Protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias y derechos humanos

David Cifredo, pertenece a FACUA, Consumidores en Acción

La protección de los derechos del consumidor, puede determinarse como el principio de garantía de los intereses económicos de los consumidores y usuarios en el mercado, así como la búsqueda de la protección de la seguridad y la salud de las personas en la adquisición de bienes, productos y servicios.

Es por ello que la protección de los consumidores y usuarios queda recogida como un principio básico en la Constitución Española que, en su artículo 51, señala que “los poderes públicos están obligados a garantizar la defensa de los consumidores y usuarios; proteger la seguridad, salud e intereses económicos de los mismos; promover la información y la educación en materia de consumo; y fomentar las organizaciones de consumidores y usuarios, y escucharlas en lo que pueda afectar a los mismos”.

Pero la realidad es que la ciudadanía cada vez se encuentra más desprotegida en su relación con las empresas prestadoras de servicios y comercializadoras de bienes y productos, con una administración pública que no actúa suficientemente, en el marco de sus obligaciones de protección de los derechos de las personas consumidoras, y no controla ni sanciona suficientemente el incumplimiento de las obligaciones de las empresas para con los consumidores.

El resultado de ese escenario es el crecimiento del fraude, y el incremento de los desequilibrios entre el poder económico y los consumidores generando más pobreza y exclusión y obligando a la ciudadanía a judicializar los conflictos de consumo ante la inacción de las políticas de protección al consumidor.

Es además en ese escenario de judicialización donde nos encontramos en múltiples ocasiones con el incumplimiento de la igualdad de la protección de la ley, a pesar de que la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todo ser humano es igual ante la ley y tiene, sin distinción derecho a igual protección de la ley.

En los últimos tiempos en nuestro país hemos comprobado como los tribunales de justicia españoles se han posicionado en la defensa de los intereses de la élite económica, rompiendo ese derecho a la protección y tutela judicial efectiva. En 2013 el Tribunal Supremo dijo que no se podía recuperar lo defraudado con la cláusula suelo por “riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden público económico” y recientemente, nuevamente bajo el criterio de enorme repercusión económica y social“, se le hurta a la ciudadanía el derecho a la igual protección de la ley.

También en la necesidad de garantizar el acceso a bienes y servicios de primera necesidad, nos encontramos muy lejos de la garantía de los derechos humanos, Servicios Esenciales como los suministros de electricidad y agua, son negados a multitud de familias con recursos económicos insuficientes, obviando la necesidad de garantizar de manera universal, en condiciones de calidad y equidad el acceso a los mismos.

No podemos permitir la mercantilización de los derechos fundamentales, la salud, la vida, la vivienda digna, no pueden estar en manos de los poderes económicos, la dignidad en nuestras relaciones con la comunidad debe prevalecer ante todo y no pueden estar supeditados al funcionamiento de un mercado egoísta y acaparador.

Tenemos claro que la defensa de los derechos de los consumidores forma parte de un amplio espectro de derechos, todos ellos amparados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Es por ello que nos encontramos ante la necesidad de dar una respuesta colectiva y multisectorial en la lucha de los derechos de la ciudadanía y en ese sentido se hace fundamental la existencia de un movimiento de consumidores fuerte, vertebrado, comprometido e independiente que se sume a las luchas de otros colectivos en la defensa universal de los derechos de las personas.

Han pasado 70 años desde la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero nos queda mucho por construir, también en el ámbito de la defensa de los derechos de las personas consumidoras y usuarias.

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