El Día Mundial del Sida, cuya incidencia sigue siendo mucho más alta en prisión que en la población en general, es un buen momento para revindicar la dignidad y los derechos de las personas presas.
Las personas condenadas a la libertad de circulación, no han sido condenadas a carecer de otros derechos fundamentales. Ni a perder su dignidad en las cárceles. Ni pierden su derecho a poder reinsertarse en la sociedad tras su condena.
Pero las cárceles son sitos opacos, no solo alejados de las ciudades, sino alejados de la vista del resto de la sociedad. En la puerta de las cárceles se detienen muchos derechos fundamentales: el derecho a la salud, el derecho a la familia o el derecho a ser tratados con respeto y dignidad, sin malos modos o malos tratos.
La condena a prisión, no se limita al preso, sino que de otra forma también padecen condena sus familiares. Por eso, llegado el Día del SIDA, las asociaciones ANDAD, ANYDES y APDHA, el derecho a la educación, queremos mostrar nuestro apoyo muy especial a las familias de los presos que también sufren una condena sobrevenida.
Aunque algunos avances se han conseguido, sobre todo en lo que se refiere al Transporte a Prisión y al Servicio de Atención Jurídica, no obstante queremos trasladar a las administraciones reivindicaciones que nos parecen elementales para que sean respetados los derechos humanos de personas presas y familiares.
Reivindicamos el derecho a la salud
PORQUE la prevalencia de enfermedades infecciosas o graves en el interior de las cárceles, de forma mucho más elevada que en el resto de la población. Un dato que la Dirección General de Instituciones penitenciarias y su departamento, conoce con exactitud
El Ministerio del Interior es el responsable de que carezcan del adecuado acompañamiento médico especializado y que en ocasiones fallezcan bajo el sistema penitenciario. Aunque La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía comparte responsabilidad en la falta de tratamiento médico.
La pérdida de citas médicas con especialistas se ha multiplicado por los recortes en el Ministerio del Interior, con lo que ello afecta a la atención de enfermedades a veces graves. Asimismo se han recortado servicios médicos, atención psicológica y asistencia social.
PEDIMOS que sean tenidas en cuenta algunas propuestas en las que venimos insistiendo desde hace años:
1.- Apuesta por la prevención: tratamiento para toxicómanos (construcción de centros, viviendas tuteladas…) y enfermos terminales de SIDA, que ponga fin a la masificación en las cárceles, y con el foco de infecciones que actualmente es.
2.- Trato igualitario, para lo que se precisa la integración en el Sistema de Salud Público.
3.- Excarcelación de los enfermos terminales y flexibilización de las condiciones y requisitos para acceder a terceros grados y libertades condicionales de estos enfermos desde el inicio de la condena.
4.- Inicio de procedimientos de reconocimiento de minusvalía que no pueden hacer los presos, precisando de la colaboración e iniciativa del área de trabajo social de prisión.
5.- Solución a la grave problemática de los muchos enfermos mentales condenados a privación de libertad.
6.- Más recursos en personal médico, asistencia psicológica y trabajadores sociales
Reivindicamos un trato digno a presos y familiares
PORQUE continúan produciéndose malos tratos físicos y psíquicos a las personas presas. Porque las condiciones de vida en prisión vulneran con frecuencia la vida digna. Porque sus familiares no son tratados en muchas ocasiones con la suficiente dignidad y el acceso a sus personas presas se hace en condiciones penosas
PEDIMOS que los malos tratos sean investigados, determinadas las responsabilidades y erradicados absolutamente de la vida carcelaria.
PEDIMOS que el sistema de visitas y el acceso a la prisión por parte de familiares merezca el más alto respeto:
– Que el sistema de visitas no se haga en condiciones en que la dignidad de los familiares se vea menoscabada.
– Que los familiares reciban comunicación fluida y detallada por parte de Instituciones Penitenciarias sobre la situación de sus internos.
– Posibilidad de abastecimiento por parte de la familia de lo necesario eliminando así la compra obligatoria en el economato de la prisión
Reivindicamos el cumplimiento de la condena en prisiones cercanas a sus lugares de origen
PORQUE actualmente un 50% de los reclusos se encuentra cumpliendo condena fuera de su provincia y un 15% lejos de su comunidad autónoma viéndose gravemente afectado su estado de salud.
PEDIMOS el acercamiento de los presos a sus lugares de origen, porque la dispersión reduce el contacto con sus familiares obstaculizando sus posibilidades de reinserción y su recuperación sanitaria y golpea a familias pobres que no reciben ayudas para los desplazamientos, sometiéndoles a un sufrimiento innecesario y a una pena complementaria a la que no fueron condenados. Reivindicamos otro rumbo en las políticas penales y penitenciarias. Rechazamos la cadena perpetua
PORQUE en múltiples ocasiones algunas personas presas pasan prácticamente toda su vida cumpliendo condenas estando demostrado que la permanencia superior a 15 años en prisión atenta contra la salud física y psíquica de la persona.
PORQUE España, siendo el país de la Unión Europea con menos delitos por 1000 habitantes, es el que más personas tiene en las cárceles
PEDIMOS que la política penitenciaria en el estado español cambie radicalmente de rumbo, alejándose del incremento de penas hasta límites difícilmente constitucionales o de la inclusión como delito de cualquier problema, especialmente de los conflictos sociales. En este sentido exigimos la retirada de la cadena perpetua y dejar de legislar a golpe de populismo punitivo.
PEDIMOS, además, que sea retirado el Decreto de TASAS que impide el acceso a la tutela judicial efectiva y perjudica como siempre a las personas con menos recursos
PEDIMOS legislación que amplíe y posibilite el cumplimiento de penas alternativas a la prisión. Ello exige otra forma de desarrollar el sistema penal y la dotación de recursos suficientes para ello.
Para los Ayuntamientos de nuestra zona
PORQUE la mayoría de Ayuntamientos permanecen de espalda a la situación de sus vecinos en prisión, y ni ponen en marcha programas especiales de apoyo ni destinan recursos suficientes para ello
PEDIMOS específicamente a los municipios
• Consideración de los ciudadanos privados de libertad como residentes de los municipios en los que residían antes de perder la libertad, tal como establece la normativa a todos los efectos.
• Conforme a ello los municipios deben tratar a dichos ciudadanos y ciudadanas de manera igualitaria al resto de vecinos.
• Ayudas a las familias del municipio para los traslados que posibiliten las visitas y relaciones con sus familiares presos.
• Plazas para trabajo en beneficio de la comunidad. Todos los ayuntamientos deben aportar al sistema judicial plazas suficientes para que sus vecinos que puedan solicitar condenas alternativas a la prisión a través de los trabajos en beneficio de la comunidad lo hagan.
• Mayor apoyo municipal a colectivos que trabajen a favor de las personas presas.
• Apoyo psicológico, económico y legal para los familiares de las personas presas.
• Un mayor apoyo municipal en el proceso de reinserción de estas personas para garantizar su retorno a la vida en libertad en igualdad de oportunidades.
Este espacio de opinión es un marco de debate y reflexión sobre diversos temas relacionados con los Derechos Humanos. Son textos escritos tanto por miembros de la APDHA como por personas que no pertenecen a la Asociación, de modo que reflejan la opinión del autor o autora y, por tanto, no representan necesariamente la posición de la APDHA.