La libertad amenazada. JOAQUÍN URÍAS

Ficha Joaquin Urias

Vivimos un momento preocupante de retroceso de los derechos humanos en España. Habrá quien lo niegue, temeroso de la imagen internacional de su país y su sistema. El retroceso no lo sufren quienes mandan ni quienes coinciden con la ideología dominante, pero la evidencia está ahí. Cada día es más arriesgado disentir de la mayoría, ser diferente o protestar. La ley democrática se usa de modo fiero contra los derechos fundamentales de las minorías y los disidentes.

La trascendencia de este recorte se entiende mejor con una mínima reflexión acerca de qué es la libertad y qué debe ser la democracia. Que una persona o un partido gane las elecciones no significa que pueda actuar como un tirano. La victoria electoral  tampoco legitima para que el partido ganador utilice el poder para violar los derechos de quienes no lo votaron. La democracia no es sólo votar, ni es el poder absoluto de la mayoría. Confundir democracia y elecciones permite justificar cualquier tropelía de los gobernantes con la excusa de que es lo que quiere la gente. Si la gente quiere expulsar a los extranjeros, permitir la tortura de los asesinos que no confiesen su crimen o establecer pena de muerte para los terroristas, todas esas decisiones bárbaras pueden presentarse como democráticas. Pero no lo son. La democracia consiste en un poder colectivo y compartido en el que cada persona tenga un espacio propio e inalienable que llamamos libertad. No hay democracia cuando la mayoría de la población vulnera con impunidad los derechos de las minorías. No hay democracia si se persigue a personas por su tendencia sexual o por su religión. Y, sobre todo, no hay democracia si no se permiten las voces disidentes, las críticas, las que protestan y exigen un cambio. Porque la libre expresión, la protesta social y la reacción colectiva son mecanismos que controlan al poder democrático para que no se vuelva absoluto.

Así pues, no hay democracia sin derechos y el progresivo recorte de éstos no es sino una señal de mala salud democrática de cualquier sociedad. Es lo que sucede en la nuestra, en una tendencia que se ha ido acentuando en la última década. Desde las restricciones al voto de los españoles que viven en el extranjero, a la ley mordaza. El poder aspira siempre a ser absoluto de modo que si no se encuentra contrapesos que lo frenen va imponiendo sus intereses sin piedad y silenciando a todo el que lo quiera denunciar. Cuestión de evitarse molestias. El recorte de derechos siempre empieza por los de los más débiles. Si la sociedad lo consiente, entonces avanza progresivamente sobre otros derechos. Mientras haya tolerancia con la pérdida de derechos, el poder los irá recortando más y más.

En nuestro caso el banco de pruebas fueron, especialmente, los derechos de los extranjeros. A pesar de su vinculación con la dignidad humana, se aprobaron leyes que les restringían derechos como la sanidad o la educación. Algunas fueron anuladas parcialmente, pero en nuestra sociedad caló profundamente la terrible idea de que hay niños que no tienen derecho a ir al colegio o enfermos que no han de ser atendidos en los hospitales. Mucho más aún, que si has nacido en otro lugar no tienes derecho a organizar una manifestación o montar un sindicato. De ese modo se comenzó a socavar la idea misma de libertad que tan útil había resultado durante la transición. A la muerte de Franco la sociedad había reclamado un modelo político en el que los poderosos no podían limitar la libertad de todos de expresare, manifestarse, educarse o organizar su vida como quisieran. En ese momento ningún gobierno se habría permitido recortar abiertamente los derechos políticos esenciales. Una vez que se había abierto, sin consecuencias graves en la popularidad de los políticos liberticidas, la posibilidad de ir contra los extranjeros, costó poco ir contra todos.

Los recortes de derechos laborales y sociales han sido asumidos sin más por gran parte de la población. De pronto hay ciudadanos que admiten tranquilamente que tu empresario te puede despedir libremente o contratarte por menos horas de las que trabajas. Igual que admiten que los dueños de una vivienda puedan subir ilimitadamente el precio que cobran por su alquiler. En cuanto a los recortes de derechos políticos aún hay ciertas prevenciones, pero están desapareciendo. Cuando el millón de españoles que viven fuera de nuestro país empezó a votar de manera muy crítica se sacó una ley que redujo sus posibilidades de voto de manera drástica. Lo puso tan difícil que la participación cayó muy por debajo del 10%, dejando sin poder participar a la mayoría de los que querían hacerlo. Limitar el derecho al voto puede parecer una barbaridad. Pero se aceptó sin más.

La ley mordaza se aprobó expresamente para impedir que se repita otro 15M y reducir las manifestaciones, concentraciones y muestras públicas de descontento. Permite a la policía amedrentar a los manifestantes imponiendo multas por infracciones que no son delito y que aprecian ellos sin control externo: un policía te denuncia, otro instruye el expediente y su jefe te impone la multa. En el caso hipotético de que quisieras recurrirla tendrías que ir a un juez de lo contencioso en un procedimiento lentísimo, en el que no tienes derecho de defensa plena y de resultado incierto. La ley nos deja en manos de la policía, que abusa descaradamente de esta posibilidad. Por poner un ejemplo, según los datos del propio Ministerio de Interior, cada día 58 ciudadanos españoles son multados por “falta de respeto” a la policía. Son ellos mismos los que valoran cual es el respeto y la consideración que merecen y pueden multarte por tutearlos, por mirarlos mal o por discutirles cualquier cosa. Se castiga arbitrariamente también el ejercicio del derecho de reunión y manifestación, de modo que la ciudadanía tiene cada vez más miedo de salir a protestar por nada porque sabe que, aunque esté amparado por la Constitución, puede volver a casa con una multa.

La situación de la libertad de expresión tampoco es mejor. El código penal incluye toda una serie de delitos de opinión que los jueces y tribunales están utilizando como mecanismo de control ideológico. La redacción abierta de estos artículos se suma al desconocimiento judicial del concepto mismo de derecho fundamental. Nuestro poder judicial tiene graves carencias en materia de cultura constitucional y defiende, en su mayoría, la idea de que los derechos no vinculan a los jueces, que pueden aplicarlos o no según su propia ponderación de lo valiosos que son. Así, hay jueces que anteponen el respeto a los dogmas y las figuras de su propia religión sobre la libertad de expresión. Hay también magistrados que niegan el derecho a criticar ácidamente a la monarquía, igual que otros niegan que haya libertad de discrepar en su valoración de lo que supuso el terrorismo. En todos esos casos utilizan el derecho penal para silenciar al discrepante e imponer una única ideología permitida: la suya; la del poder.

Todo eso por no hablar de la persecución judicial de las ideas separatistas, del uso inconstitucional de la prisión provisional como un mecanismo represivo contra las ideologías discrepantes o de la alteración de derechos tan esenciales como el del juez predeterminado por la ley o el de presentarse a las elecciones para silenciar a los enemigos políticos del sistema.

Vivimos una época trágica para los derechos. Se criminaliza el activismo de cualquier tipo y se pervierten los mecanismos jurídicos democráticos para perseguir a quien disienta o quien proteste. La tendencia totalitaria se enmascara con índices internacionales que miden la calidad democrática de un país por indicadores formales y sitúan a España en una posición alta en ese sentido. Pero, materialmente, vivimos en un país cada día menos libre. En cualquier caso, este retroceso brutal sólo se sostiene por la pasividad de gran parte de la población. El poder político, con el amparo de una cierta inteligencia cultural y el altavoz de los medios de comunicación están consiguiendo convencer a la mayoría de la población de que los derechos tampoco son tan importantes y de que es lícito y legítimo aplastar a las minorías que protestan o piensan diferente.

En este panorama hay que aceptar que el activismo de cualquier tipo está llamado a ser progresivamente minoritario y criminalizado. La defensa de los derechos se está convirtiendo en una actividad de riesgo y con escaso prestigio social. Pero precisamente en momentos como estos es cuando más importante resulta defenderlos. Las pocas personas conscientes del valor del pluralismo y la disidencia son la única garantía del respeto a las minorías y en sus manos, desgraciadamente, está la supervivencia de la idea misma de libertad. Las defensoras de los derechos humanos son ahora imprescindibles. Demasiada responsabilidad y demasiadas amenazas, pero no nos pueden fallar.

Joaquín Urías.