Cádiz, 25 de junio de 2025. La Delegación de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en la Bahía de Cádiz lleva más de veinte años ofreciendo atención directa y especializada a personas migrantes, consolidándose como una de las entidades con mayor experiencia y conocimiento técnico en materia de Derecho de Extranjería en la provincia. Desde el año 2020, como respuesta a las restricciones sociales derivadas de la pandemia, la entidad adaptó su actividad al entorno digital, conforme a la normativa vigente. La tramitación de los expedientes administrativos se ha venido realizando de manera íntegramente electrónica, a través del Registro Electrónico General (Red-SARA), con una intervención que abarcaba desde el asesoramiento inicial hasta la presentación de solicitudes y, en su caso, la interposición de recursos administrativos. Todo ello con una eficacia demostrada: más del 70% de los expedientes tramitados por la APDHA han resultado favorables.
Este modelo era posible gracias a la figura de la representación voluntaria: las personas migrantes autorizaban expresamente a la APDHA para actuar en su nombre ante la Administración, lo que permitía evitar los elevados costes de abogados privados o poderes notariales. Así, se garantizaba un acceso gratuito, equitativo y efectivo a derechos fundamentales, especialmente para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, desde el pasado 21 de mayo, las Oficinas de Extranjería ha impuesto un cambio sustancial en el procedimiento: ya no se admite la presentación de estos trámites a través del Registro Electrónico General, y se exige el uso exclusivo de la plataforma MERCURIO para la mayoría de los expedientes (renovaciones de residencia temporal, prórrogas de estancia, autorizaciones iniciales de residencia y trabajo, entre otros). La vía presencial queda limitada a unos pocos supuestos, como los expedientes de arraigo, donde además escasean las citas disponibles. El acceso a la plataforma MERCURIO está reservado exclusivamente a profesionales colegiados, generalmente vinculados a servicios con ánimo de lucro. Esto excluye a entidades sociales como la APDHA, que, aunque cuenta con juristas y personal técnico especializado en extranjería, no exige la colegiación al tratarse de trámites administrativos y no de representación legal en sede judicial. Esta restricción desvirtúa el modelo de atención gratuita y accesible que la asociación ha mantenido durante más de veinte años.
Como consecuencia, un gran número de expedientes —especialmente los de arraigo— han quedado bloqueados. La única vía alternativa que se mantiene es la presentación presencial, pero en la práctica esta opción resulta inviable debido a la ausencia sistemática de citas en las oficinas de extranjería. A esto
se suma que muchas personas migrantes, al encontrarse en situación administrativa irregular, no pueden obtener un certificado digital, lo que les impide también realizar los trámites por sí mismas a través de medios electrónicos. Esta combinación de obstáculos refuerza la exclusión de quienes ya viven en una situación de extrema vulnerabilidad, los condena a permanecer en un limbo jurídico indefinido y les niega el ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales. Todo ello evidencia, una vez más, que la brecha
digital continúa siendo un factor de discriminación real para los colectivos más vulnerables.
Desde la APDHA se denuncia que esta imposición constituye una barrera desproporcionada y excluyente para las entidades sociales y para las personas migrantes más vulnerables, al limitar severamente su acceso a la Administración y a sus derechos. A juicio de la organización, esta medida vulnera el principio de gratuidad del acceso a los procedimientos administrativos, obstaculiza el ejercicio del derecho a la representación voluntaria y debilita el tejido social que históricamente ha complementado la acción pública en materia de derechos humanos.
La APDHA exige a las administraciones competentes que garanticen vías de tramitación accesibles, públicas y no lucrativas, que permitan a organizaciones sociales debidamente acreditadas continuar prestando su labor sin trabas burocráticas que, en la práctica, excluyen a quienes más necesitan acompañamiento jurídico. La organización reitera su firme compromiso con la defensa efectiva de los
derechos humanos de las personas migrantes y seguirá exigiendo políticas públicas que aseguren un acceso real, igualitario y sin barreras económicas a los procedimientos administrativos.
