Represión estatal: asustados nos quieren y resueltos nos encontrarán. JOAQUÍN R. MARTÍNEZ

Joaquín Martínez Álvarez

Desde que en 2008 estallara con gran virulencia la crisis económica global, las poblaciones de los países más afectados han asistido, entre indignadas y estupefactas, al recorte sistemático y brutal de libertades y derechos fundamentales. Una vez más, los estados han vuelto a dejar bien a las claras que, ante el dilema entre la defensa de derechos y libertades o la protección de los intereses de las clases dominantes, siempre optarán por lo segundo. Lo hicieron en la década de los treinta del pasado siglo, también en 2008 y, al cabo, volverán a hacerlo cuando se recrudezca la crisis.

Conviene hacer referencia, siquiera sea someramente y a modo de ejemplo, a algunos derechos fundamentales que en nuestro país han sido gravemente atacados en los últimos años. Y me refiero especialmente a las agresiones del gobierno del Partido Popular llevadas a cabo mediante la nauseabunda Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, aprobada en marzo de 2015 y conocida con el ilustrativo nombre de “Ley Mordaza”. Estos ejemplos permitirán ponderar mejor la magnitud del escenario represivo en que nos encontramos.

La Ley Mordaza ha vulnerado el derecho fundamental a la no discriminación por ideología política al instaurar listas negras de infractores (art. 43.1); ha puesto en cuestión el derecho fundamental de defensa y de presunción de inocencia al otorgar a la palabra del policía un carácter cuasi sagrado (art. 52); ha atacado el derecho a la seguridad jurídica al otorgar un amplio margen de discrecionalidad a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; ha socavado el derecho fundamental a la intimidad y a la libertad personal al dar patente de corso a la policía para la identificación y el cacheo de cualquier persona “sospechosa” no de un delito, sino de una infracción y, al fin, ha vulnerado el derecho fundamental a la información al prohibir la grabación de los agentes, aunque estos se extralimiten gravemente en sus funciones.

La concreción de estos ataques no ha sido otra que el incremento de sanciones administrativas de elevada cuantía a colectivos y personas que han continuado su lucha contra las injusticias y contra la depredación descarnada llevada a cabo a costa de nuestras vidas y en provecho de “los de arriba”. El objetivo no es otro que instaurar el silencio, la oscuridad y la parálisis a través del miedo. El propósito es el que siempre han tenido los estados: someter todo pensamiento o expresión de la vida intelectual y social al lecho de Procusto, moldeándolo todo a su capricho por medio de la violencia “legal” y del miedo.

Ante ello, solo cabe la respuesta de combatir y rechazar estos ataques, venciendo el miedo con la recuperación de los afectos, de la solidaridad y del apoyo mutuo. Cuando los pueblos han sido capaces de apoyarse en estos principios, los poderosos han temblado. Son numerosos los ejemplos históricos que lo demuestran. La lucha por la recuperación de los derechos fundamentales y de nuestras libertades va aparejada a la asunción de nuestra responsabilidad y a la defensa de nuestra dignidad: los estados nos quieren yacentes en el lecho moldeador de Procusto, pero nosotros permaneceremos erguidos y resueltos.

Joaquín R. Martínez Álvarez