APDHA Sevilla denuncia que ante la situación de emergencia social y habitacional que vive Sevilla se repitan, cada cuatro años, las mismas promesas electorales.

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Sevilla, 22/05/2019

APDHA Sevilla denuncia que ante la situación de emergencia social y habitacional que vive Sevilla se repitan, cada cuatro años,  las mismas promesas electorales.

Es necesario que el nuevo Ayuntamiento tenga voluntad política y respete los Derechos Humanos. 

Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en Sevilla (APDHA Sevilla) queremos manifestar que resulta vergonzoso e indignante ver como en las campañas electorales y en los programas, los partidos que han ocupado u ocupan el sillón consistorial siguen repitiendo las mismas promesas electorales -muy especialmente las dirigidas a los grupos más excluidos- para solucionar los problemas sociales que padece la población de esta ciudad. Ni el mínimo sonrojo ante las 206.000 personas en paro (tasa del 21,7%) ni ante las más de 250.000 personas en riesgo de pobreza y exclusión social. Poco parece importar los 12.000 desahucios habidos en lo que llevamos de crisis en la provincia de Sevilla, 1.500 en el último año 2018, actualmente a una media de cuatro lanzamientos diarios. De los 15 barrios más empobrecidos de España, Andalucía  tiene once y  cinco de ellos en Sevilla capital.

Es una tomadura de pelo y una falta de respeto para las personas que están padeciendo esta situación, que el partido que durante cuatro años viene ejerciendo el poder, vuelva a prometer mejoras en temas sociales, cuando se ha dedicado durante su mandato a reducir las partidas presupuestarias en esta materia, recortes contestados por sus trabajadores de forma casi unánime con dos huelgas sectoriales. El descenso en recursos, tanto económicos como humanos de los servicios sociales han afectado seriamente a proyectos socio laborales, políticas de apoyo a la mujer (especialmente la Unidad contra la Violencia de Género), intervención con menores en riesgo y población chabolista, inmigrantes, minorías étnicas, ley de dependencia, ayudas domiciliarias, personas sin hogar, así como a otros programas asociados

Esto ha llevado a que en algunos Centros de Servicios Sociales la espera para una cita alcance el año. La anunciada erradicación de El Vacié sigue otro mandato más sin culminarse. Ni las grandes declaraciones ni la amplia propaganda pueden con la tozuda realidad. La Junta de Andalucía tampoco está a la altura, pues entre otras cuestiones no ha validado el 77,5% de las solicitudes presentadas para la percepción de la ya por si insuficiente Renta Mínima de Inserción

El Ayuntamiento de Sevilla, durante estos cuatro años, ha aprobado algunos planes  y programas, sin presupuestos específicos para ello; o en el caso de existir, a lo largo del ejercicio ha derivado fondos a otros fines; ejemplo de ello los destinados a la Cumbre Mundial del Turismo. Por otra parte, es importante  resaltar, la escasa participación de la  ciudadanía en su formulación, y la falta de control de lo presupuestado y ejecutado, así como de los resultados obtenidos.

En vivienda, la actuación de este ayuntamiento y su Empresa Municipal EMVISESA también ha estado muy alejada de las necesidades reales de la población. La celebrada apertura de la nueva Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda se ha quedado en una bonita declaración de intenciones, ante la “falta” de viviendas sociales”. Lamentable e intolerable ya que según el último Plan Municipal de Vivienda, Sevilla tiene casi 30.000 pisos vacíos, muchos de ellos públicos “reservados” para su alquiler o venta a precios de mercado en la búsqueda de ingresos adicionales para financiar a la propia EMVISESA. Ha primado la venta en detrimento de los alquileres sociales, dejado vacías y sin adjudicar para las personas en riesgo de pobreza y exclusión social viviendas disponibles, manteniendo además una política represiva hacia las personas que, ante lo desesperado de su situación, se han visto obligados a ocupar pisos vacíos. En ningún momento ha estado al lado de las personas que han perdido sus residencias y que se encontraban en una situación de emergencia social y habitacional.

Ya no valen promesas. Desde APDHA exigimos a la próxima corporación municipal el respeto de los derechos humanos como algo del todo prioritario, para lo que será necesario:

  1. Asumir valientemente la situación de emergencia social y habitacional que vive la ciudad de Sevilla e implemente medidas efectivas para su reversión. Se hace necesario realizar un censo de los solares públicos con los que cuenta el ayuntamiento, GMU y EMVISESA y en ello se plantee la construcción y ampliación de los alojamientos protegidos. A modo de ejemplo, señalar los inmuebles y el solar en la calle Vascongada y Yuste USTE, de propiedad municipal, de obligada promoción por el ayuntamiento para paliar simbólicamente la sangría y expulsión del vecindario por la política municipal de potenciar la gentrificación y turistificación del barrio.
  2. Garantizar para todas las personas, el acceso y disfrute de los suministros básicos. Esto se concreta incrementando sus presupuestos sin desviarlos o modificarlos a lo largo del ejercicio para otros fines.
  3. Poner todos los medios a su alcance para que ninguna persona se vea en la calle condenada a la exclusión poniendo en marcha soluciones integrales para las personas sin hogar. Esto requiere diversificar la oferta, ampliarla para dar respuesta real a todas estas personas.
  4. Compromiso para elaborar e implementar con urgencia un plan que acabe con la infravivienda y el chabolismo. Haciendo públicos sus medidas, presupuestos y resultados.
  5. Rehabilitación de las barriadas deterioradas, estableciendo unas prioridades en función del deterioro que presentan. Poner en marcha un programa, con la dotación presupuestaria suficiente, para la instalación de ascensores y terminar con los “pisos cárceles”, existentes en aquellos bloques con más de tres plantas y carentes de ascensor. Cuestión muy generalizada en los barrios periféricos y más deteriorados y que afecta a una población que por limitaciones físicas importantes o edad, ya es de por sí muy vulnerable.
  6. Dotar a nuestros barrios abandonados de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos de calidad.
  7. Programas de empleo y espacios para la formación y recreo de nuestra juventud arrasada por el paro y las adicciones, fácil presa de las redes delictivas.
  8. Abandono del comportamiento pasivo y complaciente con el deterioro de los barrios periféricos, regularizando la tenencia de las viviendas para las familias necesitadas y actuando con energía contra las mafias delictivas que imposibilitan la convivencia vecinal.
  9. Revitalización de los Servicios Sociales Comunitarios, garantizando los presupuestos suficientes y adecuados para crear un sistema de servicios sociales públicos y universales, dirigidos a toda la población, con el desarrollo de los programas y ayudas necesarios. Ello permitiría ampliar la plantilla de profesionales que la situación de Emergencia Social exige y terminar con las inaceptables y vergonzosas colas y listas de espera.
  10. Remunicipalización de los servicios privatizados o externalizados. Terminar con la práctica implantada de prórrogas continuadas de personal contratado y subcontratado. Ello afecta, entre otros, a los Servicios Sociales, en los que el Ayuntamiento tiene numerosas contratas. También a otras áreas, como parques y jardines, en las que el destrozo que están provocando las contratas y subcontratas no afecta sólo a la masa arbórea reguladora de CO2 y sombra sino al hábitat de aves urbanas, especialmente gorriones y mirlos. Hay que proteger el medio ambiente urbano.
  11. Adjudicación de manera inmediata de las viviendas públicas vacías para que Sevilla sea un “MUNICIPIO LIBRE DE DESAHUCIOS”. Establecimiento de un protocolo de actuación municipal para erradicar los desahucios sociales, abandonando la política beligerante contra las personas que han intentado responder, individual o colectivamente, a una situación de emergencia y que se convierta en un aliado de las personas que no pueden tener acceso a una vivienda o que son desahuciadas, viven en la calle, actuando como mediador y facilitador frente a los grandes tenedores inmobiliarios