Derechos Humanos y Servicios Sociales

Pilar Tubío, María Gallego y Marta Ginesta pertenecen al Colegio Profesional de Trabajo Social de Cádiz.

Los DESC -derechos económicos, sociales y culturales- son aquellos derechos humanos en materia de salud, educación, seguridad social, trabajo, cultura, suministros básicos, vivienda o medio ambiente que son básicos para tener unas condiciones básicas y dignas. Expresamente en el art.25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se menciona:

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”

La ausencia o la desigual cobertura de estos derechos humanos provocan pobreza, vulnerabilidad social y desigualdad social; además, este resultado también está relacionado con la calidad de los servicios públicos desde donde se pretenden cubrir las necesidades sociales, se previene o se promociona el bienestar social de la ciudadanía. Es obligación de los poderes públicos de todos los territorios y sin excepción ofrecer políticas sociales que faciliten el acceso a unos servicios públicos que atiendan las necesidades tanto latentes como manifiestas en estos ámbitos.

Si desde el Colegio Profesional de Trabajo Social de Cádiz nos preguntamos cómo se vulneran los derechos humanos de la ciudadanía de la provincia, lo primero que se plantea es en cómo se está haciendo el diagnóstico y cómo se está dando respuesta desde los poderes públicos a los DESC.

Por ser una corporación de derecho que representa a profesionales del Trabajo Social en el ámbito territorial provincial y ser esta profesión la de referencia en los Servicios Sociales comunitarios, nos centraremos estos, que son el conjunto de servicios y recursos públicos con el fin de procurar el bienestar y cuyos objetivos son la prevención, atención e intervención social e integral. Como corporación de derecho público tenemos la obligación de velar por el ejercicio de la profesión desde los parámetros de calidad, eficiencia, legalidad y sobre todo garantizando el derecho universal de las personas y es preciso realizar un análisis crítico y profesional del funcionamiento de los Servicios Sociales comunitarios.

Como clave, partimos del enfoque del actual modelo generalizado de intervención, el modelo centrado en el servicio en el que la respuesta pública lineal a base de prestaciones (necesidad manifiesta – respuesta) convierte a profesionales del Trabajo Social en gestoras/es de procesos burocráticos que dejan al margen a la persona usuaria. Esta a su vez se convierte en mera beneficiaria y cliente. El modelo centrado en el servicio no permite abarcar la complejidad social humana y se ve reducida a una atención concreta ante una petición manifiesta que da como resultado la perpetuidad y dependencia del sistema, como ocurre con el sistema de caridad asistencial. Esto no permite el desarrollo social ni el fortalecimiento de la persona, que no es participante, sino que se ve sujeta a la red clientelar de la necesidad.

Además, no solo se está saturando de trámites administrativos a profesionales de los Servicios Sociales en general y al propio Sistema, sino que se está incumpliendo la nueva Ley 9/2016 de 27 de diciembre de los Servicios Sociales, que basa la intervención en el modelo integral centrado en la persona.  Dicho modelo procura que la persona usuaria sea partícipe de la intervención de forma activa, se implique en el proceso y en el proyecto de intervención, reciba toda la información, elija al/la profesional de referencia y pueda pedir un segundo diagnóstico social inclusive. La ciudadanía debe ser partícipe y un modelo asistencialista no promueve el cambio. La aplicación de este modelo integral centrado en la persona la hace ya no cliente, sino partícipe con su fortaleza y capacidad del cambio de un proceso más complejo a través de la aplicación de un Proyecto de Intervención Social (PRISO). El PRISO es la planificación integral que incluye tanto el diagnóstico y valoración profesional como la coordinación entre sistemas (como empleo o vivienda) del proceso de intervención en el que se determinan acciones, recursos, herramientas profesionales, seguimiento y evaluación. El modelo centrado en el servicio no permite tiempo digno de atención profesional, sin embargo, el modelo centrado en la persona prevé una coordinación entre otros organismos encargados de la cobertura de otros DESC, también necesarios en un proceso de intervención integral.

Es evidente que las prestaciones sociales o cualquier ayuda pública son necesarias en determinado proceso de intervención social y destacamos que en Ayuntamientos como por ejemplo Chiclana de la Frontera se ha implementado la “ayuda única”. Este tipo de prestación económica aglutina varias prestaciones básicas en un único tipo de ayuda que elimina la excesiva carga burocrática generalizada de los Servicios Sociales Comunitarios. Permitiría este tipo de gestión más tiempo de intervención social, facilita el desarrollo personal y fortalecimiento ciudadano y se pretende, con un buen funcionamiento, evitar una intervención paternalista y controladora de la ayuda. Entendemos que agiliza el procedimiento profesional, focaliza la intervención y no tanto la prestación, elimina la desmesurada gestión y permite dedicar los esfuerzos a la coordinación profesional con otras áreas y al Proyecto de intervención referido.

Para mejorar la atención de calidad referimos además al sistema de cita previa. Es generalizada la disposición en los Servicios Sociales Comunitarios de sistemas de atención al público acotado a un número concreto de atenciones al público durante un tiempo delimitado, quincenal, mensual o trimestral, aunque con matices según barrios. Estos sistemas de citas cerrados se aplican en localidades como Cádiz, Jerez u otros municipios de menos de 20.000 habitantes. Las consecuencias son o pueden ser las colas de espera ante la apertura del servicio de cita, la imposibilidad de tener una cita si ya se han repartido las disponibles y la no cobertura del derecho de atención social mientras el sistema permanezca cerrado. Comparando el método con el SAS, este dispone de medios telemáticos o telefónicos, aunque estos no son perfectos ni del todo accesibles, y presenciales para coger cita previa, y el sistema de cita no se cierra, sino que, ante un volumen mayor de peticiones, la atención se retrasa, cuestión también mejorable. En lo que respecta a los Comunitarios, los sistemas de citas cerrados vulneran los derechos humanos sociales al imposibilitar o demorar la atención, y aunque existan servicios de atención de urgencia, esto no es suficiente para el incremento social de la demanda. Imposibilitar la atención hasta próxima disponibilidad, además, implica la imposibilidad de realizar un diagnóstico real de la necesidad social y aplicar políticas sociales en consecuencia.

El desperfecto de muchos centros de Servicios Sociales es llamativo, al igual que la disposición de muchos de ellos, que no facilita un modelo de atención personal ni un modelo de intervención centrado en la persona e incluso provocan una victimización secundaria, ya que en ocasiones los centros no están adaptados a movilidad reducida, no hay intérpretes de lengua de signos u otras lenguas. En ocasiones encontramos centros que no llaman a la participación ciudadana y que solo son instituciones de paso, y no disponen de aire acondicionado como otras instituciones públicas. La precariedad laboral ante el poco personal en los Servicios Sociales Comunitarios es una demanda generalizada del colectivo profesional, así como las necesidades de medios técnicos e informáticos que faciliten el trabajo.

En la actualidad se establece como deseable, según datos del Consejo General del Trabajo Social y teniendo en cuenta las características del ámbito de actuación (dispersión demográfica, conflictividad, zonas de transformación social…) una ratio 3000 personas por trabajador/a social. Según los datos recogidos en Los Compromisos para garantizar el Sistema Público de Servicios Sociales en Andalucía, trabajado por el Consejo Andaluz del Trabajo Social y citando a Arredondo, R. (2015)[1], la ratio de atención en Andalucía de 2009 a 2012, ha pasado de 5.046 a 5.465 personas para cada profesional del trabajo social, habiendo un descenso de 6.12% de profesionales en este periodo e incrementándose la población andaluza en un 1,68%. La nueva Ley de Servicios Sociales, no ha ampliado su presupuesto en esta materia a pesar de tener resultados previos a su aplicación, y ha incorporado el PRISO, cuestión que implicaría un trabajo de mayor calidad y tiempo de atención. Esto se traduce de nuevo en una sobresaturación del personal que también se ve afectado en su salud y además en un deterioro en la atención que no ofrece garantías por las circunstancias.

Por todas estas cuestiones tanto el personal como los medios actualmente son insuficientes para cubrir los derechos humanos básicos en materia de bienestar social y sin menospreciar la autocrítica necesaria para el Trabajo Social, profesión de referencia, y para todas aquellas profesiones que son imprescindibles en los Servicios Sociales, existe por parte de los poderes públicos la obligación de ofrecer garantías en el cumplimiento de los derechos humanos.

[1] Arredondo, Rafael. 2015. “Cada vez menos”. Recuperado el 10 de julio de 2015 http://trabajosocialdospuntocero.blogspot.com.es/

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