La situación kafkiana que afecta más de 40 menores marroquí acogidos por la Junta de Andalucía en la provincia. Resumen por Edoardo Di Paolo de la Rueda de Prensa de la APDHA del 11.3.2016
Un guardia civil cubre a un menor inmigrante con una manta tras su llegada a las costas de Tarifa. Diario Sur
El pasado 11 de Marzo la delegación de Cádiz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) convocó, junto a los compañeros de Voluntarios Por Otro Mundo, una rueda de prensa para llamar la atención de los medios de comunicación, de la ciudadanía y de las autoridades – tanto de España como de Marruecos – sobre una situación kafkiana que afecta de manera muy grave la vida de más de cuarenta jóvenes que hace años fueron acogidos por la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz y ahora se arriesgan ver sus vidas arruinadas por siempre.
Estos chicos, en su mayoría menores a punto de cumplir 18 años, llevan más de un año y medio esperando que el Consulado de Marruecos en Algeciras les entregue los pasaportes a los que tienen derecho, aunque ellos ya hayan pagado la elevada tasa que las autoridades de Rabat requieren por esta operación administrativa y las mismas les hayan reconocido como ciudadanos marroquí.
Estos chicos se encuentran protegidos mientras sean menores, pero el día en el que llegan a la mayoría edad, que todos sus coetáneos europeos se dan prisa de celebrar con gran entusiasmo, ellos entran en una verdadera pesadilla: de hecho desde ese momento pierden el derecho a la protección social y se arriesgan ir a parar a la calle sin techo ni papeles.
La falta de un pasaporte les impide buscar un contrato de trabajo regular, ejercer sus derechos y, especialmente, les expone al peligro de ser expulsados de España al primer control de policía que encuentren.
Para entender la gravedad y la barbaridad de esta situación será suficiente hacer referencia a unos casos concretos que desgraciadamente nos demuestran los peligros que estos chicos afrontan al al llegar a la mayoría de edad.
Por cuestiones de privacidad, daremos a los protagonistas de estas vicisitudes nombres figurados, Mehdi y Khalid.
En el primer caso, Mehdi vio concretarse su peor pesadilla: llevando años en España y después de haber llamado “su tierra” a Andalucía por mucho tiempo, decidió presentarse al Consulado de su País de origen en Algeciras para pedir el pasaporte al que tenía derecho. Este papel le habría permitido buscar un trabajo regular, estudiar y graduarse. Mehdi pagó, como se le pidió en el Consulado, una tasa de ~80 € y se marchó lleno de confianza en que pronto le habrían entregado su pasaporte. Sin embargo, el chico esperó vanamente semanas y meses, hasta que al final llegó el día tan temido: su decimoctavo cumpleaños.
En lugar de recibir regalos y felicidades, Mehdi perdió el estado de menor que le garantizaba protección y, de repente, se vió viviendo en la calle. La policía, que más tarde lo identificó y vió que no estaba con papeles en regla, no dudó en expulsarlo a Marruecos: al final de un odisea de varios años, Mehdi se encontró deportado al punto de partida, llevando en su maleta solamente sueños aplastados y decepción.
El caso de Khalid es aún más paradójico: después de huir de Marruecos en busca de una vida mejor este chico fue acogido por la Junta de Andalucía, frecuentó un curso de formación profesional y se dio cuenta de tener un gran talento por la jardinería, la agricultura y la silvicultura. Cuando salió una oferta de trabajo en el sector de los asuntos forestales, por un momento Khalid tuvo la ilusión de que por fin su gran momento había llegado: por sus competencias, el parecía un candidato perfecto por ese trabajo.
Sin embargo, la falta de papeles le impidió contestar a la oferta de trabajo, para colmo incluso, certificar su participación al curso de formación profesional.
Estos ejemplos nos ayudan entender las consecuencias nefastas que la falta de pasaporte puede producir en la vida de un chico que, acogido en España, quiera estudiar o trabajar. En otras palabras: vivir una vida normal.
Como informó ayer a la prensa la APDHA, informamos ayer a la prensa esta es la situación increíble que más de cuarenta chicos acogidos en Cádiz por la Junta de Andalucía están viviendo ahora mismo.
Además, estamos hablando de personas que se encuentran en una fase de sus vidas – la adolescencia – en la que todos somos más sensibles y vulnerables. Ni siquiera podemos imaginar cuan peligroso puede ser acabar viviendo en la calle para un chico tan joven y además sin papeles: en una edad tan vulnerable, la exclusión social y la lucha por la supervivencia pueden llevarlo fácilmente en los brazos de la criminalidad organizada, destruyendo su futuro y el sueño de una vida mejor que, a través de la bodega de un barco o de un camión, le había traído a Europa.
Después de haber sido informado de esta situación muy crítica, la delegación de Cádiz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía decidió llevar las instancias de estos jóvenes pidiendo explicaciones al Consulado de Marruecos en Algeciras: hace un mes y medio nuestros representantes tuvieron un encuentro con el Cónsul Abdelfatah Lebbar (en cargo desde Noviembre 2015) para llamar su atención sobre el paradójico incumplimiento de sus derechos que estos ciudadanos marroquí están sufriendo.
Las autoridades de Marruecos en Algeciras nos respondieron reconociendo indirectamente estos chicos como sus conciudadanos, sin embargo afirmando que los pasaportes todavía no habían sido emitidos por supuestas “razones de seguridad”.
La APDHA no puede abstenerse de criticar dichas motivaciones por su vaguedad y patente falta de lógica puesto que, si hubiera existido una verdadera exigencia de seguridad, en cambio de retrasar la entrega de los pasaportes más allá de los términos establecidos por la ley, la prioridad habría sido la de documentar rápido la identidad de estos jóvenes.
Queremos denunciar lo absurdo de esta situación a todas las autoridades marroquíes y españolas, para que actúen demostrando la voluntad política de solucionar una cuestión que amenaza con arruinar para siempre la vida de más de cuarenta jóvenes.
Además, el retraso ad libitum en la entrega de los pasaportes después del reconocimiento indirecto de estos jóvenes como sus conciudadanos por parte de las autoridades marroquíes nos parece una clara violación del artículo 17 de la nueva Constitución que el Reino de Marruecos se ha dado en el año 2011, que garantiza a los marroquíes residentes en el Extranjero la completa titularidad de los derechos de ciudadanía.
Hace falta recordar que los ciudadanos marroquíes hoy en día constituyen una de las principales nacionalidades de extranjeros residentes en España, representando más del 15% del total: con más de 760.000 personas[1], los marroquíes representan un grupo imprescindible por la riqueza cultural, humana y económica de España, aunque sigan viendo limitados sus derechos de integración y participación a la vida social del País que ha devenido su casa. Por ejemplo, mientras la Constitución española reconoce en su artículo 13.2, atendiendo a un criterio de reciprocidad, el derecho de los extranjeros residentes en el País a ejercer el electorado activo y pasivo en las elecciones municipales, el Estado español no parece tener prisa de poner en práctica esta disposición aunque la nueva Constitución marroquí del 2011 haya introducido en su artículo 30 el derecho al electorado activo y pasivo para los ciudadanos extranjeros residentes en el País.
En conclusión, la APDHA de Cádiz se encargará de seguir con atención la cuestión de los pasaportes hasta que se encuentre una solución capaz de asegurar la dignidad de los chicos afectados y continuará actuando para que, en lugar de asistir a la cotidiana humillación de los derechos de los seres humanos que solo quieren buscar una vida mejor en el otro lado del estrecho de Gibraltar, se acerquen lo más posible dos continentes que – a veces hace falta recordarlo – en Tarifa solo distan 14 kilómetros.
[1]OBSERVATORIO PERMANENTE DE LA INMIGRACIÓN, Extranjeros residentes en España al 30 de Junio 2015, informe del Octubre 2015, Ministerio de Empleo y Seguridad Social del Gobierno de España.
