Derechos y dignidad para las personas presas

Reseña de la Rueda de Prensa ofrecida esta mañana en Chiclana por la APDHA.

Imagen de la RP ofrecida esta mañana en Chiclana

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Queremos aprovechar la conmemoración del día internacional de la lucha contra el virus del sida, cuya incidencia sigue siendo mucho más alta en prisión que en la población en general,  para revindicar la dignidad y los derechos de las personas presas.

Las personas condenadas a privación de libertad de circulación,  no pueden sufrir la vulneración de sus derechos fundamentales. Ni perder su dignidad por el hecho de cumplir una pena en las cárceles. No es aceptable de ninguna manera que se ponga en riesgo su posterior reinserción en la sociedad con garantías para su salud y dignidad. Más aún cuando la reinserción social está considerada el objetivo básico del sistema penitenciario español (artículo 25.2 de la Constitución Española).

Pero las cárceles son lugares ajenos a la visibilidad pública, no solo alejados de las ciudades, sino alejados de la vista del resto de la sociedad. En la puerta de las cárceles se detienen muchos derechos fundamentales: el derecho a la salud, el derecho a disfrutar de la familia o el derecho a ser tratados con respeto y dignidad, sin humillaciones, violencia física o trato irrespetuoso.

Desafortunadamente, la condena a una pena de prisión, no solo la sufre la persona presa, la totalidad de la familia vive una restricción y suspensión de sus derechos de afecto, relación e incluso de acceso a información vital sobre la situación de la persona en un espacio no accesible para ellas como es el centro penitenciario.

Aprovechamos una fecha reivindicativa y legítima como es el 1 de diciembre, día internacional de la lucha contra el virus del SIDA, para dar visibilidad a la situación de las personas presas que padecen enfermedades y requieren tratamientos que no son recibidos con garantías por estar sujetas al régimen penitenciario.

La prevalencia de enfermedades infecciosas o graves en el interior de las cárceles, es más elevada que en el resto de la población. Un dato que la Dirección General de Instituciones penitenciarias y su departamento, conoce con exactitud. Según la Sociedad Andaluza de enfermedades infecciosas, el VIH se sitúa en torno al 10% de las personas internas. Los datos recogidos por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) sitúan la tasa de infectados por este virus en el mundo occidental entre el 1.5% y el 3% de la población.

A pesar de ello estas personas carecen del adecuado acompañamiento médico especializado y es frecuente que en ocasiones fallezcan bajo el sistema penitenciario.

Es el momento de exigir que la sanidad penitenciaria pase a depender del sistema público de salud, el SAS, tal como ha pedido recientemente y de forma unánime el Senado; con ello se evitaría que en la atención a los presos se haga con criterios penitenciarios y no con criterios médicos.

La pérdida de citas médicas con especialistas se ha multiplicado por los recortes en el Ministerio del Interior, con lo que ello afecta a la atención de enfermedades graves. Asimismo se han recortado servicios médicos, atención psicológica y asistencia social.

Es inaceptable la proporción de recursos de asistencia en relación a personas en  los centros penitenciarios, siendo estas vergonzosas;

1 médica/o x cada 162 presas/os. 1 ATS x cada 127 presas/os. 1 psicóloga/o x cada 310 presas/os. 1 educador/a x cada 110 presas/os. 1 funcionaria/o de seguridad x cada 5 presas/os.

Continúan produciéndose malos tratos físicos y psíquicos a las personas presas. Las condiciones de vida en prisión vulneran con frecuencia su dignidad y derechos. Sus familiares en numerosas ocasiones no son tratados debidamente y con respeto, el acceso a información y  visitas a las personas internas se hace además en condiciones penosas e inadecuadas.

Consideramos fundamental el cumplimiento de la condena en prisiones cercanas  a sus lugares de origen, ya que actualmente un 50% de las personas reclusas se encuentra cumpliendo condena fuera de su provincia, y un 15% lejos de su comunidad autónoma viéndose gravemente  afectadas las relaciones familiares y sociales, dificultando gravemente su proceso y condiciones de reinserción. Además esta situación provoca un efecto de castigo colectivo sobre las familias que ven a mermados sus derechos de relación y vínculo familiar.

Destacar el retroceso que ha supuesto la instauración en 2015 de la prisión permanente revisable que es a todos los efectos una cadena perpetua encubierta y que vulnera derechos fundamentas que son inalienables.

Es necesario un cambio de rumbo en las políticas penales y penitenciarias. Rechazamos la cadena perpetua, ya que la prisión permanente revisable supone la traición más dura a los principios de reinserción y de dignidad humana, pues entendemos que es imposible reinsertar a una persona cuyo horizonte de vida se circunscribe a los muros de una prisión.

Igualmente requerimos el respeto escrupuloso de los derechos fundamentales de las personas presas, siendo investigadas en todos los casos las denuncias y quejas relativas a malos tratos y abusos en el interior de las prisiones.

Por último, exigimos la implicación de los ayuntamientos en la resolución de las necesidades de las familias y las personas presas que requieren recursos de apoyo, reinserción y acompañamiento para garantizar el disfrute de sus derechos humanos.

Así pues, convocamos a todas las personas comprometidas con los Derechos Humanos de la Bahía de Cádiz mañana 1 de diciembre, junto a colectivos como ANYDES y ANDAD de El Puerto, a la participación en la Caravana a las cárceles para revindicar derechos, salud y dignidad para las personas presas.

La CARAVANA partirá a las cinco de la tarde de la explanada de la RENFE en El Puerto de Santa María.

 

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