Córdoba a 24 de noviembre de 2021.
La delegación provincial de la APDHA en Córdoba lleva más de 20 años prestando un servicio de asesoría jurídica gratuita destinado a la población de zonas con necesidades de transformación social de la ciudad, a las personas internas en el Centro penitenciario de Córdoba y sus familiares y a las personas sin hogar.
A través de este servicio se realiza un acompañamiento jurídico-social, con el que pretendemos que estas personas conozcan y puedan acceder a los recursos sociales, informativos y jurídicos existentes en nuestra ciudad, en muchos casos inalcanzables e inaccesibles para ellas. También se mantiene una línea de investigación sociojurídica a través de la cual se elaboran informes y estudios donde se analizan estas realidades y se plantean alternativas para su superación.
Este programa está apoyado por el Ayuntamiento de Córdoba a través de un convenio de colaboración con su área de Servicios Sociales, que tuvo una dotación económica de 12.000€ en 2020, destinados a sufragar los gastos de ejecución del proyecto “Orientación jurídica, social y laboral en los barrios de exclusión y en prisión”. Durante el año 2020 en el marco de este convenio se llevaron a cabo 250 atenciones en la sede de la APDHA en Córdoba, situada en la barriada de Moreras. A estas atenciones hay que sumar las 78 realizadas en el Centro Penitenciario de Córdoba. En el año 2021, el convenio de colaboración asciende a 13.000,00€, este importe está destinado a sufragar los gastos derivados de la ejecución del proyecto “Orientación jurídica, social y laboral en los barrios de exclusión y en prisión”. En lo que llevamos de año se han atendido a 92 personas, realizando 235 intervenciones con las mismas, y 21 personas atendidas en prisión con 33 intervenciones con ellos.
La APDHA valora positivamente que el Ayuntamiento de Córdoba, independientemente del color político de los diferentes equipos de gobiernos que se han sucedido, haya apostado por el mantenimiento de este servicio a la ciudadanía cordobesa más vulnerable durante dos décadas. No obstante, consideramos que sería importante revertir los recortes que sufrió este programa a partir de 2011, para poder garantizar una adecuada atención sociojurídica a todos/as los/as vecinos/as de nuestro municipio en riesgo de exclusión que puedan precisarla.
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