Se cumple un año sin asistencia jurídica penitenciaria en las prisiones andaluzas
Defensor del Pueblo Andaluz y colectivos de abogados y entidades sociales denuncian la situación límite en que se encuentran las prisiones andaluzas tras cumplirse un año sin asistencia jurídica y exigen la reanudación inmediata de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Gratuita en Andalucía.
Hoy viernes ha tenido lugar una rueda de prensa en las oficinas del Defensor del Pueblo Andaluz con motivo del aniversario de la suspensión de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (SOAJP) en toda Andalucía, en la que el Defensor del Pueblo Andaluz y representantes de la Plataforma Reanudación del servicio de Asistencia Jurídica Penitenciaria ¡YA! [1] han expuesto con desesperación la preocupante realidad que en la que viven más de 16.200 personas presas en la comunidad andaluza y que día tras día sufren graves recortes que atentan a sus derechos más básicos y fundamentales: defensa, salud, alimentación…
jos1é Chamizo ha intervenido en la rueda de prensa apoyando las reivindicaciones de las representantes de dos de los colectivos que forman parte de la Plataforma: la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y el Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (SOAJP) del Colegio de Abogados de Sevilla.
La situación de las personas privadas de libertad en las cárceles andaluzas
Maribel Mora, Coordinadora General de la APDHA, ha comenzado explicando que Andalucía es la Comunidad Autónoma con mayor número de personas presas, unas 16.200 de un total de 76.000. Entre el 70 y el 80% tienen problemas de drogodependencias que les han llevado a delinquir. Alrededor del 70% están en prisión por delitos relacionados con la drogodependencia (pequeños robos y tráfico de drogas a pequeña escala). En torno al 40% padecen algún trastorno mental y de la personalidad y sobre un 8%, enfermedades mentales graves.
Mora ha continuado señalando que “Una inmensa mayoría de las personas presas son personas que previamente han padecido situaciones de exclusión social: escasos o nulos recursos económicos, infravivienda, procedencia de barrios o zonas marginales, analfabetismo (un 1% de analfabetos totales y un 10% de analfabetos funcionales) o escasa formación básica, ausencia de formación o experiencia laboral, otros miembros de su familia en la cárcel… Con este perfil socio-económico, son pocas las personas que se pueden costear asistencia letrada mientras están en prisión. Sin embargo, más de 16.000 personas presas de los trece centros penitenciarios ordinarios y seis centros de inserción social andaluces están, desde hace un año, sin asistencia letrada para temas penitenciarios”.
La suspensión de los servicios de orientación y asistencia jurídico penitenciaria (SOAJP) se ha debido a una decisión política de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, excusándose en cuestiones formales que nada tienen que ver con la realidad.
“La administración autonómica, que tanto critica los recortes del gobierno central, priva a los más excluidos de este derecho básico. Segura y precisamente porque, por regla general, las personas excluidas no tienen voz y la vulneración de sus derechos no equivalen a votos. Es un recorte fácil, pero inmoral para un Gobierno que se dice de Izquierdas”, ha apuntado Maribel Mora.
Consecuencias de la suspensión de los SOAJP en Andalucía
Desde la APDHA también se ha puesto de relieve que “los colectivos sociales que trabajamos velando por que se cumplan los derechos humanos en las prisiones estamos completamente desbordados desde que hace un año se eliminó la asistencia del SOAJP. No podemos responder a la demanda porque no somos servicios profesionales ni un sustitutivo a lo que debe ser un servicio público. No tenemos capacidad y vemos con total preocupación cómo se deteriora a pasos agigantados el respeto por los derechos humanos en las prisiones y cómo derechos fundamentales como la vida y la salud se están viendo afectados considerablemente por los recortes y por la imposibilidad de poder ejercer el derecho a la defensa por parte de los afectados”.
La coordinación existente entre los servicios médicos de las prisiones con los servicios de salud del Servicio Andaluz de Salud es muy escasa desde que se suspendió el convenio de coordinación en esta materia por parte del Ministerio del Interior el pasado año. Los especialistas han dejado de acudir a las prisiones. Prisiones como la de Morón con unos 800 internos con enfermedades mentales no disponen de asistencia psiquiátrica, Los recortes están provocando que el Ministerio del Interior ponga ‘cupos’ para la prescripción de fármacos que le resultan caros y coloca a los enfermos en lista de espera para ser tratados según la disponibilidad presupuestaria. Se están eliminando las guardias de 24 horas del servicio médico y desde el 1 de enero algunas prisiones prescinden de los facultativos por las tardes. Las pérdidas de citas médicas por falta de conducción policial se están agravando, llegando en algunos casos, como la prisión de Sevilla I, hasta casi el 40%. La tensión en las prisiones está aumentando considerablemente y nos está llegando muchas denuncias que nos hacen percibir el aumento de autolesiones, de presuntos malos tratos, de intentos de suicidio, de falta de asistencia médica y muchas más sanciones.
La petición de ayuda jurídica de las personas presas es por hechos nada desdeñables: malos tratos, abusos en la utilización de cacheos con desnudo integral en los controles de drogas dentro de prisión, sanciones de aislamiento, pérdida de citas médicas con el especialista por falta de conducción policial padeciendo enfermedades graves (hemos llevado un caso con hasta 14 pérdida de citas en un año), excarcelaciones por enfermedades graves e incurables, falta de tratamiento de la hepatitis por falta de presupuesto, falta de expedición de medicamentos por falta de dotación presupuestaria, eliminación de tratamientos farmacológicos prescritos por el especialista…
“Las prisiones se van a convertir a este ritmo en la aplicación camuflada y extrajudicial de la pena de muerte. Tenemos la conciencia de que algo grave puede pasar y queremos dar la voz de alarma. Esta decisión de la Consejería de Justicia está agravando el absoluto y completo fracaso de la prisión o media resocializadora de las personas presas”, ha concluido Maribel Mora.
Argumentos de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía para la no reanudación de los SOAJP
Por otra parte, María jos1é González Rodríguez, Coordinadora del Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (SOAJP) del Colegio de Abogados de Sevilla, ha continuado señalando que la Consejería de Justicia e Interior desde el principio de este conflicto ha insistido, como medida para restaurar el servicio, en la imperiosa necesidad de que el Ministerio del Interior suscribiera el convenio tripartito que ha estado en vigor desde el año 2008 hasta el 2011, y que se encontraba pendiente de un informe del Ministerio de Hacienda.
El Ministerio del Interior ya se había manifestado en el sentido de que no era necesaria su participación en un convenio para la prestación de los SOAJP, ya que seguían vigentes los convenios bilaterales firmados con los colegios de Abogados y al amparo de los cuales se habían desarrollado sin ningún tipo de incidencias y con satisfacción por todas las partes desde el año 2001.
Pues bien, podemos ratificar – ha indicado María jos1é González- que el Ministerio del Interior ya ha contestado a esta cuestión en la queja planteada por APDHA en el Defensor del Pueblo de España, y ha hecho constar expresamente que no procede la emisión de ningún informe por parte del Ministerio de Hacienda, ya que se considera que la relación con los Colegios de Abogados para la prestación de los SOAJP ya está articulada mediante los convenios vigentes desde el año 2001, y que “se trata de un problema ajeno a la competencia de este Departamento sobre el cual debe pronunciarse la Junta de Andalucía, y, en caso afirmativo, suscribir el correspondiente instrumento convencional bilateral con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados”.
“Es decir, la Junta de Andalucía ya no puede utilizar este argumento como excusa y parapeto para continuar con el recorte o para definirlo correctamente con la eliminación de los SOAJP en toda Andalucía. La participación del Gobierno no es necesaria para reanudar el servicio”, ha concretado la Coordinadora del SOAJP del Colegio de Abogados de Sevilla.
Además, ha apuntado que “la pelota ahora sí que está en su tejado. Lo único que tiene que hacer la Consejería de Justicia es conveniar la financiación con los Colegios de Abogados directamente, ya que no hay ningún problema para ello, de ningún tipo, tal y como no lo hubo para financiar los SOAJP durante los ocho años que se desarrollaron bajo el amparo único de los convenios bilaterales».
El servicio que se presta desde los SOAJP es fundamental y principal, y se realiza una prestación que no se ofrece desde ninguna otra instancia: ni desde el cuerpo de juristas-criminólogos de la Administración Penitenciaria, con funciones claramente diferentes y enumeradas taxativamente en el artículo 281 del Reglamento Penitenciario, ni, como es obvio, desde el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, desde el Fiscal de Vigilancia Penitenciaria, ni como último reducto desde el Defensor del Pueblo Andaluz con falta de competencias en materia penitenciaria.
Si los SOAJP desaparecen, la población privada de libertad se queda sin ningún tipo de asistencia, incluyendo la defensa y atención jurídica especializada en materia penitenciaria, y todo ello, unido a la realidad de la población reclusa, a la urgencia de los plazos procesales (en derecho penitenciario, la mayoría, entre tres y cinco días) y al desconocimiento del recluso acerca de sus derechos y del modo de hacerlos efectivos, colocan a la persona presa en una situación de indefensión y desigualdad a todas luces anticonstitucional.
Para concluir se ha informado que, en línea y apoyo a las reivindicaciones de los colectivos de la Plataforma Reanudación del servicio de Asistencia Jurídica Penitenciaria ¡YA!, el grupo parlamentario de IU ha solicitado la comparecencia del Consejero de Justicia el martes 28 de mayo en la Comisión de Justicia. Asimismo, el grupo parlamentario del PP ha tramitado una Proposición No de ley exigiendo al Consejo de Gobierno que financie de manera inmediata los SOAJP en Andalucía, que será votada en dicha comisión.
Y paralelamente a esta rueda de prensa, ha tenido lugar un acto de calle en el que abogados y abogadas ataviados con sus togas y acompañados por colectivos sociales, han permanecido en la Plaza Nueva haciendo oír sus reivindicaciones y recogiendo firmas de adhesiones.
Toda la información de la campaña en www.reanudacionsoajp.es
[1] Letrados del Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria del Colegio de Abogados de Sevilla, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Grupo 17 de Marzo-Sociedad Andaluza de Juristas, Federación Andaluza Enlace, Liberación-Federación Provincial de Asociaciones de Drogodependencias de Sevilla
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