OPINIÓN | Demasiadas actuaciones policiales incompatibles con la democracia

Este gobierno progresista debe derogar de inmediato la Ley Mordaza, y llevar a cabo una revisión en profundidad de los protocolos de actuación de las distintas policías y de los procedimientos judiciales poco garantistas para con las víctimas cuando los agresores pertenecen a las fuerzas de seguridad del estado.

Publicado en La Voz del Sur el 1 de junio de 2020.

Lo que sucedió el 7 de mayo con un ciudadano gaditano, José Enrique, no es un caso “aislado” de abusos policiales —supuestos si se quiere— durante el estado de alarma. Por el contrario, es todo un síntoma. Como se sabe ese día unos policías interceptaron a una ciudadana por la calle en pleno estado de alarma. Tras pedirle explicaciones, no se limitaron a indicarle que tenía que volver a su casa o ponerle una multa, se empeñaron en acompañarla a su destino, la peluquería de su novio ¿para qué? ¿Y por qué luego se empeñaron en entrar en la peluquería? ¿Cuál era el objeto de sus pesquisas? No queremos ser mal pensados, pero ¿tal vez por ser de rasgos latinoamericanos eran ya sospechosos de la comisión de algún delito?

Lo que pasó en la peluquería ya lo hemos denunciado: se produjo una brutal agresión a la chica y a José Enrique, sin mediar provocación alguna, tal como sin lugar a duda atestiguan las grabaciones de las cámaras de seguridad, que están ya en poder del Juzgado y de la Subdelegación del Gobierno. Agresiones que supuestamente se prolongaron en la Comisaría de Cádiz. Esperemos que, en este caso, tanto Subdelegación del Gobierno como la Justicia sean diligentes en la investigación de los hechos y sus posibles responsabilidades en ambos ámbitos.

Pero, como decíamos, no se trata de un hecho aislado. La decisión del Gobierno de aplicar masivamente la llamada “Ley Mordaza” durante el estado de alarma ha sido ampliamente criticada. Entre otros por organizaciones como la nuestra, la Apdha. Primero porque resulta contradictorio aplicar una norma eminentemente represiva cuando los partidos que forman el gobierno se habían comprometido a derogarla. Y también porque no es de recibo usar la tipología “desobediencia a la autoridad” cuando simplemente, al salir a la calle, lo que se hacía era incumplir una norma administrativa. De ser así cualquier incumplimiento de una norma podría ser sancionada por “desobediencia a la autoridad” lo que es un despropósito. Es más que probable que tras abrirse los plazos administrativos se produzca una avalancha de impugnaciones de los expedientes de multa abiertos.

Para 20 de mayo, que son los últimos datos a los que hemos tenido acceso, se habían superado el millón de multas en toda España y fueron más de 8.300 las personas detenidas. Más grave aún resultan los casos de evidentes abusos policiales sobre ciudadanos y ciudadanas durante el estado de alarma que se han extendido por todo el territorio español. Muchos de ellos se han saldado con acusaciones de “resistencia a la autoridad” sobre la víctima de tales abusos, que se veía obligada en la práctica a reconocer la acusación en procedimientos de juicio rápido de escasas garantías y en los que la palabra del policía tiene siempre más veracidad de la de ella.

La Plataforma “Defender a quien Defiende”, de la que forma parte activamente la APDHA, es la que más ha destacado en la monitorización de los casos de abusos policiales durante el Estado de Alarma. También lo han hecho la Asociación Libre de Abogados o el Observatorio del Sistema Penal. A finales de abril se habían contabilizado ya más de 40 agresiones de las fuerzas policiales. Thais Bonilla, portavoz de Defender a quien Defiende, ha señalado que se tienen atestiguadas bofetadas, patadas en la cabeza, gente a la que tiran de la moto o uso irregular de la porra policial, como en el caso de José Enrique.

Todo ello se conoce a través de vídeos proporcionados por vecinos que lo grabaron, cámaras de seguridad o abrumadores testimonios de testigos. Algunas abogadas de turno de oficio señalan que cada día tienen que atender algún caso de agresiones policiales, pero que las víctimas no quieren en la mayoría de ellos interponer denuncia para evitarse problemas con la policía.

Y es que, por desgracia, la policía y sus posibles represalias, siguen dando mucho miedo a la gente, se o no con razón. Lo cierto es que aún estamos lejos de una policía democrática de actuación respetuosa e intachable. Si además se les proporciona impunidad a través del sistema judicial o leyes represivas como la Ley Mordaza, la represión está servida.

Hemos pedido todas las investigaciones judiciales y administrativas en el caso de José Enrique, lo que hacemos extensible al conjunto de los casos denunciados. Pero creemos que más allá de ello, este gobierno progresista debe derogar de inmediato la Ley Mordaza, y llevar a cabo una revisión en profundidad de los protocolos de actuación de las distintas policías y de los procedimientos judiciales poco garantistas para con las víctimas cuando los agresores pertenecen a las fuerzas de seguridad del estado.


APDHA Cádiz 1 de junio de 2020.

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