Autoría: Jesús Roiz Corcuera, delegación de APDHA en Sevilla
Quiérase o no, el desastre humanitario de Ceuta de estos días acredita una auténtica crisis de las políticas migratorias inseparables de España y de la Unión Europea. Desde lejos viene un progresivo blindaje de España y de la U E. ¿Que tienen derecho a emigrar las personas del otro lado de las fronteras? Sí, pero aquí no cabemos todos. ¿Prioridad Nacional? Sí, pero mis intereses primero. Blindaje que se ha hecho patente en pérdida de derechos, recortes en beneficio de intereses utilitaristas y total desconsideración de la dignidad humana del migrante como persona. Disposiciones de variado nombre como leyes, reglamentos, directivas… han ido jalonado el endurecimiento de las políticas migratorias egocéntricas.
A extrema dureza se ha llegado recientemente con el Pacto sobre Migración y Asilo. Desde el 26 de junio pasado es de obligado cumplimiento en toda la Unión Europea. Ante la catástrofe de Ceuta con sus resultados en muertos y tragedias de menores no acompañados obliga a preguntarse: ¿De qué ha servido?
Mientras escribo estas líneas me llega la noticia de El País de que han muerto 17 migrantes que trataban de alcanzar las costas de las Baleares. Habían partido del norte de África y habían estado 15 días a la deriva. En la misma comunicación del día 4/8/26 se informa de otros dos fallecimientos recientes de personas migrantes en el entorno de Baleares. En los informativos de televisión durante el día se ha escuchado silencio o silenciamiento. Con esta noticia añadida y ante estas personas fallecidas vuelve a surgir la pregunta: ¿Las políticas migratorias han sido de vida para los que la necesitaban o de muerte porque así convenía a los que están en el poder de decidir?
Una realidad que parece no tenerse en cuenta por los artífices de esas políticas, es el sufrimiento y la cantidad de muertes que ocasionan. Ciertamente las estadísticas son engañosas porque mientras se dificultan entradas en algunas costas, se obliga a los migrantes a acudir a itinerarios alternativos que entrañan mayores riesgos. Queda claro que lo que se pretende con las políticas migratorias no es atender a las personas migrantes en sus necesidades sino rechazarlas aun poniendo su vida en peligro. Tantas muertes han ocurrido que ha podido calificarse al Mediterráneo como cementerio y el mismo calificativo podría aplicarse al espacio que separa África de las Islas Canarias. Aun siendo muy graves todos los acontecimientos ocurridos en Ceuta y su entorno, dentro de ellos, lo más grave e importante para calificar las políticas migratorias en situación de crisis, es la muerte de al menos 141 personas.
Gente de la política habla con toda soltura de “migración indebida”, “indocumentados”, “sin papeles”… Al mismo tiempo niegan a las personas que tienen derecho a emigrar, documentación y vías legales y seguras para el tránsito migratorio. Es cuando menos incongruente que políticos de profesión califiquen negativamente con estos términos a personas cuando se encuentran así por su voluntad e ideología. Hay personas en situación irregular porque hay personas con poder y voluntad política que les condenan a estarlo.
En estos días se dice enfáticamente lo que se debería hacer políticamente ante el fenómeno de la migración. Así se sintetiza: Rechazo; externalización; represión policial; interés nacional; sólo los económicamente necesarios; intervención del ejército… Violencia, violencia y violencia.
Nada se dice de dignidad humana, víctimas del neocolonialismo, solidaridad, justicia, reparación del daño causado… Parece que a nadie se le ocurre acudir a un Pacto asumido y firmado por 160 países, entre ellos por España y Marruecos. Fue consensuado y firmado en Marrekech el 10/12/2018 y adoptado formalmente como resolución de la Asamblea General de la ONU el 19/12/2018. Se propuso como referencia de las políticas migratorias para los distintos gobiernos. Su objeto: mejorar la gobernabilidad de los flujos migratorios, proteger los derechos de las personas migrantes y fomentar la cooperación internacional. Por otra parte también pretendía ayudar a resistir a la tentación de normativas abusivas, populistas y xenófobas. Su nombre fue y sigue siendo: “PACTO MUNDIAL POR UNA MIGRACION SEGURA, ORDENADA Y REGULAR”.
Desde entonces se ha dicho desde las bases de las sociedades española y europea y se ha reivindicado a gritos, que la vida y la dignidad de las personas migrantes requieren vías legales y seguras en su tránsito migratorio. ¿Desde entonces dónde han estado los responsables políticos de dar cumplimiento a aquel Pacto? Ciertamente el Pacto no es vinculante, ¿pero para qué se negoció y se firmó? Si la política migratoria se dicta por imperativo de intereses del poder y no de derechos sociales, ese es el resultado: sufrimiento y muerte, Ceuta y Melilla, Mediterráneo cementerio y Atlántico cementerio. Ante las 141 personas fallecidas en torno a Ceuta y las que en estos días han perdido su vida en el Mediterráneo, no se puede mirar para otro lado, las responsabilidades gritan y los responsables existen.
¿Qué hacer? La dignidad de las personas obliga a no utilizar la migración como arma geoestratégica y a no usar a las personas migrantes como munición en la luchas partidistas. En Ceuta ¿qué hacer? Respetar el derecho a migrar de las personas adultas, acogida urgente de todos los menores no acompañados e identificación y trato respetuoso a las víctimas mortales así como colaboración y ayuda a las familias.
Por otra parte en el qué hacer, es pertinente recoger lo que la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía decía claro en un comunicado hace unos días: “Es necesario un giro radical en la políticas migratorias de España y de la Unión Europea.”
