Amín Souissi pertenece al equipo de inmigración de APDHA-Cádiz
El pasado 10 de diciembre conmemoramos el setenta aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Su artículo primero dice textualmente: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.
¿Somos iguales? ¿Tenemos los mismos derechos?
Mucho se está hablado de la llegada de las personas migrantes a las costas de Andalucía. La crisis migratoria nos está dejando unas cifras de naufragios muy preocupantes, así como unas imágenes espeluznantes, cadáveres devueltos por el mar, migrantes durmiendo en las cubiertas de barcos y hacinados en los calabozos de las comisarías, incluso muertes, como el caso Hayat, la joven de 19 años que murió tiroteada por parte de la Marina Real Marroquí.
Si lo vivido este año ha sido grave para los migrantes en general, especialmente trágico ha sido para los menores que han arribado a las costas de Cádiz, la gran mayoría no acompañados, ya que son de especial vulnerabilidad, por su triple condición de migrantes, menores y no acompañados.
La mayoría de estos menores son de nacionalidad marroquí, que huyen de un país que no les garantiza sus derechos básicos. Un país cuyos gobernantes nunca se han preguntado por qué la mayoría de sus jóvenes quieren emigrar incluso arriesgando la vida en el intento.
Después de pasar tantas calamidades en el país de origen y de la travesía del viaje hasta llegar aquí, ven como las administraciones en muchas ocasiones han vulnerado sus derechos y no son capaces de dar una respuesta adecuada.
Estos jóvenes han tenido que soportar muchas horas en los calabozos de las distintas comisarías de la Policía Nacional o la Guardia Civil, por lo que el primer lugar donde duerme un menor cuando llega a España es el suelo de las dependencias policiales.
Lo anterior resulta inaceptable e ilegal, pues ningún niño en ningún país del mundo puede ser internado en instalaciones policiales, porque incumple la Convención de los Derechos del Niño.
La ley de extranjería dispone que cuando un menor llega al Estado español se le realizarán pruebas de edad si se trata de un “extranjero cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad”.
Para la determinación de la edad en muchas ocasiones basta con una radiografía de los huesos o el desarrollo de los genitales. Incluso sólo con un reconocimiento visual a la hora de la reseña en las comisarías se determina la edad del menor. Muchos de ellos son tomados como adultos, por tanto, se someten a una situación de enorme riesgo porque en un mundo de mayores son mucho más susceptibles de ser víctimas de tráfico, trata, explotación laboral, sexual…
Pese a las críticas de la ONU y las sentencias del Tribunal Supremo, en España se sigue aplicando un protocolo que deja a cientos de menores desprotegidos, sin poder ejercer sus derechos como niños.
En mi opinión, lo que se pretende con estas prácticas de identificación por parte de las administraciones es que no parezcan menores y así poder desprenderse de ellos lo más pronto posible, para no asumir sus responsabilidades, despojando a estos jóvenes de sus derechos más básicos, sin dejar que sigan siendo niños.
El ejemplo más claro lo tenemos aquí, muy cerca, el ya famoso Hotel Ávila (centro de menores gestionado por la empresa ANIDE) y que no es una excepción.
Desde el principio (28 de agosto de 2018) la APDHA ha denunciado a este centro ante todas las administraciones competentes, de la vulneración de los derechos de estos menores, que no son ni escuchados, ni protegidos, ni escolarizados, ni disponen de una tarjeta sanitaria.
Desde que se inauguró hasta la actualidad hay que destacar que tan sólo queda uno de los setenta niños que fueron acogidos, todos los demás se han fugado. Este hecho es muy conocido por todas las administraciones que tienen competencia en la materia.
El Art. 2 de la DUDH establece que “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, o de cualquier otra índole, origen nacional o social”
En mi modesta opinión, creo sinceramente que en el presente caso no sólo se trata de la vulneración de todos los derechos de estos niños, sino que es claramente un racismo institucional. Es cierto que no es un racismo declarado, pero es un racismo encubierto y cobarde, ejercido a través de prácticas que discriminan a los ciudadanos dependiendo de su origen étnico.
Sí, es un racismo institucional porque no se respetan los mandatos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En definitiva, el interés superior del menor migrante no acompañado es que se respeten sus derechos, el conjunto de los derechos que son los mismos que para los demás niños.
Pero en el proceso, los menores siguen creciendo y pierden sus derechos además de sufrir un calvario burocrático que agrava su situación de vulnerabilidad como menores, solos y que no hablan el idioma en la mayoría de casos.
En la actualidad, en todo lo que se refiere a los derechos de las personas nos la estamos jugando, no se pueden dar por conseguidos, hay que conquistarlos, y los Menas son los que corren el mayor riesgo de verlos vulnerados.
¡Dejemos que sigan siendo niños!
