Eladio García Castro es del grupo de vivienda de APDHA-Cádiz
Amnistía Internacional en su Informe de 2013 denunció que, en España, el derecho a la vivienda era el más desprotegido, afirmando textualmente: “El derecho a la vivienda no se encuentra protegido en España, existe en la Constitución, pero no es un derecho fundamental y nunca se ha aceptado un recurso de amparo para ese tipo de casos en el Tribunal Constitucional”.
Tal desprotección ha hecho que arrastremos un atraso importante respecto a los países de nuestro entorno, que se aprecia especialmente grave en las zonas con paro endémico, en la periferia de las grandes ciudades y en general donde abundan familias con riesgo de exclusión social.
La crisis económica no hizo sino aumentar las desigualdades afectando a todos los derechos y de forma extrema al de la vivienda. Estallaron los desahucios por impago de hipotecas o alquileres. Tan solo durante el primer trimestre de 2012 se produjo una media de 517 desahucios diarios. Se calcula que desde el estallido de la crisis se han producido 750.000 ejecuciones hipotecarias que derivaron en 510.000 desahucios.
Los desahucios originaron que a miles de familias no les quedara otra solución que regresar a casa de sus padres, produciendo hacinamiento y generando una convivencia forzada que ocasiona fracaso escolar, degradación de las relaciones personales y familiares, sensación de fracaso etc.
Mientras todo esto ocurría se producía una insólita inacción de todas las administraciones (central, autonómica y municipal) para remediar o paliar el daño que soportaban los de siempre. Un ejemplo. Desde la década de los 80 la intervención de la administración central en políticas de vivienda se definía a través de los Planes cuatrienales de vivienda y suelo. En Andalucía, en 1992 se aprueba el primer Plan cuatrienal. Los planes no solo definen las políticas de vivienda, también se comprometen las inversiones anuales del cuatrienio en los distintos programas de vivienda (viviendas de VPO, construcción de vivienda en alquiler, rehabilitación de viviendas y zonas comunes, eliminación de infravivienda etc.). 
Pues bien, en plena crisis, durante el cuatrienio 2012-2016 y por primera vez desde 1992, no se aprobó Plan alguno ni compromisos de inversiones para atajar las difíciles circunstancias que atravesaban muchos miles de familias.
Otro ejemplo. El Plan Andaluz actualmente vigente 2016- 2020, en el cuadro que contiene la definición de objetivos del Plan recoge, entre otros, que en todo el cuatrienio y para toda Andalucía se subvencionará la construcción de 750 viviendas de alquiler. Si estas viviendas se repartieran por igual entre las 8 provincias resultaría que cada año se subvencionarían la construcción de 23 viviendas por provincia. Esta ridícula cifra, que más bien parece una broma macabra, demuestra por si sola que las administraciones, ni ahora ni en los próximos años, piensan adoptar medidas que permitan afrontar una situación que la APDHA viene llamando de Emergencia habitacional y social en lo que se refiere a los sectores más desfavorecidos de la población.
Esta situación de Emergencia es el resultado de la coincidencia en los distintos territorios del paro, los bajos salarios, los recortes en el desempleo y las ayudas sociales y la inacción de las administraciones públicas.
Una de las razones que explican por qué el derecho a una vivienda digna es de los más desprotegidos y las administraciones se permiten ignorarlo actuando con impunidad, reside en la forma y mecanismos a través de los que se ejercen. La educación y la sanidad se administran en grandes instalaciones que congregan a muchos ciudadanos y profesionales: guarderías, escuelas, universidades, hospitales, centros de salud….. Los ciudadanos que carecen de los medios necesarios para acceder al mercado de la vivienda, están dispersos en el territorio, lo que constituye una dificultad importante para articularse en un movimiento reivindicativo. Además tienen que dedicar gran parte de su tiempo en ir del ayuntamiento a las distintas entidades caritativas buscando, en una actividad angustiosa, alienante y desesperanzadora, como pagar el alquiler, la luz, el agua… dejándose en el camino la autoestima, lo que no constituye precisamente un clima que empuje a buscar a sus iguales para encontrar un camino de esperanza.
Parece claro que ese camino de esperanza solo puede encontrarse persistiendo en la defensa del derecho a una vivienda digna para todos, y en fraguar una unidad entre todas las entidades que luchan contra la exclusión social, para que junto a los ciudadanos afectados, poder conseguir un clamor popular que resuene en los ministerios, consejerías y ayuntamientos, obligándolos a convertir el derecho a una vivienda digna en un derecho efectivo. Ahí radica nuestra irrenunciable esperanza
