MANIFIESTO | 18D Día Internacional de las Personas Migrantes

El miércoles 18 de diciembre, día internacional de las personas migrantes, Derechos Humanos Cádiz, la Red de Apoyo a Inmigrantes Jerez-Dimbali, Voluntarios por Otro Mundo Jerez, la Red de Acogida de El Puerto de Santa María y la Asociación de Familias Solidarias de Chiclana convocamos una concentración frente a la delegación del gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz donde leímos el siguiente manifiesto:

Hoy 18 de diciembre es el día Internacional de las personas migrantes.

Nos encontramos aquí concentradas, frente a la delegación del gobierno de la Junta de Andalucía para proclamar muy alto y muy claro: PRIMERO, que la ciudadanía andaluza, y en especial la gaditana, se mantiene solidaria con las personas migrantes y así lo demuestran los numerosos actos cívicos desde que la primera patera llegase a nuestras costas y en SEGUNDO lugar, para denunciar estos 30 años de sufrimiento y de muerte, de continuas vulneraciones de los derechos de las personas migrantes, en especial de los niños y niñas que viajan sin la compañía de un familiar o referente adulto, los llamados MENA.

Denunciamos a viva voz y ante toda la ciudadanía que las políticas y prácticas migratorias cada vez son más restrictivas; no sólo limitan el derecho a migrar, sino que prolongan esa vulnerabilidad al no existir un sistema de acogida donde se garantice el derecho a información, de asistencia jurídica y la posibilidad de solicitar protección internacional en su idioma. Se siguen practicando las devoluciones express y las devoluciones en caliente, incluso cuando se trata de personas menores de edad, a pesar de haber sido declaradas oficialmente ilegales por el Tribunal de Justicia europeo.

Hasta el día de hoy, son más de 7000 personas las que han perdido la vida o desaparecido en nuestra frontera sur. Y seguimos echando de menos algún gesto, algunas palabras de condolencia o de consuelo por parte del presidente del gobierno o del ministro del interior para con los familiares de estas personas. Por nuestra parte, seguiremos reclamando Vías de migración legales y seguras.

Incluso para quienes consiguen establecerse en nuestro país la situación es muy difícil: regularizar su situación resulta casi imposible y eso las condena a la marginación, a la calle, al ostracismo social y a la explotación laboral más inhumana, como las personas que trabajan de temporeras o viven en los asentamientos. Se siguen sin ratificar acuerdos que son de justicia, como el artículo 189 de la OIT que permitiría que las mujeres que se dedican al trabajo de hogar, en su mayoría migrantes, puedan tener los mismos derechos que cualquier persona trabajadora.

Por eso estamos aquí en la calle. Estamos aquí especialmente para denunciar la vulneración de los derechos de la infancia que migra sin referentes familiares. Estamos aquí porque los y las dirigentes públicos encargados de velar por la protección de la infancia bajo el principio de la no discriminación siguen sin establecer un sistema que realmente proteja y sea digno para nuestros niños y niñas. Estamos aquí porque en enero 15 niños se quedarán en la calle en Bornos y 200 más en toda Andalucía, con una mano delante y otra detrás y muchos sin la documentación elemental que los condena a no existir administrativamente. Las redes solidarias de Acogida ya no tenemos más capacidad, pese a que mucha gente nos está apoyando. Esta situación insostenible es responsabilidad institucional de la Junta que, como siempre, no sabe, no contesta, ignora el problema y prefiere lavarse las manos. ¿Cómo se lava las manos?:

  • La Junta de Andalucía externaliza la acogida de los menores en empresas que dicen llamarse “sociales” y que sólo buscan enriquecerse a costa del dinero público. No pocas de ellas presentan graves deficiencias en cuanto a estructura, dotación, higiene o salubridad. Muchas restringen injustificadamente la comunicación de los acogidos, reproducen contextos carcelarios o imponen medidas disciplinarias brutales, como el conocido caso del Hotel Ávila en Jerez.
  • La Junta de Andalucía deja sin escolarizar en muchas ocasiones a personas mayores de 16 años, aun conociendo las graves consecuencias que esto tendrá para el futuro desarrollo de sus vidas adultas.
  • Se utilizan pruebas biológicas de determinación de edad de cuestionable eficacia, primero porque no cuentan como patrón de comparación con una población de referencia de los países de origen y tienen un margen de error tan amplio que el azar puede hacer que un niño o niña se vea de la noche a la mañana en la calle. En segundo lugar, no ofrecen edad cronológica real, sino solo edad biológica estimada. Y en tercer lugar, no existe la posibilidad de desestimarlas ni siquiera cuando su resultado contradice abiertamente los datos administrativos de la documentación legal del joven.
  • La Junta de Andalucía actúa negligentemente prolongando en el tiempo los trámites burocráticos. De este modo, cada 1 de enero deja en la calle a cientos de jóvenes sin haber regularizado su situación administrativa, lo que les impide formarse o intentar acceder a un empleo. Esta situación se ve agravada además por la poca colaboración del gobierno marroquí en expedir los pasaportes de sus ciudadanos y ciudadanas, retrasando más todavía si se puede el trámite administrativo de regularización.
  • La única alternativa que la Junta de Andalucía vende como viable es la de la repatriación. Una repatriación que consiste en devolver al mismo país de donde huyeron, al mismo contexto de falta de derechos sociales, de protección y alternativas que pudieron motivar la migración, incluso cuando se trata de países que numerosos organismos internacionales han declarado como no seguros y en los que se vulneran los derechos humanos como práctica habitual.

Además, contribuyen conscientemente a divulgar mitos y bulos basados en datos falsos y alentar a la ciudadanía a que señalen al colectivo migrante como los responsables del recorte de derechos sociales y de los efectos de la situación de crisis-estafa endémica que se ceba con las familias empobrecidas. No nos dejemos engañar, no son las personas migrantes ni otros colectivos los responsables de que cada día nos enfrentemos a la pérdida de derechos o la precariedad absoluta impuesta; es la inacción de los responsables políticos que tienen el deber de garantizar los derechos de todos los seres humanos y lo que buscan es enfrentarnos entre nosotras. Nuestra solidaridad ante tantos y tantos ataques racistas y en especial el atentado al centro de protección de menores de Hortaleza.

Por todo ello, los colectivos concentrados aquí hoy; la delegación de Cádiz de la Asociación Pro Derechos Humanos, Voluntarios por otro Mundo de Jerez, la Red de Acogida de El Puerto de Santa María, la Red de Apoyo a Inmigrantes Dimbali y Asociación de Familias para el Desarrollo de Chiclana; exigimos al gobierno andaluz que cumpla la legislación internacional en protección de la infancia, que cumpla el principio de no discriminación, que establezca de una vez un sistema de acogida digno para menores que viajan sin referentes adultos y exigimos  soluciones de inclusión eficaces para la juventud extutelada.

Si la Junta de Andalucía no asume su responsabilidad con estos jóvenes, es obligación de la ciudadanía denunciar esta dejación de funciones y exigir que nuestros gobernantes cumplan los acuerdos internacionales y salir a la calle en defensa de estar personas cuyos derechos elementales están siendo ignorados por quienes tienen precisamente la obligación de preservarlos.

Las personas no son ilegales, sin embargo, nuestros gobernantes siguen realizando prácticas ilegales y además no muestran ni la voluntad ni la capacidad de dar respuesta al clamor que crece en las calles y por la ciudadanía. Basta ya de favorecer desde las instituciones las duras condiciones de precariedad, discriminación y actitudes racistas hacia la infancia y la juventud migrante.


Fotos: Jose Torres.

 

 

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