Migreurop España exige al Gobierno español un balance sobre los primeros meses de la entrada en vigor de la normativa que pretende “legalizar” las “devoluciones en caliente” en Ceuta y Melilla
En el contexto de la llamada “crisis de los refugiados” que está poniendo en cuestión el sistema europeo de fronteras y asilo, se cumplen 5 meses del intento del Gobierno español de dar cobertura legal a las “devoluciones en caliente” en la vallas fronterizas de Ceuta y Melilla, operado mediante una modificación de la Ley de Extranjería llevada a cabo por la nueva Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como ley mordaza).
Los colectivos sociales que conforman Migreurop España (Andalucía Acoge, APDHA -Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía-, CEAR -Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Elin y SOS Racismo) y han impulsado una pregunta parlamentaria a través de la senadora Maribel Mora (Podemos) para que el Gobierno haga balance de estos primeros meses de aplicación del nuevo marco normativo. Además de la flagrante vulneración que esta modificación legislativa supone a lo dispuesto por la Constitución española y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, opinión sostenida por autorizadas voces del mundo jurídico, el desplazamiento del foco de atención hacia los terribles hechos que están aconteciendo en las fronteras del Mediterráneo central y del Este de la UE ha producido un preocupante apagón informativo sobre la situación de Ceuta y Melilla.
Para evitar que la falta de información silencie las vulneraciones de derechos que se siguen produciendo en las vallas fronterizas de estos enclaves, y para confirmar que la nueva disposición adicional 10ª de la LO 4/2000 (Ley de Extranjería) es tan sólo un intento de dar un “barniz de legalidad” a dichas vulneraciones, se ha solicitado al Gobierno que especifique:
– Los protocolos que se le han dado a la Guardia Civil de fronteras para la aplicación del nuevo marco legal, y dentro de ellos, las instrucciones concretas que se han cursado para la correcto respeto de la normativa internacional de Derechos Humanos.
– Las medidas específicas se están llevando a cabo en los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla para la detección y protección de colectivos especialmente vulnerables como menores de edad no acompañados/as, víctimas de trata y potenciales solicitantes de asilo.
– El pasado mes de junio, ante la circunstancia de que ninguna persona de origen subsahariano haya formalizado solicitud de asilo en las oficinas habilitadas en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla a las que hace referencia la disposición adicional durante sus primeros meses de funcionamiento, el Ministro del Interior afirmó que «España no puede imponer a…Marruecos, criterio alguno que determine cómo debe realizar los controles de entrada o salida de su territorio… la materia de inmigración y asilo trasciende la soberanía española…debiendo ser la UE la que emprenda con los terceros Estados, las acciones relativas a estas cuestiones». Se ha requerido que se informe de las gestiones que se han realizado por parte del Gobierno ante los organismos competentes de la Union Europea para solucionar esta situación.
– Cuál es el balance estadístico de la aplicación material de la disposición adicional desde su entrada en vigor hasta el día de hoy. En concreto, número de actuaciones que se han llevado a cabo en ambos perímetros fronterizos al amparo del nuevo precepto, fechas en las que tuvieron lugar, número de personas afectadas y los datos referentes a las mismas que hayan podido recabarse (nacionalidad, edad, sexo…).
A la espera de la respuesta del Gobierno a esta solicitud de información, los colectivos de Migreurop España seguirán trabajando por el respeto de los derechos fundamentales en las fronteras españolas y europeas a través de las distintas líneas de trabajo que mantienen abiertas en el ámbito social, político y judicial.
1 de septiembre de 2015