El derecho a un estado laico

Una nueva colaboración con motivo del Día de los Derechos Humanos. En este caso de Pepe Pettenghi, vicepresidente del Ateneo Republicano de Puerto Real

“La democracia es laica
o no es democracia”
(Sebastián Jans)

J.Laicismo peqCada uno puede creer en lo que quiera y profesar la fe que le dé la gana. Faltaría más. Pero la intromisión de esas creencias en el ámbito de lo civil y lo público tiene un nombre muy feo: confesionalismo.
Sin embargo, el confesionalismo, además de sonar a algo apolillado, sigue siendo uno de los grandes problemas históricos de este país, que llega hasta nuestros días atado a los Acuerdos suscritos por España y la Santa Sede -de hecho un Concordato- que firmó Franco en 1957 y que fueron refrendados en 1979.
Ello confiere a la Iglesia católica un inmenso poder, unos no menos cuantiosos ingresos económicos detraídos del dinero público y una presencia invasiva en el campo educativo o el de los servicios sociales, injustificada en el mundo de la sanidad o anacrónica en el ejército o en el ámbito penitenciario.
Por esto creo sinceramente que optar por una una democracia radical nos obliga a perseguir sin fisuras un Estado laico. El laicismo no supone ir contra la religión y menos contra los creyentes, no, el laicismo es el antídoto del confesionalismo. Es negar y evitar que las instituciones religiosas impongan sus criterios confesionales a la totalidad de la sociedad. El laicismo no es más que la separación entre la vida civil y las creencias  y sus ritos.
Pero en España esto del laicismo empieza a ser algo revolucionario, porque supone remover los cimientos de un orden de cosas vigente durante siglos y siglos. Sí, aún vigente, porque hoy mientras la jerarquía eclesial mediatiza a la sociedad, abduce a los dirigentes políticos (aunque muchos de ellos ya vienen abducidos de su casa), invade el espacio político a la menor ocasión y fuerza con campañas a que los gobiernos legislen a su gusto (Ley Orgánica de Libertad Religiosa, Ley Hipotecaria, leyes educativas…), gana cuotas de poder y defiende con éxito sus privilegios en el ámbito de la enseñanza, obtiene beneficios fiscales y accede a generosísimas subvenciones estatales.
Todo ello atado y bien atado al mencionado Concordato recontrafirmado en 1979.
Desde entonces, el sistema bipartidista no ha mostrado demasiada voluntad, no ya de derogar, sino de revisarlos. Unos, el PP, más complacientes que otros, el PSOE, que sin embargo ha gobernado 22 de los últimos 31 años con idéntica actitud complaciente a lo que es de hecho un Estado confesional sin más.
El Concordato es y sigue siendo tema tabú. La Iglesia católica sigue siendo hoy una potencia económica, social y patrimonial dentro del propio Estado español.
Sólo así se explica que sólo una ínfima parte de la asignación estatal a la Iglesia proceda de la declaración del IRPF de sus fieles.
Solo así se explican los privilegios fiscales y las exenciones de IBI, de transmisión de sociedades y actos jurídicos, aparte de la capacidad de inmatricular bienes, algo reservado al Estado.
Sólo así se explica que, tras 35 años de democracia y Constitución presuntamente aconfesional, seamos el único país europeo que garantiza mediante tratado internacional el mantenimiento de una confesión religiosa y, por tanto, la preeminencia de una creencia en la sociedad, con el compromiso de su sostenimiento con fondos públicos.
Ante esta perspectiva, los defensores de una democracia radical nos debemos al laicismo, a la la vía de un Estado laico en el que la Iglesia, cualquier iglesia, no ya haga una política reaccionaria como ahora, sino simplemente que no haga política.
Por eso decía que el camino al laicismo parece revolucionario…

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