La APDHA apoya a los vecinos y vecinas del Cerro del Moro ante el engaño de la Junta de Andalucía y plantea que, si es necesario para actuar con justicia con estos convecinos, se renuncie a los fondos europeos
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía -APDHAA- califica de lamentable el trato que la Junta de Andalucía le está dando a los vecinos y vecinas de la séptima fase del Cerro del Moro. Pese a las numerosas promesas que la Junta de Andalucía lleva haciéndole a estos vecinos durante los últimos años, en ningún momento les informó que, a diferencia del resto de las fases anteriores de remodelación del barrio, en su caso van a perder la propiedad de las viviendas que actualmente ostentan y van a pasar a vivir de alquiler.
Este hecho fue detectado por las propias vecinas al consultar el documento de licitación de la obra que reflejaba que la nueva edificación resultante sería destinada a VPA, viviendas protegidas de alquiler. Al desconcierto de las 67 familias afectadas, se le sumó la tardanza de la Junta en recibirlos quien finalmente les ha confirmado que para acceder a las nuevas viviendas deberán hacerlo en régimen de alquiler o de lo contrario mantenerse en sus actuales y ruinosas viviendas hasta su demolición.
La Junta está convocando de manera individual a los vecinos y vecinas para que acepten las nuevas condiciones, sin informarles del precio que les pagarían por sus actuales viviendas ni de las condiciones que tendrían aquellas personas que optaran finalmente al alquiler. Desconocen si tienen que cumplir los requisitos económicos que se exigen para acceder a las VPA ni los precios del alquiler, ni qué familiares tendrán derecho a subrogarse a dichos contratos el día de mañana, dada cuenta de que hay personas con más de 90 años.
La APDHA considera que este ocultamiento esconde un grave engaño de la Junta de Andalucía y una dejación más en materia de vivienda con la ciudad.
La Junta de Andalucía apenas aporta financiación a esta obra ya que el coste está repartido casi a partes iguales por el Estado y por los fondos europeos, y aun así la dependencia de esos fondos europeos le obliga a mantener dichas viviendas en alquiler durante 50 años. Pese a ello, la APDHA reclama que si se ha de renunciar a esos fondos para actuar con justicia con estos convecinos que se haga. La Junta puede y deber poner financiación propia si es necesario, y más teniendo en cuenta que acaba de obtener cerca de siete millones de euros en la venta del suelo de las 212 viviendas de Loreto a una empresa privada.
La máxima preocupación de esta asociación ahora es que se pueda jugar con la situación de precariedad de muchos de los actuales propietarios y propietarias y que accedan al nuevo planteamiento de la Junta sin conocer la pérdida de derechos a la que les abocan ni las nuevas condiciones a las que se verán sometidos ellos y las personas que componen sus unidades de convivencia.
Por todo ello, la APDHA seguirá muy pendiente de este asunto y recurrirá a cuantas instancias sean necesarias para evitar que se vulneren los derechos de estas personas.
Cádiz 5 de julio 2024
