Una situación de excepción en Ceuta y Melilla que permanece en el tiempo

Diego Boza. Delegado de la APDHA en Cádiz

Intervención en la reunión de la Red Euromediterránea de Derechos Humanos (REMDH) celebrada en Málaga el pasado 11 de abril.

Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía consideramos que cualquier análisis de la situación de Ceuta y Melilla debe partir de un hecho insoslayable. Ceuta y Melilla son la única frontera terrestre entre la UE y África. Por tanto, se trata de la frontera terrestre más desigual del planeta. No podemos olvidar que, según investigadores de la Universidad de Arizona según el criterio de Paridad Poder Compra la renta per cápita de la Eurozona es 17 veces superior a la del África subsahariana y que el PIB de España con 47 millones de personas es superior al de 53 países africanos con 1300 millones de personas.

La situación geopolítica de Ceuta y Melilla y sus peculiaridades sociológicas han propiciado la tendencia de los diferentes gobiernos de establecer una situación de excepción en Ceuta y Melilla. Podríamos hacer un repaso histórico desde los primeros movimientos tras la entrada en vigor de la Ley de Extranjería de 1985 y su aplicación con respecto a los marroquíes que vivían y trabajaban en ambas plazas.

En relación con los subsaharianos desde el año 1995 con los sucesos de las murallas de Angulo en Ceuta, la sedación para expulsar a subsaharianos en Melilla en el año 1996, la situación de Calamocarro en Ceuta durante un lustro… Son muchos los hechos sangrantes para el respeto de los Derechos Humanos que jalonan la historia reciente de Ceuta y Melilla.

Por tanto, no podemos hablar de una situación absolutamente novedosa sino de una situación que se ha intensificado en los últimos años. Ello debido a elementos de referencia trascendentales como la incorporación de España a la UE y la asunción de una política común que ha contribuido a construir una Europa fortaleza alejada e impermeable con respecto a sus vecinos africanos.

Las dificultades de acceso a la migración legal desde el África subsahariana a España, en particular, y a Europa en general así como el incremento en los controles para la migración marítima a partir de la instauración del SIVE y demás organismos de control del Estrecho de Gibraltar generan una mayor bolsa de personas que pretenden entrar en Ceuta y Melilla aunque, como se pudo observar en agosto del pasado año, la voluntad es la de entrar en Europa, independientemente de las vías.

Una situación que se mantiene en el tiempo y que recibe siempre la misma respuesta. En 1995, en 2005 y ahora, la solución ofrecida por los gobernantes, de Madrid o de Bruselas, es la de cada vez más vallas, cada vez vallas más altas. Vallas como ahora la que está construyendo Marruecos pagada con fondos europeos. No puede olvidársenos el perfil económico de la cuestión. De 2005 a 2014, según nuestros datos, se han gastado 33 millones de euros en la construcción de las vallas. Un negocio que seguro que ha enriquecido a algunos pero que no ha afrontado una solución respetuosa con los Derechos Humanos de la situación.

¿Qué caracteriza los hechos que están sucediendo en estos últimos meses? ¿Las muertes? No. Podemos irnos al año 2005 en el que entre agosto y octubre murieron al menos 16 inmigrantes tratando de entrar en Ceuta y Melilla.

¿Las devoluciones en caliente? Tampoco. En el año 2005 ya se documentó la expulsión-devolución de hasta 73 inmigrantes subsaharianos a Marruecos. Y en 1998 los propios policías locales denunciaron la práctica de devoluciones ilegales de menores transportados en camiones de pescado hasta la frontera con Marruecos.

Ni siquiera la institucionalización de las vulneraciones de derechos es novedosa. Es cierto que la reforma introducida por la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana en su Disposición Final Décima pretende dar cobertura a una práctica absolutamente ilegal y que contraviene numerosos instrumentos internacionales de protección de los Derechos Humanos que obligan a España. De hecho, tras la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Sharifi y otros contra Italia y Grecia caben pocas dudas de que la situación de excepción que el Gobierno español pretende instaurar resulta contraria a Derecho.

Pero como decía, en Ceuta y Melilla tenemos la institución de los CETI auténticos lugares de excepción en el que las personas migrantes permanecen de media períodos superiores a los 6 meses que determina la Directiva Retorno y donde, en los últimos años, se han documentado casos de indios que estuvieron retenidos en el CETI de Ceuta más de cuatro años, bangladesíes en Melilla cinco años o el de congoleños hasta tres años.

Quizá en respuesta a la pregunta anterior, lo que caracteriza la situación actual es que, por fin, se ha puesto el foco en esta cuestión. Se le comienza a prestar atención. En este sentido es especialmente relevante la aportación de las organizaciones que trabajan sobre el terreno como Pedagogía Ciudadana, Prodein o Elin que han contribuido a visibilizar la situación a nivel europeo.

Y también, por qué no decirlo, la participación de otras ONGs como APDHA, Andalucía Acoge, CEAR, la Coordinadora de Barrios, Ca-minando Fronteras y otras que han logrado que se sustancien procedimientos judiciales contra las vulneraciones de derechos que se han visto en los últimos meses, procedimientos que han encontrado la resistencia de los poderes españoles y que sólo siguen adelante por la insistencia de las ONGs. Como ocurre en el caso del proceso de las muertes de El Tarajal en el que nos hemos ido encontrando con multitud de obstáculos introducidos para evitar que se sustancien las correspondientes responsabilidades. La posición oficial que incide en la cosificación de estas personas que vienen del África subsahariana. Difícilmente podemos imaginar otra situación en la que la intervención de la Guardia Civil provoque 15 muertes y se salde sin investigaciones internas, con reticencias judiciales y con la fiscalía tratando de tapar el caso.

Por eso, hoy que tenemos un auditorio internacional, desde la APDHA queremos reclamar que se mantenga el interés y la atención en la situación de Ceuta y Melilla, en las vulneraciones que sufren los migrantes, en la situación de excepción que se viene instaurando en tales ciudades. Ese es el primer paso, necesario, pero no suficiente, para acabar con estas políticas que vulneran los derechos de los migrantes llegando incluso hasta matarlos.

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