La Pobreza es uno de los problemas más graves a los que se enfrenta nuestra sociedad. Además de una injusticia, es la expresión más perversa del sistema capitalista que la genera y la mantiene, haciendo a las personas que la sufren culpables de serlo. La Pobreza, según Luis Die Olmo en su artículo Dimensión Política (2006), no se limita meramente a la carencia o escasez de ingresos, sino que origina una serie de deterioros tanto de la persona, familia y de todo su entorno físico o material, como de sus relaciones personales y sociales, lo que acrecientala inaccesibilidad a los servicios públicos. Esta acumulación de problemas y deterioros, es lo que determina la gravedad de cada situación de pobreza y lo que hace que cada vez sea más difícil la lucha contra ella.
La propuesta estrella del gobierno para combatir y reducir los índices de pobreza en nuestro país fue la puesta en marcha del Ingreso mínimo vital (IMV), que, según la página oficial de la Seguridad Social, tiene como objetivo “ser una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia, y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas”. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha denunciado en reiteradas ocasiones la excesiva burocratización, el exceso de documentación y la brecha digital, como responsables del fracaso de la misma.
Cuatro años después de su puesta en marcha, la Seguridad Social está solicitando a las personas beneficiarias del IMV la devolución del dinero recibido por cobros indebidos (cuando una persona que no cumple los criterios establecidos recibe el IMV por error de la Administración, la persona beneficiaria tiene la obligación de reintegrar los fondos recibidos, a pesar de que el error no sea suyo). Otra razón que puede llevar a la devolución del IMV es que el beneficiario o su unidad familiar hayan superado el límite de ingresos anuales establecido por la normativa. La Seguridad Social, junto con la Agencia Tributaria, revisa los ingresos a través de la declaración del IRPF para verificar si la persona aún cumple con los criterios para recibir la ayuda. Si se descubre que los ingresos superan el umbral permitido, el beneficiario podría verse obligado a devolver la prestación. Estas revisiones se hacen con una demora de dos años, llegando en 2024 cartas de devolución de ingresos percibidos en 2022. Dicha situación genera un auténtico drama en la familia, ya que en muchos de los casos la notificación se hizo en tiempo y forma, el problema viene provocado por la tardanza en la gestión de los expedientes por parte de la Seguridad Social.
EL DEFENSOR DEL PUEBLO PROPONE LIMITAR LA OBLIGACIÓN DE DEVOLVER EL INGRESO MÍNIMO VITAL A HOGARES VULNERABLES
Es una forma de violencia institucional por cuanto impone y condena a un número muy elevado de personas, a vivir en condiciones de inseguridad y miedo, tanto en los tiempos de espera desde su solicitud y resolución (dos años) como en las revisiones de los expedientes, haciendo caso omiso a las notificaciones de cambios de circunstancias. La mala gestión de esta renta vital condicionada hace que las personas beneficiarias sumen una preocupación más a su situación, ya de por sí angustiante. Vivir con miedo a la perdida de sus únicos ingresos, o lo que es peor, a una devolución por cobros indebidos que les aboca a ser deudores de por vida, con las fatales consecuencias de ser herencia segura, generando así una cadena de transmisión para futuras generaciones.
La causa última de la Pobreza es la desigualdad, la no redistribución de la riqueza, de los recursos de todo tipo (vivienda, sanidad, educación, servicios sociales, empleo, formación, ingresos…). Culpar a las personas que sufren estas carencias y que acumulan situaciones de exclusión de los recursos, es siempre una defensa y una justificación de los que no son pobres para seguir tolerando las desigualdades y legitimar la injusticia, para que ésta favorezca a quienes acumulan la riqueza y sus privilegios, aunque esto produzca unas consecuencias terribles para un número cada vez más creciente de personas. (Luis Die Olmo, 2006)
Andalucía sigue liderando las encuestas de población en riesgo de pobreza de todo el estado español. 3,2 millones de personas de la población andaluza se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social, lo que supone un 37,5 % del total de habitantes de la región. La pobreza, mal endémico al que nadie pone soluciones, es la consecuencia directa de unas políticas socioeconómicas que favorecen la acumulación de recursos para unos pocos y una duda eterna para otros. Es la ferocidad del sistema sustentado en la especulación y lucro sin límites, que sólo vela por los grandes intereses privados, al tiempo que está asfixiando a miles de personas.
¿Qué pasará con la población más vulnerables, a partir del 1 de noviembre, con la retirada por parte del Servicio Estatal de Empleo (SEPE) de los subsidios como la Renta Activa de Inserción, destinada a desempleados con dificultades para reincorporarse al mercado laboral, y el Subsidio para personas liberadas de prisión, que buscaba facilitar la reinserción social y laboral de quienes habían cumplido condena? Además, se eliminarán el Subsidio para emigrantes retornados, el Subsidio para pensionistas con incapacidad revisada y el Subsidio Extraordinario por Desempleo (SED).
Si no hablamos de justicia redistributiva, impuestos progresivos para las rentas más altas, servicios públicos gestionados desde lo público, renta básica universal, trabajo estable y bien retribuido, parque público de vivienda en alquiler social, presupuestos centrados en recuperar los barrios más empobrecidos en vez de promover los privilegiados de siempre… entonces mantenemos un discurso que exonera a quienes acumulan la riqueza en detrimento de las personas que sufren la falta de recursos e ingresos básicos para la vida.
La complacencia con la que se trata el tema de la pobreza, bajo lemas que llaman a la solidaridad, a través de las fundaciones de grandes bancos, financieras y demás empresas privadas, con la complicidad de Estado (responsable último y principal de las situaciones de falta de derechos básicos y fundamentales), blanquea el expolio y la explotación de los bienes que todos generamos, además de ser adicionalmente beneficiarios directos de la privatización de los servicios públicos. La dejadez de los poderes públicos, en sus diferentes representaciones estatal/autonómico/local, para garantizar todos y cada uno de los derechos fundamentales, económicos y sociales para todas las personas, los hace responsables directos y autores materiales de la Pobreza.
No se trata de hablar de empatía o hablar de centrarse en la promoción de las personas más excluidas, se trata poner en marcha ya medidas drásticas y urgentes con el suficiente respaldo presupuestario que garanticen la reversión de una dinámica social que está fracturando nuestras ciudades en dos partes cada vez más incompatibles.
Referencia bibliográfica
Olmos, L. D. (2006). Dimensión política de la pobreza: reflexión sobre la responsabilidad pública en un contexto de desresponsabilización política. Barataria Revista Castellano-Manchega De Ciencias Sociales, 5, 51–88. https://doi.org/10.20932/barataria.v0i5.258
