Desde hace años la APDHA sigue denunciando la irresponsabilidad de las Administraciones ante la situación de emergencia habitacional en la ciudad de Cádiz, por la que miles de ciudadanos no pueden acceder a una vivienda, al tiempo que existen miles de viviendas vacías y cientos de familias habitando una infravivienda.
Movilización por el derecho a la vivienda en abril de 2007, en la Catedral de Cádiz
La gravedad de la situación existente nos ha llevado a dirigirnos, una vez más, al Defensor del Pueblo Andaluz solicitando su intervención. Se adjunta escrito.
En nuestro escrito, insistimos que el modelo de ayudas al alquiler no facilita el acceso a una vivienda al que no puede pagarlo mensualmente. Tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento, gestionan diversos tipos de ayudas que no resuelven el problema existente: no se facilita el acceso a una vivienda, manteniéndose invariable el número de gaditanos de demandantes de viviendas.
De nuevo este año las ayudas al alquiler ¡de 2016! de la Junta aún no se han resuelto a estas alturas de 2017 y no se sabe cuándo van a resolver una ayuda que cuando llegue los problemas se habrán agravado
La Actuación de Oficio del Defensor del Pueblo de Andalucía donde requiere a la Junta de Andalucía sobre las ayudas al alquiler del año 2016, refleja claramente el problema existente cuando afirma:
“Son muy numerosas las familias que no pueden con sus propios medios, o bien con un gran esfuerzo económico, acceder a una vivienda en el mercado libre, tampoco, pese a estar inscritas en los Registros Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas y reunir los requisitos legalmente exigibles, la Administración competente en materia de vivienda, puede satisfacer su necesidad de vivienda, con la urgencia que demandan algunas de estas situaciones, al no existir suficientes viviendas protegidas vacantes, para atender la demanda existente.
A esta insuficiencia de viviendas, se une la insuficiencia de recursos económicos, que caracteriza a las Administraciones implicadas, especialmente a las corporaciones locales, -cuya vinculación con el ciudadano es aún más directa-, viéndose reducidas de esta forma también, las ayudas de emergencia a alquiler que conceden los ayuntamientos, con la finalidad de posibilitar el acceso y la permanencia en una vivienda, a aquellos sectores de población con escasos medio económicos, en espera de que se les pueda adjudicar una vivienda protegida, a través de los cauces legales establecidos.
Llegados a este punto, debemos poner de manifiesto, la obligación que pesa sobre los poderes públicos, por mandato constitucional, reconocido también en nuestro Estatuto de Autonomía, de garantizar el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a disfrutar de una vivienda digna, adoptando las medidas que resulten necesarias, en aras a posibilitar la materialización de este Derecho”
Asimismo, en relación con el problema de la infravivienda en Cádiz, en nuestro escrito al Defensor del Pueblo, le trasladamos nuestra satisfacción por lo que consideramos es una adecuada iniciativa para terminar con la situación de las infraviviendas en Cádiz que nos ha trasladado el Delegado Provincial de Vivienda. Por primera vez en los últimos años, los responsables de la política de vivienda de la Junta formulan propuestas que -de ponerse en marcha- permitirían resolver la indignidad de habitar una infravivienda. Lamentablemente esta iniciativa puede quedar de nuevo en otra frustración si no se habilitan los presupuestos necesarios por parte de la Junta, cosa que reclamamos con contundencia.
Por último, en nuestro escrito reclamamos la intervención del Defensor del Pueblo para conseguir que la situación de emergencia habitacional en nuestra ciudad y otros municipios de Andalucía sea afrontada por la Presidenta de la Junta de Andalucía, dando soluciones a este tremendo problema social de “gente sin casa y casa sin gente”, considerando que el derecho a la vivienda es un derecho fundamental y por tanto debe tener un tratamiento similar al que se da a la Sanidad y Educación.
Cádiz 22 de septiembre de 2017
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Manifestación en Jerez el 16 febrero 2013
QUEJA ENVIADA AL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ
Ilmo. Defensor del Pueblo Andaluz Su referencia nº Q 15/5495
Estimado Jesús:
En reiteradas ocasiones nos hemos dirigido a esa Defensoría solicitando su intervención ante la situación de emergencia habitacional en el que se encuentran miles de ciudadanos de Cádiz y la pasividad de las administraciones estatal, regional y municipal en orden a solucionar el problema social de falta de una vivienda.
Por las conversaciones que hemos mantenido, fundamentalmente en la reunión que celebramos el pasado mes de noviembre, sabemos de su interés en la búsqueda de una solución. Pese a ello, lamentamos trasladarle que, hasta la fecha y con la excepción que ahora citamos, no hemos podido constatar resultados a sus gestiones. Hemos detectado una clara voluntad de la Delegación Provincial de Vivienda en la búsqueda de soluciones al problema de las infraviviendas que, de aprobarse pueden paliar parcialmente la gravedad del problema. Voluntad similar detectamos en la Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento, más la situación económica del Ayuntamiento les dificulta una mayor respuesta.
Sin embargo, lo manifestado anteriormente no nos impide afirmar que ello es absolutamente insuficiente. Es una mera voluntad, que no podrá ser realidad hasta que el problema social de no poder acceder a una vivienda sea considerado por la Junta de Andalucía como una emergencia habitacional y se le conceda un tratamiento presupuestario similar al que se le otorga a otras políticas sociales como sanidad y educación. En ninguna ocasión, la Presidenta de la Junta de Andalucía ha citado la vivienda como una prioridad en Andalucía.
Por estas consideraciones insistimos en plantear ante esa Defensoría la gravedad de la situación en nuestra ciudad: miles de ciudadanos sin poder acceder a una vivienda digna, cientos de ciudadanos habitando una infravivienda y entretanto miles de viviendas vacías.
1)- Respecto a la imposibilidad acceder a una vivienda.
1.1 Es inconcebible que, pese a la Actuación de Oficio de esa Defensoría sobre las ayudas al alquiler en 2015, cuya resolución nos fue trasladada en su escrito del pasado 27 de mayo, aún no estén aprobadas las ayudas al alquiler de 2016 repitiéndose la misma situación que se había dado como resuelta y que ha provocado una nueva Actuación de Oficio de esa Defensoría.
Consideramos que esta situación viene a demostrarnos lo tan reiteradamente denunciado, el modelo de concesión de ayudas contenidos en las Órdenes de convocatorias no es el adecuado y menos aun cuando se aplica en municipios como el de Cádiz, donde su Ayuntamiento también gestiona ayudas al alquiler. Esta situación volverá a repetirse con la convocatoria de ayudas de 2017 recientemente publicada.
Las consecuencias de este reiterado error de la Junta de Andalucía, queda reflejado en el contenido de sus Actuaciones de Oficio que compartimos plenamente:
“Téngase en cuenta, que estas ayudas están dirigidas a personas, con una situación económica precaria, en situación de especial vulnerabilidad que esperan la ayuda como la única posibilidad que les va a permitir hacer frente al pago del alquiler de su vivienda, o a poder acceder a una y, por consiguiente a mantener o disponer de una vivienda digna ya que, de lo contrario, se podrían ver abocados a un procedimiento de desahucio, a vivir en la calle, en condiciones de hacinamiento o en viviendas precarias. En definitiva, se trata de ayudas destinadas a permitir que determinadas personas puedan satisfacer su derecho de acceso a una vivienda o bien, su derecho a no perderla y poder disfrutar una.
De manera que, cualquier retraso en el pago de estas ayudas, con el indiscutible y grave perjuicio que se ocasiona a las personas beneficiarias provisionales, y las situaciones dramáticas que se esconden tras las distintas solicitudes, desvirtúa la intencionalidad y finalidad última que persigue el legislador al contemplar las mismas.
Son muy numerosas las familias, muchas de ellas con menores a su cargo, que no pueden con sus propios medios, acceder a una vivienda en el mercado libre, tampoco, pese a haberlo solicitado insistentemente y reunir los requisitos legalmente exigibles, la Administración competente, puede satisfacer su necesidad de vivienda, con la urgencia que demandan estas situaciones, -no en pocos casos dramáticas- al no existir suficientes viviendas vacantes, para atender la demanda existente”.
“Son muy numerosas las familias que no pueden con sus propios medios, o bien con un gran esfuerzo económico, acceder a una vivienda en el mercado libre, tampoco, pese a estar inscritas en los Registros Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas y reunir los requisitos legalmente exigibles, la Administración competente en materia de vivienda, puede satisfacer su necesidad de vivienda, con la urgencia que demandan algunas de estas situaciones, al no existir suficientes viviendas protegidas vacantes, para atender la demanda existente.
A esta insuficiencia de viviendas, se une la insuficiencia de recursos económicos, que caracteriza a las Administraciones implicadas, especialmente a las corporaciones locales, -cuya vinculación con el ciudadano es aún más directa-, viéndose reducidas de esta forma también, las ayudas de emergencia a alquiler que conceden los ayuntamientos, con la finalidad de posibilitar el acceso y la permanencia en una vivienda, a aquellos sectores de población con escasos medio económicos, en espera de que se les pueda adjudicar una vivienda protegida, a través de los cauces legales establecidos.
Llegados a este punto, debemos poner de manifiesto, la obligación que pesa sobre los poderes públicos, por mandato constitucional, reconocido también en nuestro Estatuto de Autonomía, de garantizar el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a disfrutar de una vivienda digna, adoptando las medidas que resulten necesarias, en aras a posibilitar la materialización de este Derecho”.
1.2 Igualmente es inconcebible el incumplimiento de las previsiones del Plan Andaluz de Vivienda, aún no se ha aprobado la Orden de la Consejería de Fomento y Vivienda convocando a los promotores públicos de Andalucía a solicitar ayudas para la construcción de viviendas públicas en alquiler.
Pese a conocer la insuficiente financiación autonómica y el insultante número de viviendas a construir, 750, en todos los municipios de Andalucía, durante el quinquenio 2016-2020, le trasladamos esta queja para reiterar que en Andalucía hay un Plan de Vivienda que no contiene medidas para paliar el problema social de vivienda, resultando ser un nuevo documento para archivar en las estanterías.
Protesta ante la delegación de Fomento en Cádiz por el impago de las ayudas de alquiler en marzo 2016
2) – Respecto a la existencia de cientos de ciudadanos habitando una infravivienda.
En su momento ya denunciamos la supresión de la Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz y la eliminación de la modalidad de ayudas que se concedían para eliminar una infravivienda. En la alegación al borrador del Plan Andaluz de Vivienda, que fue desestimada, propusimos el mantenimiento de esas ayudas para la eliminación de infraviviendas a los propietarios de inmuebles que acreditaran carecer de recursos para hacer frente a la rehabilitación de los mismos.
Pese a estos antecedentes, queremos expresarle nuestra satisfacción por las propuestas que nos ha trasladado el Delegado Provincial de Vivienda sobre cómo afrontar la eliminación de las infraviviendas en Cádiz. Por primera vez podemos compartir unas propuestas, que, de dotarse presupuestariamente y ser asumidos por la Consejería, nos permitirían afirmar que existe voluntad de acabar con el problema de las infraviviendas en Cádiz.
3) Conclusiones.
La situación en la ciudad de Cádiz exigiría una decidida y pronta actuación que continuara los planes anteriores y que lamentablemente se han olvidado estos últimos años.
Las propuestas necesarias son ya conocidas y aceptadas por todos. La rentabilidad social de las operaciones es indudable y precisan de una financiación autonómica con el carácter de prioridad similar al de sanidad y educación, incrementadas con una eficaz gestión de fondos europeos y los provenientes del Plan estatal.
Además de lo expuesto con anterioridad, reiteramos la necesidad de sumar esfuerzos entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cádiz y se suscriba un Convenio de colaboración con programas específicos sobre las ayudas al alquiler y eliminación de infraviviendas que aborden de forma urgente las soluciones a estos problemas que de forma reiterada venimos denunciando: miles de demandantes de vivienda, miles de viviendas vacías y cientos de familias habitando infraviviendas.
Por todo ello permítanos, al tiempo de presentarle esta Queja, insistirle en la necesidad de que esa Defensoría impulse un Acuerdo Andaluz por el Derecho a una Vivienda que posibilite una vivienda a los andaluces que no pueden acceder a ella.
Cádiz 22 de septiembre de 2017
