No somos el enemigo

Lorenzo Benítez, Periodista y miembro de APDHA
Falta de respeto y consideración a un agente de policía. Hasta 600 euros de multa. El Gobierno pondrá sanciones bajo esta ambigua infracción (leve) cuando entre en vigor la nueva ley mordaza, a punto de aprobarse después de un trámite meteórico ¿Pero qué es una falta de consideración? ¿Enseñar el orto? ¿Además de bajarnos los pantalones podrán multarnos por ello? ¿Sacar la lengua? ¿No cuadrarse ante un soldado que lleven a dar palos a una manifestación? A la vista de los entrenamientos que reciben unidades militares en Valencia para el “control de masas”, surgen inquietudes sobre el orden público que este Gobierno quiere imponer. Quieren tener la seguridad de encapsular a cualquiera, presunto culpable hasta que demuestre lo contrario frente al valor -que se le presupone- probatorio del testimonio de un policía. Pero sin pasar por un juez.
Pancarta (Copiar)La ley mordaza legitima la violencia del Estado en detrimento de libertades democráticas históricas como el derecho de reunión y manifestación o el derecho de expresión y a la información. Los gobernantes sin miedo no blindan a la policía frente a la población; no envilecen a la Guardia Civil, permitiendo esas palizas a los inmigrantes y la vulneración de la ley y los acuerdos internacionales en la valla de Melilla. Durante años han incumplido la ley de Extranjería y devuelven a los africanos en condiciones inhumanas a Marruecos. La inmigración como un asunto de la defensa de las fronteras, como una amenaza criminal o un estado de excepción, dando palos excepcionales a quien se atreva a saltar la valla. Por extensión también vigilan a quienes defienden y denuncian, publican o difunden, como es el caso de José Palazón (Prodein) y varios reporteros que trabajan en la frontera de Melilla. El Gobierno español quiere un enemigo exterior, silencio e impunidad.
Las democracias reales no reprimen los cambios y las protestas sociales. Se canalizan, se debaten, se votan. No las demonizan, como el PSOE y el PP intentaron criminalizar las acampadas pacíficas del 15M que han derivado en alternativas sociopolíticas que de nuevo hoy reciben injurias y calumnias, faltas de respeto y consideración. Estos insultos a los ciudadanos y a las libertades proceden de los mismos partidos que se entronizan como garantes de la seguridad ciudadana desde la corrupción. Estamos permitiendo que las libertades elementales queden en manos de las administraciones y la burocracia. Es decir, los políticos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que van a sustituir a los jueces en conflictos muy delicados. De manera que si no hay delito, que haya infracción. Represión y miedo.
Los reporteros, o cualquiera en su derecho, no podrán utilizar imágenes de los agentes cuando consideren que ponemos en riesgo su seguridad personal y familiar o una operación. Hay previstas multas de hasta 30.000 euros. Los agentes sí podrán identificar y filmar sin ser identificados, agredir sin ser vistos e insultar sin que nadie escuche. Y si alguien escucha, no tendrá el mismo valor probatorio. Todo sea por el interés general de la seguridad ciudadana. De la seguridad de encapsularnos. Cada uno en su sofá, cada cual a lo suyo, y ellos en lo de todos.
LOGO_DfD_online-01Defender a quien defiende nace porque ha crecido la impunidad. Para más información, se puede consultar el informe demoledor de Amnistía Internacional España, el derecho a protestar, amenazado.
http://amnistiainternacional.org/publicaciones/211-espana-el-derecho-a-protestar-amenazado.html
La coalición acaba de empezar con el apoyo de varias organizaciones de derechos humanos, colectivos sociales, expertos universitarios, juristas y comunicadores de Cataluña, Madrid, Euskadi y Andalucía. Entre ellas la APDHA. El objetivo principal es dar cobertura humana, legal e informativa a activistas, trabajadores, desahuciados, feministas, inmigrantes, sindicalistas, reporteros, portavoces vecinales o cualquier persona que sea víctima de un proceso de criminalización. Defender a quien defiende documentará las denuncias y creará un observatorio. Dentro de un año se publicará un informe que se presentará a instancias internacionales como la ONU. El 10 de junio 2014 se hizo público el informe del Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión, Maina Kiai, en relación con las comunicaciones enviadas y las respuestas recibidas en el último año. Entre ellas las del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, cuyo director, David Bondía, al igual que José Palazón, estarán en la Universidad de Cádiz en las jornadas que celebraremos el 14 y 15 de noviembre.
El Relator “refuta los argumentos esgrimidos por el Gobierno de que el Proyecto de Código Penal y el Anteproyecto de Ley Orgánica sobre la Protección de la Seguridad Ciudadana refuerzan el derecho a la libertad de reunión pacífica. Contrariamente, el Relator Especial considera que los proyectos de ley examinados apuntan a una vulneración de la propia esencia del derecho de manifestación al penalizar un amplio número de conductas inherentes al propio ejercicio de este derecho fundamental, originando una importante limitación en el ejercicio del mismo. El Relator Especial insta al Gobierno a asumir plenamente su compromiso de garantizar el goce efectivo de este derecho fundamental y a considerar una profunda revisión de ambos proyectos a la luz de las numerosas críticas presentadas por la sociedad civil”.
Se puede acceder al informe en el siguiente enlace: http://www.rightsinternationalspain.org/uploads/publicacion/7f6fd669354e3bd6c12f2443f4514dabdccfea73.pdf

Los comentarios están cerrados.