La democracia y sus enemigos

Gabriel Flores es economista

En los últimos años, la ciudadanía española ha cuestionado con su voto el viejo esquema de representación política bipartidista y ha aprendido a valorar de manera más exigente la calidad de nuestro sistema democrático. La inconclusa crisis financiera global que estalló en 2008, las políticas de austeridad impuestas a partir de 2010 y el fangal de la corrupción sistémica puesto al descubierto en estos años han abierto una monumental crisis política y social en España que aún no se ha cerrado. Crisis ampliada por la utilización sistemática de la mentira como instrumento de dominación, los intentos de intoxicación informativa y control de medios de comunicación, las maniobras para formar tribunales afines a los corruptos o la utilización de miembros del aparato policial en labores de ocultación, extorsión y matonismo contra las personas que se atrevieron a denunciar la corrupción y el saqueo del dinero público.

Del rey abajo, ninguna institución del Estado ha quedado a salvo de la crítica. Y los pilares fundamentales del Estado de derecho (la separación de poderes, el sistema de representación democrática, la sujeción de los servidores públicos a los principios de legalidad y legitimidad democrática o la protección legal y efectiva de los derechos y libertades del conjunto de la ciudadanía) han evidenciado su deterioro. Las derechas, pero también el conjunto de las elites políticas, han utilizado las facultades normativas y coercitivas que el pueblo soberano les había otorgado para imponer políticas injustas, antipopulares e ineficaces y no dudaron, para lograrlo, en restringir derechos y libertades e intentar atemorizar a los sectores movilizados, criminalizando sus protestas y críticas.

La ciudadanía española ha quedado advertida y hoy está más precavida y mejor preparada para detectar los abusos de poder de las autoridades, denunciarlos y resistirse a ellos. Y esa situación de alerta ciudadana democrática hay que valorarla y celebrarla.

Pero hay un lado obscuro en este complejo proceso de deterioro y regeneración democráticos al que conviene prestar especial atención. ¿Podríamos decir también que la ciudadanía está más prevenida cuando el deterioro proviene no ya del abuso de determinadas elites e instituciones del Estado, sino del desistimiento de parte de la sociedad en la defensa de los valores democráticos? Porque, al mismo tiempo que el conjunto de la sociedad española se ha hecho más consciente de la importancia de las libertades y los derechos, existen importantes sectores que han ido perdiendo la fe en las bondades del sistema democrático. Al mismo ritmo que se sustituían empleos decentes con salarios dignos por empleos precarios de baja remuneración o se ampliaban los riesgos de pobreza y exclusión social crecía la desafección de parte de la sociedad hacia los partidos políticos, las instituciones representativas o los derechos de las minorías. Un sector de la sociedad ha dejado de apreciar los valores democráticos porque no suponen garantía de recuperación de lo que han perdido en los últimos años o porque el bienestar se ha convertido en un concepto demasiado abstracto que está fuera de su alcance en un futuro previsible.

La cuestión se complica cuando se cae en la cuenta de que el declive de empleos decentes y expectativas o la ausencia de futuro han golpeado con especial virulencia a las generaciones más jóvenes, que no cuentan con una experiencia directa o cercana de lo que fue la dictadura franquista y su criminal antagonismo con los derechos humanos y las libertades democráticas. Y que, en la mayoría de los casos, no se sienten concernidos por la experiencia histórica de la era de las tiranías europeas y su capacidad pedagógica para percibir la ineficacia, inmoralidad e injusticia que suponen los regímenes autoritarios o las derivas autoritarias de los sistemas democráticos.

La democracia es un proceso de doble sentido, una conquista reversible que cuenta con enemigos poderosos que, en esta época, muestran más interés en lograr su deterioro y deconstrucción que en asaltarla o destruirla. Y por ello es tan importante la tarea de enraizar los valores democráticos y los Derechos Humanos, de los que la democracia forma parte, en las generaciones más jóvenes, vinculando sus expectativas vitales y laborales con la defensa de esos valores y derechos.

Conviene considerar, además, la existencia de una tendencia robusta y generalizada, que afecta a todas las sociedades de todos los países capitalistas desarrollados, aunque alcance mayor virulencia entre las generaciones más jóvenes, a una menor identificación de las sociedades actuales con los valores democráticos abstractos y con los sistemas políticos democráticos concretos en los que se concretan esos valores. Baste, en esta ocasión, con un par de gráficos construidos a partir de los datos de la “Encuesta Mundial de Valores” para atestiguar dicha tendencia.

http://www.journalofdemocracy.org/sites/default/files/Foa&Mounk-27-3.pdf

En toda Europa, ese deterioro o desconsolidación democráticos toma la forma de avance electoral de partidos de extrema derecha xenófobos y euroescépticos poco o nada proclives a aceptar los principios democráticos y los derechos humanos y más inclinados a plantear alternativas autoritarias que incluyen el repliegue nacional identitario, la defensa exclusiva de los intereses de los nacionales y el rechazo de las personas migrantes, aun a costa de sacrificar derechos humanos y libertades.

El que esos signos de alarma se conviertan finalmente en continuidad y profundización del deterioro de los sistemas democráticos que conocemos dependerá en buena parte de la capacidad de las organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos y las libertades democráticas para organizar una respuesta coherente y popular de la mayoría social. Una respuesta democrática que esté a la altura de los desafíos que plantea la consolidación de un modelo capitalista neoliberal que no da respuestas a las necesidades de amplias capas de la población y que no protege los ecosistemas naturales ni a los muy diferentes sectores sociales que sufren con mayor intensidad las consecuencias de un modelo de crecimiento económico no inclusivo y poco receptivo a aceptar las prioridades y políticas económicas, sociales y ecológicas definidas democráticamente por la mayoría de la población.

Por ello, cuando se cumplen los 70 años de la proclamación por Naciones Unidas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un 10 de diciembre de 1948, es más importante que nunca desear larga vida a la lucha por la democracia y los Derechos Humanos y a las organizaciones que hacen de su defensa el eje de su actividad y de su compromiso con las sociedades de la que forman parte.

 

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