Esta mañana Diego Boza (delegado de APDHA en Cádiz) y Talía Ardana (coordinadora del programa de prostitución) han presentado el Informe de APDHA-Cádiz haciendo balance de la aplicación de las Ordenanzas Municipales en el Puerto de Santa María para el colectivo de personas que ejercen la prostitución en esa localidad
Talía Ardana. Este modesto informe no es, contrariamente a lo que pudiera parecer, el resultado de un trabajo de investigación acotado en el tiempo en que se aprueba y comienza a aplicarse la ordenanza de convivencia en El Puerto de Santa María. Por el contrario, supone para la APDHA, y concretamente el grupo de trabajo de prostitución, el resultado de un compromiso adquirido en pro de los derechos de las personas que ejercen la prostitución, que comenzó en el 2002 y sigue hasta el día de hoy. En este sentido, no se trata de un análisis que pudiera presentar un equipo de investigación cualquiera, un informe objetivo y neutral que presenta una realidad a través de las cifras. El informe pretende aportar un análisis y una valoración de la ordenanza de convivencia que desarrolló el anterior gobierno local del Puerto, y que hoy sigue vigente, desde el compromiso con la defensa de los derechos de las personas más vulnerables y que, en este caso concreto, son las personas que ejercen la prostitución. Y para ello, desde la APDHA consideramos fundamental mostrar lo que existe tras las cifras del número de multas y sanciones, acercarse a la realidad de las personas e intentar dar a conocer qué significa para un colectivo al que nunca se le escucha el ser criminalizadas, multadas y sancionadas por ejercer un trabajo que, por un motivo u otro, es su medio de vida.
Cuando en el año 2011 se nos anuncia la intención del Ayto. de El Puerto de aplicar una ordenanza que, como la que se venía aplicando en otras localidades, pretendía atajar el conflicto que la prostitución de calle genera con los vecinos, a través de la versión más dura de las ordenanzas de convivencia (criminalizar y multar a las trabajadoras sexuales), pusimos en marcha todos los instrumentos legales y de presión social que teníamos a nuestra mano para frenarla: buscamos el apoyo de otras entidades, presentamos alegaciones al texto completo, salimos a la calle a denunciar este atropello, presionamos… pero en el 2012 se aprobó.
Desde entonces, hasta que a principios del 2014 llegó la primera multa, acompañamos a las trabajadoras sexuales en la angustia e incertidumbre que los agentes de policía estaban creando, más que informar/amenazar sobre la inminente imposición de multas, que mes a mes no llegaba. Pero llegó, y se estrenó con total brutalidad a través de una política de hostigamiento y desgaste dirigido esencialmente a las trabajadoras del sexo.
Entonces, la APDHA decide comenzar una ronda de negociaciones con el entonces concejal de policía, a las que asistieron trabajadoras sexuales como principales agentes. Negociaciones que giraban una y otra vez en torno a propuestas para alejarlas de las zonas urbanas a polígonos del extra-radio sin condiciones mínimas para que ellas pudieran trabajar. Fueron las propias trabajadoras las que, hartas de que lo único que importaba era su ocultación, dónde podían estar sin ser vistas, abandonaron las negociaciones.
Al mismo tiempo, desde la APDHA decidimos abrir una asesoría jurídica para buscar la forma de presentar recursos individuales a las sanciones que les llegaban a las trabajadoras sexuales, en un intento último por frenar el curso de las multas, pues lo contrario implicaría la muerte económica de un colectivo ya cebado por la crisis y la falta de derechos. Así fuimos haciendo un registro del número de multas que llegaban, de cuántas multas había llegado a acumular cada trabajadora, un registro de las actitudes de algunos agentes que acompañaban a las multas, la desesperación de las prostitutas, la indignación …Todo ello, mientras leíamos en la prensa local la denuncia de los vecinos en el sentido de que las ordenanzas no servían de nada y que no se multa a las prostitutas. Esto nos venía a demostrar que nadie sabía, nadie preguntaba, a nadie le preocupaba cómo estaba siendo realmente la aplicación de la normativa.
Por todo ello fue por lo que decidimos elaborar este informe, decidimos que era necesario dar voz a un colectivo que estaba siendo duramente castigado por una norma autoritaria, con altas dosis de arbitrariedad administrativa y policial, y poco o nada respetuosa con los derechos fundamentales de las personas.
Bajarse el documento en:
http://www.apdha.org/
