La ley del silencio
Lorenzo Benítez
Han roto la separación de poderes. Lo vienen haciendo desde hace tiempo, jugando con fuego para culpar a otros del incendio. No contentos con el control de los órganos judiciales del Estado de Derecho, como el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, han arrebatado a los jueces competencias en materias constitucionalmente fundamentales, como los derechos de reunión, manifestación y expresión. La ley mordaza que entrará en vigor el 1 de julio es una purga de libertades hasta ahora intocables en sus garantías y limitaciones. A partir de este miércoles las diferencias son intimidatorias. Con la nueva norma te multarán sin pasar por un juez. Luego podrás recurrir la sanción administrativa y que tengas buena suerte. Habrá maneras de tumbarlo pero será difícil. En nuestro sistema jurídico la palabra de un agente de policía es más creíble que la de otros testigos, sobre todo si los testigos no responden a los cánones de apariencia y personas respetables que prevalecen en los tribunales. A partir de ahora los agentes también determinarán si has de ser castigado. Hasta la cuantía de la multa, según la “falta de consideración” que ellos establezcan. Es decir, ellos son la ley y ellos impartirán la justicia. Si no estás de acuerdo, demuéstralo, y que le den a tu presunción de inocencia. Desde el 15M las protestas sociales han tenido efectos devastadores para los partidos mayoritarios e instituciones como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esas movilizaciones han cuajado redes ciudadanas de gran impacto, como las plataformas antidesahucios, las coordinadoras contra la tortura o las mareas en contra de los recortes de los servicios públicos. Parte de estas protestas han cristalizado en nuevos partidos políticos que tambalean los esquemas del bipartidismo. En definitiva, el marco de las libertades reconocidas en la Constitución de 1978 y la supuesta separación de poderes del Estado español permiten que la ciudadanía se organice para protestar, expresar su malestar y proponer alternativas. Algunas personas muy luchadoras, entre ellas feministas de largas trayectorias, han dado un salto legítimo a la política institucional, hasta con éxito. Todo esto, que debería de ser asumido como saludable y democrático, es el verdadero enemigo a batir de la llamada Ley de Seguridad Ciudadana. El Gobierno insiste en señalar como opositora a una parte de la ciudadanía, capaz de salir a la calle, organizarse y defender sus derechos. Sin embargo existen mil formas de que el miedo se vuelva contra el Ejecutivo. Hoy en día España es un laboratorio sociopolítico, gracias a la responsabilidad, el tesón y la alta cualificación y experiencia de jóvenes y mayores, mujeres y hombres, que canalizan sus conocimientos, tiempo y trabajo hacia una transformación más humana de nuestra sociedad. Las protestas sociales no son entes abstractos que se alimentan de las imágenes de los telediarios, a menudo alarmistas. Están hechas por personas de perfiles eclécticos, en lo social y profesional, lo económico y lo político. En el 15M triunfó un lema: si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir. Sus activistas más tenaces cumplieron la promesa. Gracias a eso hay quienes hoy viven merecidamente una pesadilla. El Gobierno debería tomar nota alguna vez. Un Presidente que trata a sus ciudadanos como enemigos empieza por tenerlo todo perdido.
