El derecho a la participación

Fernando de la Riva es miembro del Colectivo de Educación para la Participación, CRAC

La participación atraviesa, como un rio vivificador, toda la Declaración Universal de los Derechos Humanos, convirtiéndose en una condición necesaria para hacerlos efectivos. Sin participación no hay derecho a la educación, ni al trabajo, ni a la cultura, ni libertad de pensamiento o de expresión, ni ninguno de los derechos que configuran la dignidad esencial de las personas.
Y ello, porque los derechos, como es bien sabido, no se conceden, sino que se conquistan, lo que significa que la participación ciudadana es necesaria para reivindicarlos, para conquistarlos y defenderlos. Pero, además, cualquiera de los derechos carece de sentido si las personas son meros objetos pasivos y no sujetos protagonistas de los mismos, si no tienen posibilidad de intervenir o tomar parte en el ejercicio de todos y cada uno de ellos.
En los artículos 20 y, sobre todo, en el 21, la participación se nos muestra como la clave esencial de la democracia, allí donde la Declaración dice: “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”. Habiendo afirmado, en el primer punto de ese mismo artículo que: “Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos”.
Efectivamente, hablar de participación es hablar de democracia: democracia política, pero también cultural y económica. No hay democracia sin participación.
Y hablar de participación es, también, hablar de poder. En un doble sentido:
El poder de las personas que toman parte en los procesos socio-comunitarios, que opinan, proponen, influyen…hasta el punto de llegar a condicionar el sentido y la orientación de esos mismos procesos, incluidos los de carácter cultural, educativo, económico, social o político, etc.
Las que no toman parte o no participan, han de resignarse a aceptar (o sufrir) las decisiones que toman otras personas por ellas.
Así pues, tienen más poder las personas que participan socialmente, y ese poder es más grande cuanto mayor es su capacidad de influir en las decisiones que les afectan.
Por eso mismo, una democracia participativa es aquella en la que el poder está más compartido y repartido entre la ciudadanía.
El segundo significado de la participación como poder, se refiere al desarrollo de capacidades personales y colectivas.
Las personas y los grupos sociales que participan, que toman parte en los procesos socio-comunitarios, aprenden y desarrollan habilidades y competencias derivadas de su propia práctica participativa que les ayudan a alcanzar sus objetivos. Esas personas y grupos son más capaces en la medida que participan más. Pueden hacer cosas, pueden conseguir resultados que serían impensables sin tomar parte y sin sumar sus fuerzas con otras personas.
Por el contrario, quien no interviene o no participa, quien se inhibe o se limita a observar, a menudo verá limitadas o anuladas sus alternativas, sus derechos y libertades, y se verá obligada a atender a sus necesidades o intereses en soledad, sin recursos ni apoyos, o se convertirá en una persona (o un colectivo) dependiente del apoyo ajeno.
Pese al respeto que nos impone la palabra “poder”, debemos tener claro que siempre, en todos los procesos organizativos, a cualquier escala que estos se produzcan, existe esa relación estrecha entre poder y participación. Precisamente por ello, los sectores más reacios a compartir el poder, en la política, en las instituciones, en las propias asociaciones y organizaciones ciudadanas, etc., son los que mayor alergia y rechazo manifiestan y con mayor fuerza se resisten a la participación.
Porque, como ocurre con los restantes derechos que recoge la Declaración Universal, tampoco la participación es un derecho que se materializa espontáneamente o que se otorga de buen grado por parte de los grandes poderes del mundo. Las resistencias hacia el derecho a la participación son formidables. También el derecho a la participación hay que pelearlo y conquistarlo, también hay que defenderlo para todas las personas, para una misma y para aquellas que mayor opresión sufren en sus derechos.
Y la conquista de ese derecho a la participación pasa también, al igual que en otros muchos derechos, por el aprendizaje, por la educación para la participación, por el desarrollo de valores, conocimientos, actitudes y habilidades, que hagan posible un ejercicio crítico y responsable de la participación ciudadana, y una práctica colectiva, cooperativa, trabajando en equipo, sumando fuerzas con otras personas.

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