El 1 de julio de 2015 entró en vigor la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Esta norma, cuyo nombre nos remite a la existencia de la necesidad de acabar con la inseguridad existente en un país atestado de ella, está siendo el ejemplo de una lucha cultural. Una lucha por el significado propio del término inseguridad, ya que mientras para algunos es aquella de la que hacer uso para generar miedo en la población y mediante el mismo dotarse de un mayor poder discrecional para mantener el status quo, para muchos otros representa un contenido bien distinto.

Inseguridad es no saber si la especulación que se hace de un derecho básico como la vivienda provocará que mañana te tengas que ir de tu barrio. Inseguridad es desconocer si te renovarán ese contrato a media jornada que posees. Inseguridad es que el Tribunal Supremo se retracte de su propia sentencia para que los ciudadanos paguemos el impuesto de actos jurídicos documentados (impuesto de las hipotecas). Inseguridad es que las Cortes Generales cambien un artículo de la Constitución, cuando en su territorio se vive una situación de necesidad social en la que se debe apoyar más que nunca a sus gentes, para sostener una oligarquía y un sistema económico frente a su población. Inseguridad es que mientras a los de abajo se nos exige hasta el último euro se rescate a la banca dándole más de 42.000 millones de euros a fondo perdido. Inseguridad son todas esas cosas y muchas más por la que a cualquier persona solidaria, con empatía y que ama a las personas le resulta inadmisible continuar indiferente. Es por ello, y porque somos muchas las personas que pretendemos una sociedad más justa y digna de ser vivida, que salimos a las calles, aparecemos en medios, nos empoderarnos, generamos conciencia. En definitiva, intentamos ayudar al débil mientras nos ponemos firmes con los de arriba. Y es a nuestro inconformismo lo que combate esta Ley Orgánica y la modificación del antiguo Código Penal que se aprobó bajo el mandato de Rajoy, y que debe ser derogado de inmediato por un Gobierno autodenominado de progreso. Están criminalizando nuestro hartazgo, nuestra humanidad porque #QuienSeMueveSaleEnLaFoto y es multado. Nos están robando nuestros derechos y nos quieren temerosos, cohibidos, indolentes frentes a sus injusticias. Pero la verdad está de nuestra parte, la dignidad es nuestra y es algo que no van a conseguir  arrebatarnos, por lo que nos seguirán encontrando enfrente expresándonos y luchando con las armas más nobles de las que goza el ser humano: la palabra, el apoyo mutuo, la solidaridad, la dignidad de sabernos poseedores de la verdad y el convencimiento de saber que unidas somos invencibles y que no nos pueden callar a todas. Por justicia y humanidad derogaremos la Ley Mordaza.

Ernesto Rodríguez Guerrero, miembro de la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda.