- La entidad considera que la libertad de expresión debe prevalecer frente a intentos de criminalizar el debate político sobre racismo institucional y actuación policial
Andalucía, 14 de mayo de 2025. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) valora positivamente la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de inadmitir a trámite la querella presentada por la Fiscalía contra el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, por supuestas injurias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación con sus declaraciones tras la muerte de Mamouth B., joven migrante fallecido durante una persecución policial en Sevilla.
La entidad considera que la resolución judicial supone un importante aval a la libertad de expresión y al derecho de crítica política. Recuerda que, como ha reiterado tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), las expresiones que pueden resultar ofensivas o molestas no pierden por ello su protección cuando se enmarcan en un debate público relevante.
Desde la APDHA se subraya que términos como “violencia policial” y “racismo institucional” no son insultos ni descalificaciones gratuitas, sino conceptos ampliamente utilizados en el análisis de políticas públicas que afectan a colectivos vulnerables. Estas expresiones forman parte del lenguaje político y académico para describir situaciones estructurales de discriminación y prácticas represivas desproporcionadas, particularmente hacia personas migrantes, racializadas o en situación de pobreza. Criminalizar el uso de estos términos supone no solo un ataque a la libertad de expresión, sino también una negación de realidades sociales ampliamente documentadas.
Según ha expresado la APDHA, resulta preocupante que se haya pretendido emplear el Derecho penal para castigar opiniones políticas formuladas en el marco de un acto de protesta. En este sentido, la organización denuncia que la actuación del Ministerio Fiscal constituye lo que puede calificarse como un caso de libertinaje penal, parafraseando la propia expresión utilizada en la querella al referirse a las declaraciones del diputado.
Desde la APDHA subrayan que las declaraciones del diputado no tenían como finalidad injuriar a la Policía Local, sino denunciar una situación estructural de represión hacia la venta ambulante ejercida por personas migrantes, y exigir transparencia en torno a los hechos. “No podemos permitir que se penalice la expresión pública de demandas de justicia social”, sostienen desde la organización.
La asociación advierte de que querellas como ésta pueden generar un “efecto desaliento”, inhibiendo la denuncia de abusos por parte de representantes públicos y ciudadanía. “En democracia, criticar a las instituciones no es delito, es un derecho fundamental”, concluye la APDHA.
