La Asociación Pro Derechos Humanos quiere manifestar de nuevo su preocupación ante la situación de la gestión del Área de Servicios Sociales.
Los indicadores (vivienda, paro, pobreza) muestran una realidad en nuestra ciudad de permanente emergencia social. No queremos reiterarlos aquí por conocidos. Hemos denunciado numerosas veces el abandono de la política social y de vivienda por parte de la Junta de Andalucía, al menos en lo que a Cádiz se refiere. Pero en esta ocasión queremos destacar la ausencia por parte del Ayuntamiento de una respuesta articulada y con participación social a esa emergencia social de sobra conocida.
Los problemas individuales de los ciudadanos se multiplican y la respuesta hiriente del Ayuntamiento se refiere a la falta de recursos o a la necesidad de acometer nuevos Planes Estratégicos o a nuevos procedimientos que nunca llegan. Desde el punto de vista de los Derechos Humanos todo ello es intolerable. No podemos aceptar como argumento la falta de recursos suficientes, porque ninguna persona de nuestra ciudad debe quedar tirada en la calle o pasando graves necesidades. Debe ser prioridad absoluta por encima de cualesquiera otros planteamientos.
Prioridad debe ser regular como un derecho el que no se amenace con el corte de luz y agua a quién no pueda pagarla y evitar el mendigueo de las ayudas. Aún no se ha culminado un proceso de participación social iniciado hace un año para el bono social eléctrico. Y del bono social de agua no se sabe nada. Y ha sido sustituido por talleres -que sin duda también tienen su utilidad- de cómo se evita el consumo desmesurado de la luz y el agua.
Prioridad es que la Mesa de Personas sin Hogar funcione de forma estable y continuada y deje de estar intermitentemente paralizada, aplicar las propuestas que se elaboraron, más aún cuando se acerca a pasos agigantados el invierno
Prioridad es que aún no se haya producido la anunciada modificación de la normativa reguladora de la concesión de ayudas sociales aprobada cuando gobernaba el PP, entre ellas la de ayudas al alquiler no contempladas en la Ordenanza de Alquiler Justo. ¿Qué hace una familia que no puede asumir los gastos de alquiler, luz, agua, alimentación? ¿Deja de pagar el alquiler y espera el desahucio? La normativa actual parte de una concepción paliativa y de beneficencia. Ya en diciembre del año pasado transmitimos a la delegada de Asuntos Sociales que en vez de mera asistencia era imprescindible ofrecer itinerarios integrales que permitan a las personas y familias salir del círculo vicioso de la asistencia en la que el sistema de ayudas sociales les condena.
Prioridad es saber algo del Plan Estratégico anunciado en junio por la responsable del área de asuntos sociales del que nunca más se supo. O al menos no lo sabemos los colectivos sociales. Perdió, por cierto, la delegada la oportunidad de haberlo expuesto en el Consejo de Inclusión Social celebrado sólo unos días antes de su anuncio. En el mencionado anuncio de la Delegada se proponían “metodologías participativas de investigación para potenciar la presencia de la ciudadanía” o “construir colectivamente las propuestas de intervención social sobre las problemáticas que abarcan los servicios sociales y para la profundización en los derechos de la ciudadanía”. Como decíamos nunca más se supo.
Última reunión del Consejo de Inclusión en marzo pasado
Prioridad es superar la parálisis de los mecanismos de participación que hasta el momento existen. Como es el caso del Consejo de Inclusión, en cuya última reunión, en marzo, precisamente se pedía un Plan Estratégico y un Plan de Lucha contra la Pobreza y se decidían una serie de propuestas y metodologías de trabajo no atendidas hasta el momento
Nos da la impresión de que no se sabe cómo articular la participación ni cómo actuar ante los colectivos sociales. Las proclamadas “nuevas” fórmulas de participación, calificadas como “directas” de la ciudadanía o “asamblearias”, ni terminan de cuajar, ni se conoce cómo se van a implementar si es que lo van a hacer, ni se sabe en cuanto y como están contrapuestas a las formulas ya reglamentadas. Y lo cierto es que mecanismos de participación imprescindibles, por ejemplo, los que afectan al área social, están paralizados sin que les imprima ningún dinamismo.
En suma, pasados quince meses seguimos sin saber cuáles son las estrategias en el área de servicios para afrontar la situación de extrema emergencia social que padece nuestra ciudad. Seguimos sin saber cómo se pretende superar la concepción de unos servicios sociales dedicados a la mera asistencia.
Desde la APDHA insistimos en la necesidad de un replanteamiento y un cambio de rumbo en el que los colectivos y organizaciones sociales sin duda estamos dispuestos a colaborar.
Cádiz 13 de octubre de 2016
