Amin Souissi. Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
Quedan unos días para que se celebren las Elecciones Municipales. En este momento resulta difícil sustraer la atención pública de las peticiones de voto, las promesas y los eslóganes electorales. No obstante, la Asociación Pro Derechos Humanos ha intentado en este último mes plantear un debate muchas veces olvidado en torno a estas elecciones.
Porque una parte importante de las personas que vivimos en nuestras ciudades, que pagamos los mismos impuestos, que padecemos o disfrutamos de las decisiones de nuestros munícipes no podemos participar en su elección. Los vecinos que no procedemos de países de la Unión Europea tenemos muy limitado el ejercicio del derecho al voto.
En estos años se han desarrollado algunos convenios (de reciprocidad) con la intención de permitir el voto en las elecciones municipales a los vecinos de procedencia boliviana, ecuatoriana, colombiana, chilena o peruana, entre otros. Sin embargo, estos convenios mantienen numerosas limitaciones para la participación de estas personas. Principalmente porque cambian la lógica mantenida habitualmente para la participación electoral en España. Así, si a cualquier persona de nacionalidad española le basta con acudir a su mesa electoral el día 24 de mayo, a estas personas se les requiere que realicen una previa inscripción. Una inscripción cuyo plazo finaliza cuatro meses antes de las elecciones y que tiene por resultado la escasísima participación de estos colectivos.
Peor aún es la situación de otras nacionalidades, de hasta 80 países, como las personas de origen marroquí, que forman la comunidad más numerosa en nuestro entorno, que tenemos absolutamente vetada la posibilidad de votar al alcalde y los concejales. Junto a los marroquíes, por poner otros ejemplos, quienes provienen de Senegal o de China. Somos ciudadanos de tercera.
La APDHA ha querido visibilizar esta cuestión con la reedición de la campaña “Aquí vivo, aquí voto”. En el seno de esta campaña se han presentado mociones en los distintos Ayuntamientos de la Bahía en las que los Plenos se comprometían a pedir al Gobierno y las Cortes los cambios legislativos que posibilitaran el voto de las personas migrantes, aunque a decir verdad a quienes vivimos en España desde hace años ya nos resulta molesto que se nos califique como “inmigrantes” para toda la vida. Emigrar es un proceso temporal, y cuando uno se establece en un país al que quiere y del que se siente parte, ha finalizado su proceso migratorio y debe ser considerado como un ciudadano y como un vecino más.
Además se han colocado mesas electorales simbólicas en distintos puntos de nuestras ciudades. La campaña ha contado con el apoyo de un número importante de vecinos y vecinas que han votado a favor de permitir el ejercicio del derecho al sufragio a quienes residimos en nuestras localidades. También la práctica totalidad de los grupos políticos han apoyado esta iniciativa y, de hecho, las mociones presentadas han sido aprobadas en los plenos municipales de localidades como Puerto Real, Conil, El Puerto o Chiclana.
Lamentablemente el rechazo lo hemos encontrado siempre por parte del Partido Popular, empeñado en mantener un sistema que perjudica, excluye y diferencia a una parte del vecindario. Precisamente el punto más desagradable de esta campaña la protagonizó el alcalde de Chiclana, Ernesto Marín en el debate de la moción en el Pleno, cuando nos aconsejó, me aconsejó, que me fuera a mi país (Marruecos) a reclamar los Derechos Humanos. Pues este es también mi país y los Derechos Humanos hay que reclamarlos, lo reclamamos la APDHA, aquí y allá.
Es el punto más negro de esta campaña pero sirve para mostrar el recalcitrante anquilosamiento que mantienen algunos y que dificulta la integración y la convivencia. Y sin embargo, al margen de ello, la campaña la podemos calificar de muy satisfactoria por la acogida y repercusión que ha tenido, lo que nos hace mantener la esperanza en avanzar para que no sigan existiendo ciudadanos de segunda o tercera en España.
