Daniel López Marijuán, de Ecologistas en Acción, nos ofrece una nueva colaboración con motivo de la Conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los actos previstos tienen su momento central el sábado 13 a las 12 con una Manifestación desde la Plaza de la Catedral de Cádiz
Nuevos derechos: por la justicia social y ambiental
Esta nueva conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por las Naciones Unidas en 1948, nos debe servir de aldabonazo para no bajar la guardia, ahora que asistimos a un intento descarnado por parte del gobierno del Partido Popular de pegar un tijeretazo mortal a los derechos sociales más básicos: vivienda, protección social, salud, cuidados,…
Los derechos que no se defienden, se pierden, por lo que la actividad de asociaciones como la APDHA es más necesaria que nunca. En el año 2000 la Organización de Naciones Unidad promovió los llamados Objetivos del Milenio, con ocho objetivos para alcanzar en 2015. A punto de llegar al final de este compromiso ¿podemos sentirnos satisfechos?
No y la prueba es que ya la ONU contempla para este mes de diciembre votar los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que reemplazarán a los que de manera insuficiente se habían planteado hace 3 quinquenios.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, de la que conmemoramos su 66º aniversario, proclamaba el reconocimiento de la “dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”. Son 30 artículos insuficientemente conocidos y aplicados. En ellos se protegen como derechos sociales básicos la vivienda, la salud, la educación, el trabajo y, en definitiva, la dignidad de todas las personas.
Sin embargo, la globalización capitalista que nos domina establece la prioridad de la acumulación del capital sobre la protección social y los derechos inalienables de las personas. El ajuste austericida que padecemos está incrementando hasta extremos asfixiantes la privación, la exclusión y la pobreza. Al primar el control del déficit y la estabilidad presupuestaria, la reforma express del artículo 135 de la Constitución española, perpetrado por el PP y el apoyo del PSOE, ha dejado en nuestro país la preservación de los derechos sociales básicos en papel mojado. Toda la “familia humana” debería tener asegurado el acceso a una vivienda digna, a servicios sanitarios, a educación responsable, a cuidados de personas dependientes, a un empleo satisfactorio. Son esos los derechos sociales que la sumisión de los malos gobiernos que nos sojuzgan está recortando de manera descarnada.
Pero es que además la degradación medioambiental agrava y acentúa todos estos problemas. La desigualdad social y las agresiones ecológicas son el legado de la élite que nos domina. El Cambio Climático, junto a la desigualdad social creciente y las graves repercusiones en nuestro entorno común, ya están devastando las vidas de millones de personas. No son solo los países desarrollados los que padecen las secuelas de agredir a la naturaleza, sino el llamado Tercer Mundo, el menos responsable de estas conductas, quien más está sufriendo sus secuelas. La riqueza genera expolio de recursos naturales y la pobreza genera deterioro medioambiental, sufrimiento y privación. Por eso, la actualización de los derechos humanos tiene que incorporar la justicia medioambiental, es decir la equidad para la satisfacción de las necesidades básicas de la persona. Todos tenemos que poder acceder a la electricidad, al agua limpia, al saneamiento, al aire sin contaminar, al paisaje sin residuos. No son lujos al alcance de los privilegiados, sino requerimientos básicos. No tener electricidad significa no poder disponer de vacunas. No tener acceso al agua potable es la seguridad de contraer graves infecciones. No disponer de letrinas y saneamiento de aguas fecales es cohabitar con gérmenes. Es intolerable que gran parte de la familia humana esté desprovista de estos servicios básicos.
Si realmente queremos hacer frente a esta crisis sistémica, necesitamos entender que la especie humana forma parte tanto de la naturaleza como de la sociedad, y que no puede existir sin ellas. Somos, al mismo tiempo, ciudadanos de diferentes países y de un sólo mundo.
Necesitamos una gran alianza de movimientos ecologistas, sociales, sindicales, agrícolas y de la sociedad civil para trabajar juntos en la lucha política diaria a escala local, nacional e internacional. Esa alianza implica al mismo tiempo la creación de una nueva mentalidad y nuevas formas de activismo social, para evitar el derroche al mismo tiempo que aseguramos el acceso universal a los derechos, bienes y servicios básicos. Ello implica cambiar las conciencias y modificar las políticas públicas. Todos estamos llamados para contribuir a este cambio.
