- La entidad andaluza señala que en los últimos 14 años “la situación de los trabajadores y trabajadoras ha empeorado” notablemente como consecuencia de “un crecimiento de los costes de la vida muy superior al incremento de los salarios
- APDHA denuncia que el crecimiento económico se “ha quedado en los bolsillos de los grandes capitales y empresarios” mientras que “Andalucía es el territorio más perjudicado” y con “mayores tasas de riesgo de pobreza y carencia material severa”, según EAPN
- Pro Derechos Humanos cree que “la vivienda es el principal problema para una gran parte de la sociedad y no puede separarse del problema de la desigualdad en el reparto de la riqueza”
Andalucía, 23 de octubre de 2026. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha hecho público un comunicado en apoyo a la Huelga General del próximo 11 de noviembre. La entidad andaluza explica que durante los últimos 14 años, desde la anterior Huelga General, “la situación de los trabajadores y trabajadoras ha empeorado de forma notable” en el conjunto del Estado español. Y ello ha sucedido “a pesar del crecimiento del empleo y del aumento del salario mínimo interprofesional”, por el empobrecimiento de una clase trabajadora que no puede hacer frente un aumento de los costes de la vida muy superior al incremento salarial.
La entidad andaluza apunta cómo “los márgenes empresariales han crecido de forma desproporcionada” y cómo “los grandes empresarios han multiplicado por 2,66 sus beneficios”, mientras que el salario medio solo creció desde los 22.726,44€ brutos anuales en 2012 hasta los apenas 29.540.26€ que constituyen el salario bruto medio en la actualidad. En este sentido, Pro Derechos Humanos denuncia que “el crecimiento económico se ha quedado en los bolsillos de los grandes capitales y empresarios”, acentuándose la desigualdad también en el eje territorial. Porque, tal y como apuntan los datos del EAPN, “Andalucía es la comunidad autónoma con mayores tasas de riesgo de pobreza, de carencia material y social severa y, junto a la Comunidad Valenciana, la que mantiene un mayor diferencial entre la población con mayores ingresos y la de menores ingresos”. Por ello, APDHA marca como uno de los objetivos de esta próxima Huelga General “la necesidad de redistribuir el crecimiento y la riqueza de forma que revierta en la situación económica de las personas que viven en el conjunto del Estado español y, especialmente, en Andalucía”.
APDHA recuerda que “la gravísima situación que se vive en el ámbito de la vivienda ha generado un atronador y multitudinario movimiento social, encauzado por el Sindicato de Inquilinas” y explica que “la precariedad y los bajos salarios hacen muy difícil el acceso a la vivienda”. La entidad andaluza señala que fenómenos como la turistificación, especialmente intensa en ciudades como Sevilla, Málaga, Córdoba, Granada y Cádiz, así como en las zonas costeras de Andalucía, están sacando del mercado una parte importante de las viviendas. Además, APDHA denuncia que la “transformación de la vivienda en un elemento de especulación está propiciando la compra de edificios enteros por parte de fondos buitre que aprovechan las circunstancias para encarecer los precios del alquiler y maximizar sus beneficios”.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía denuncia que “el rentismo está directamente vinculado con la explotación laboral”, ya que “esquilman a los trabajadores y trabajadoras con condiciones de vida cada vez más precarias y con un poder adquisitivo cada vez más limitado”. La entidad señala que “la imagen de Maricarmen es solo el detonante de un problema mucho más intenso y profundo, que requiere una revisión integral para garantizar el Derecho a la Vivienda recogido en el artículo 27 de la Constitución”.
La APDHA concluye afirmando que “las razones para participar en la Huelga General del próximo 11 de noviembre son numerosas y todas ellas conducen a la necesidad de introducir mecanismos que permitan reducir la desigualdad y generar un reparto de la riqueza más equitativo”. La asociación andaluza afirma que “es necesario acabar con las prácticas que benefician al capital y que provocan una acumulación que quiebra los principios fundamentales de la convivencia y que vulneran los derechos humanos más básicos, como el salario digno, la vivienda, la educación o la sanidad”.
