Políticos iluminados

También en la Asociación pro Derechos Humanos en Cádiz (APDHA) hemos estado asistiendo al eco mediático que provocaron las declaraciones de la ministra de educación hace unos días, donde afirmaba que la elección de la escuela por las familias no es un derecho recogido en la Constitución, y las consiguientes palabras de apoyo a dichas declaraciones del alcalde de Cádiz, Jose Mª González.
Ya era hora. Nos alegra ese ataque de sensatez de ambos políticos y de respeto hacia los derechos de la ciudadanía. Políticos iluminados por la razón, sin duda.
Y es que la defensa de los servicios públicos es una de nuestras señas de identidad como Asociación. Y no podemos permanecer en silencio. Desde nuestra sede en la barriada de la Paz asistimos cada curso escolar al desmantelamiento de los servicios públicos, y entre ellos y de forma dolorosa, al cierre de unidades en centros educativos públicos.
Por el contrario, son los países más avanzados de Europa los que hace tiempo que decidieron apostar de forma decidida por la escuela pública. El 81% del alumnado europeo acude a un centro público, en España sólo lo hace un 68%, lo que nos da una idea del camino que aún nos queda por recorrer.
En la APDHA defendemos la escuela pública como defendemos cualquiera de los servicios públicos (sanidad, educación, vivienda…) que garanticen el bienestar de la ciudadanía y sus derechos fundamentales.
La escuela pública es también el eje vertebrador de la sociedad, porque es la garantía en el acceso a la igualdad de oportunidades, porque además de proporcionar una formación de calidad, es integradora, intercultural e inclusiva, al no discriminar al alumnado por sus capacidades, por sus recursos económicos o por su origen, proporcionando valores como la convivencia, la equidad y la tolerancia.
Nuestra escuela integra alumnado con necesidades educativas especiales y es también constatable que es la que atiende a la mayoría de la población migrante
De otro lado, denunciamos la existencia de un tipo de educación concertada que discrimina al alumnado por su estrato socioeconómico y origen. Lo que choca frontalmente con la presunta “libertad de elección” recogida en las leyes.
Creemos que la educación no debiera estar en manos de confesiones religiosas, por lo que nos parece inadmisible que el Estado financie, y la Iglesia controle, a través de Escuelas Católicas, alrededor de seis de cada diez centros concertados que existen en España.
También nosotros, como el alcalde, respetamos la opción de las familias que quieran pagar una educación religiosa o que quieran una enseñanza para privilegiados, pero no con nuestros impuestos.
La APDHA, entendiendo que la educación es un derecho que no solo repercute individualmente en las personas, sino que tiene efectos estructurales en lo colectivo, apuesta por blindar a la escuela pública como herramienta de construcción social
Vaya nuestro apoyo más incondicional a los políticos que (cosa poco frecuente) se atreven dar la cara por los más débiles, por el dinero de todos y de todas. Una práctica poco habitual. Unos iluminados.

Antonio Lobato. Área de educación de la APDHA

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