto es totalmente independiente de si esos abusos o agresiones existen, son excesivos o proporcionales, lo cual carece en la práctica de relevancia.

Este dispositivo funciona de la siguiente manera. Ante cualquier afirmación de abusos o agresiones, las instituciones que protegen al cuerpo de policía, su propia portavocía y los distintos sindicatos, dirigen sus esfuerzos a deslegitimar a los sujetos que denuncian. La estrategia más utilizada es vincular al individuo y/o colectivo/s con algún agente que haya protagonizado acciones violentas, cargando con un grado elevado de deslegitimación y rechazo de cara a la mayoría de la sociedad. En el contexto español, el mejor vínculo y el más efectivo es el de ETA. Estas relaciones pueden ser completamente inverosímiles, pero cuando la noticia se pasa de moda, a nadie le importa si tenían algún viso de realidad. Los medios de comunicación actúan como altavoz de las instituciones policiales, aunque también de motu proprio. El linchamiento mediático tiende a ser unánime y sin fisuras, dado que el consenso sobre el rechazo a la violencia armada se traslada a la acción en cuestión, por pacífica que sea. Periodistas y políticos de izquierda se ven obligados no pocas veces a sumarse públicamente al consenso cuando se les requiere, bajo riesgo de quedar también estigmatizados. El dispositivo culmina con la condena por calumnias de la persona que afirma haber recibido la agresión. Como en el caso de Casas Viejas, la propia vejación física puede ser aceptada por el tribunal como hecho, pero es el acto de denunciarla el que se condena, una condena que refrenda la legitimidad del linchamiento mediático.

Este dispositivo policial-judicial-mediático se ha desarrollado durante décadas. Puede tener elementos que herede del franquismo, pero fundamentalmente existe para proteger la acción de la policía en democracia y ante la creciente relevancia de los medios de comunicación de masas. El contexto concreto en el que se conforma, responde principalmente al de la lucha anti-terrorista, en torno a la que, especialmente a partir de los años noventa, se genera un consenso tan poderoso que se asume la beneficencia de la mentira, la difamación y el abuso de poder de forma sistemática, incluso por gran parte de lo que viene a denominarse izquierda. Paradójicamente se trata de una maquinaria tan bien construida que ha sobrevivido a las propias razones de su creación y busca hoy día nuevas causas que den sentido a su existencia.

Ibán Díaz, exmiembro del CSOA Casas Viejas.