- La asociación considera especialmente preocupante que los partes de los funcionarios puedan constituir por sí solos base suficiente para sancionar a una persona presa
- La reforma se aprueba apenas dos meses después de que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura denunciara numerosos testimonios de malos tratos en las prisiones de Algeciras, Huelva y Puerto III
Andalucía, 2 de octubre de 2026. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) muestra su preocupación por la reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria aprobada definitivamente por el Senado y que reconoce a los funcionarios penitenciarios la condición de agentes de la autoridad y refuerza considerablemente el valor de sus informes dentro de los procedimientos disciplinarios.
La modificación va mucho más allá de una cuestión nominal. El nuevo artículo 80 establece que los informes elaborados por funcionarios que hayan presenciado los hechos podrán constituir “base suficiente” para adoptar una resolución sancionadora, salvo prueba en contrario. Para APDHA, «esta previsión profundiza una desigualdad ya existente dentro de las prisiones». La Administración custodia a las personas presas, controla los espacios en los que suceden los hechos, dispone de las cámaras de videovigilancia, genera la documentación regimental y tiene acceso inmediato a los principales medios de prueba, sostiene APDHA. «Atribuir ahora un valor reforzado a la versión de sus propios funcionarios», denuncia la entidad, «aumenta todavía más esa asimetría».
El colectivo indica que resulta especialmente preocupante que esta reforma se apruebe cuando los mecanismos de investigación y control de las actuaciones penitenciarias presentan importantes deficiencias. En este sentido, el pasado mes de julio, APDHA ya advirtió de esta situación tras conocerse el informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT). El organismo del Consejo de Europa recogió numerosas denuncias de personas presas que afirmaban haber sufrido bofetadas, puñetazos, patadas y golpes con defensas por parte de personal penitenciario en Algeciras, Huelva y Puerto III, algunos de ellos en zonas sin cobertura de videovigilancia. El CPT reclamó investigaciones verdaderamente independientes, mejores partes de lesiones y un control judicial más imparcial.
«No deja de resultar significativo que Botafuegos, la prisión de Algeciras utilizada ahora como escenario para celebrar públicamente esta reforma, sea precisamente uno de los centros señalados por el CPT por las denuncias de malos tratos» apuntan desde la entidad andaluza. En ese contexto, advierten fuentes de la organización «reforzar legalmente el valor de esos mismos informes supone caminar en la dirección contraria a la recomendada por los organismos internacionales de prevención de la tortura».
APDHA recuerda que en julio reclamó la extensión efectiva de la videovigilancia, la conservación de las grabaciones, reconocimientos médicos confidenciales, partes de lesiones completos, investigaciones independientes y la creación de un Mecanismo Andaluz para la Prevención de la Tortura, integrado en el Defensor del Pueblo Andaluz.
Mientras esas garantías continúan pendientes, el legislador ha optado por reforzar la posición jurídica y probatoria de la Administración penitenciaria. A juicio de la organización, «la opacidad de las prisiones no se combate concediendo más poder a una de las partes, sino introduciendo controles externos capaces de fiscalizarlos».
