Un juicio justo para las presas y presos catalanes. ANA ALMIRÓN MENGIBAR

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El 27 de abril se aprobó en la Junta Directiva de la APDHA, una declaración en relación al juicio del llamado Procés, que decidimos hacer pública el 4 de junio, acompañada de los apoyos de 130 personas significativas y 24 colectivos, del ámbito de los derechos humanos, la judicatura, la universidad, la comunicación y la cultura, entre otros. Apoyos que en tan solo unos días se quintuplicaron, mayoritariamente de Andalucía, pero también del conjunto del Estado.

¿Por qué una asociación pro derechos humanos y de Andalucía decide y está dispuesta a encabezar una iniciativa como ésta? Muy sencillo, porque somos una asociación cuya razón de ser es, precisamente, la defensa de los derechos y libertades de las personas, independientemente de su ideología política, origen, sexo, o cualquier otra circunstancia. Así lo manifiesta la declaración universal y lo establece nuestra Constitución. Esa es nuestra perspectiva, desde la que defendemos por ejemplo el derecho a migrar, que nos lleva a criticar las políticas europeas y las actuaciones de nuestro propio Estado aquí, en nuestra Frontera Sur, con tan tremendas consecuencias de inhumanidad. O el derecho a la vivienda, la salud y la educación, en defensa de las personas más pobres y excluidas de todo ello. Los derechos de las mujeres, la libertad y diversidad sexual, etc. O los derechos de las personas presas, frente a posibles abusos o merma de sus derechos de ciudadanía.

Coherentemente con todo ello, aunque sus actuaciones en el proceso puedan ser discutibles, tampoco hemos querido mirar para otro lado al observar las irregularidades del juicio a los presos catalanes, señaladas tanto por organizaciones estatales e internacionales, como por numerosos expertos en derecho constitucional y procesal, y que se centraban en nuestra declaración en cinco puntos: el derecho al juez natural, la calificación del delito como de rebelión, impedir el ejercicio de los derechos de participación política activa y pasiva, el abuso en la aplicación de la prisión preventiva, así como la exigencia en los autos procesales a renunciar a sus ideas independentistas. Todo ello nos llevaría a cuestionar que se trate de un proceso judicial realmente justo, independientemente de su ideología y del delito probadamente contemplado y cometido según nuestro ordenamiento jurídico, socavando gravemente los cimientos del Estado democrático y de la propia Constitución. Y no sólo afectaría a quienes lo padecen, sino al conjunto de la sociedad.

Desde nuestra perspectiva, en unos momentos en los que constatamos un cuestionamiento de la convivencia democrática por fuerzas políticas que alardean de sus raíces autoritarias y franquistas, nos preocupan unas actuaciones judiciales que validen un tratamiento absolutamente inaceptable en materia de derechos civiles y políticos, sentándose un grave precedente que menoscabe seriamente las garantías correspondientes a los procesos de participación y reacción frente al descontento social, no sólo en Cataluña, sino en la totalidad del Estado español. Y en este contexto, la mirada de la APDHA, quiere ser claramente, una mirada crítica y progresista, independiente de los poderes establecidos, y propia, desde nuestra razón de ser, experiencia e idiosincrasia, social y cultural, en defensa de los derechos humanos individuales y colectivos.

La APDHA considera de gran importancia la actuación colectiva frente a la vulneración de derechos y libertades. Así lo venimos haciendo en defensa de las personas migrantes, pobres y excluidas, mujeres, menores o presas, y por eso también hemos decidido lanzar una iniciativa como ésta, exigiendo un juicio justo para los presos catalanes. Creemos imprescindible una reacción social a la vulneración de derechos y libertades. La desproporción y subjetividad judicial, que ha llevado a la Fiscalía hasta tildar de golpe de Estado lo ocurrido en Cataluña, es inadmisible, afectando gravemente a la convivencia del conjunto de la sociedad española. Exigimos, por tanto, una sentencia justa, que consolide el Estado de derecho y la calidad de nuestra democracia, como forma de contribuir de manera positiva desde el ámbito judicial, a la mejora de la convivencia de la sociedad española.

 

Ana Almirón Mengibar, militante APDHA.