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Asumir las competencias permitiría terminar con una sanidad de segunda en prisión.
Andalucía, 3 de junio de 2016.- La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) se congratula por la aprobación ayer, gracias a su presión y a la de otras entidades, de una proposición no de ley en el Parlamento de Andalucía en la que se pide el traspaso de las competencias desde el Gobierno central en materia de sanidad penitenciaria.
La organización lleva 10 años trabajando para que se asuman dichas competencias, tal como establece la legislación (ley 16/2003) y más aún cuando la ejecución de sucesivos convenios entre administraciones central y autonómica, señalan, se han mostrado inútiles y han generado no pocos problemas a la población reclusa en lo que a la atención a su salud se refiere. Por ello, solicita que el traspaso se realice con urgencia dado que han pasado 13 años desde la aprobación de la ley.
Se trata de “parches con múltiples lagunas que se convierten en problemas muy graves para la población presa”, apuntan. La entidad recuerda los últimos casos en los que las personas presas han tenido que pasar “verdaderas odiseas” para poder acceder a los medicamentos contra la Hepatitis C.
Especialmente relevante para conseguir la petición de las transferencias por parte del Parlamento de Andalucía ha sido el último informe del Defensor del Pueblo Andaluz, Las unidades de custodia hospitalaria: la asistencia sanitaria especializada para las personas internas en las prisiones andaluzas, que recoge las propuestas de la APDHA de los últimos diez años, y en el que se evidencian una sanidad de segunda en prisión con problemas como:graves dificultades para acceder a la medicación, serios inconvenientes para obtener citas de especialistas, pérdidas reiteradas de citas médicas con perjuicios en algunos casos muy considerables para la salud de los pacientes, modificación de la medicación prescrita, dificultad para el acceso de los médicos de prisiones a las historias clínicas, entre otros.
Además, la APDHA estima que las transferencias eliminarían la imposibilidad del personal médico para denunciar o documentar los casos de malos tratos o torturas que se producen dentro de prisión, ya que pertenecen a Instituciones Penitenciarias y tienen que seguir directrices de seguridad más que médicas.
Asimismo, la proposición no de ley recoge también que se establezca un procedimiento para el pago de los más de 4,5 millones de euros (4.642.611,73 euros) que el Gobierno central adeuda a Andalucía por la asistencia sanitaria a las personas presas, desde que en diciembre de 2013 finalizara el fin del último convenio y hasta la actualidad.
