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Un Reglamento de Participación Ciudadana incluyente

Un artículo del Foro de Participación Ciudadana de Cádiz, publicado ayer en Diario de Cádiz.

El Artículo 23 de la Constitución Española proclama que «los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal», y algo muy parecido señala el Estatuto de Andalucía en su Artículo 30. O sea, que la participación ciudadana no se agota en la elección de representantes cada cuatro años sino que incluye la participación directa.

thEsa participación ciudadana directa adopta, en la segunda década del siglo XXI, muchas formas y expresiones. Están las asociaciones y fundaciones con una personalidad jurídica formalizada y con misiones más o menos permanentes, pero también abundan los colectivos no constituidos formalmente, aunque con legitimidad plena, y otras estructuras organizativas conformadas en torno a objetivos más circunstanciales y pasajeros, como las plataformas o las mareas ciudadanas, etc. Y por supuesto, existe una mayoría social no asociada ni organizada que, no por ello, pierde su derecho a participar directamente en los asuntos públicos. Eso, por no hablar de las redes sociales y las nuevas formas de participación que abre cada día la revolución tecnológica en la que estamos inmersos.

Entre las organizaciones ciudadanas están las Asociaciones Vecinales, que tienen una clara dimensión territorial y una misión vinculada a los intereses generales de los vecinos y vecinas de cada barrio. Su importancia, canalizando las reivindicaciones vecinales, fue clave en los años 80 y 90 del pasado siglo. Pero, a lo largo de estos años, hemos visto surgir, desbordando las demarcaciones territoriales, asociaciones y colectivos sociales en los ámbitos de interés más diversos: la juventud, las mujeres, el deporte, la cultura, el medioambiente, la educación, los derechos humanos, el consumo, la inmigración, la lucha contra el racismo, la cooperación al desarrollo, la diversidad sexual, las discapacidades físicas e intelectuales, las enfermedades raras, las drogodependencias, la exclusión social, la economía social y solidaria, etc., etc. La lista de esos campos temáticos sería interminable.

Sin menospreciar el papel de las Asociaciones Vecinales, sería insensato afirmar que éstas recogen hoy, de manera efectiva, todos los intereses y necesidades de la ciudadanía. Son entidades importantes, y pueden serlo aún más, pero es evidente que no agotan en sí mismas todas las formas de articulación de la participación ciudadana.

Es por eso que la elaboración de un Reglamento de Participación Ciudadana, que es el contrato social que se establece entre las instituciones municipales y la ciudadanía como marco regulador de ese derecho de participación directa en el ámbito municipal, debe incluir a todas las formas de organización de la ciudadanía y a quienes no están organizados, y debe de construirse de manera participativa, implicando a todos esos actores diversos, para que sientan como propias las reglas de juego de la participación ciudadana.

El proceso que hemos vivido en Cádiz los últimos meses, en torno a la elaboración de un nuevo reglamento, ha estado cargado de errores. Errores, especialmente por inacción, del propio equipo de gobierno municipal. Errores de quienes, seguramente cargados de buena intención, emprendieron un camino unilateral sin contar con el conjunto plural del tejido asociativo gaditano. Errores de ese mismo tejido, de nuestras propias asociaciones y colectivos, por no habernos movilizado con mayor agilidad y unidad ante cuestiones de tanta importancia. Errores de quienes alentaron la aprobación de un borrador claramente insuficiente a pesar del previsible enfrentamiento entre distintos actores que ello anticipaba.

El resultado es un conflicto de intereses, una situación de bloqueo o impasse que puede prolongarse indefinidamente, en medio de alegaciones y recursos, perjudicando a todo el tejido asociativo gaditano y a toda la ciudadanía, afectando a su derecho de participación directa en los asuntos públicos.

Pero creemos que todavía no es tarde y pedimos a todos los actores y sectores, y muy especialmente a los grupos políticos, que pongan todo de su parte para sacar de la disputa político-partidista esta cuestión fundamental, y para que medien y faciliten la elaboración participativa de un reglamento incluyente, que no deje fuera a nadie, que sea reconocido y aceptado por todos los sectores, que sea producto del consenso social.

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