Ana Rosado pertenece al Área de Migraciones de la APDHA
Dice el artículo 13 DUDH que “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”.
Sería conveniente que los Estados y quienes gobiernan, responsables y garantes del cumplimiento de estos derechos, definan claramente a quienes consideran personas y como tales sujetos susceptibles de este derecho universal.
Al analizar nuestra frontera sur es lamentable comprobar que, para los Estados europeos, quienes no han nacido en un determinado territorio y no responden a un determinado perfil étnico y nivel socioeconómico no son consideradas personas de pleno derecho. De hecho, no hay más que hacer un recorrido por los últimos 20 años de políticas migratorias (y concretamente este 2018) y escuchar sus discursos perversos e intencionados que legitiman estas políticas migratorias.
Primero habría que hacerlas ilegales. Nuestra ley de extranjería establece una serie de requisitos para poder migrar de forma legal: sólo son bienvenidas todas aquellas personas que sean “útiles” y “necesarias” para nuestra economía. Hablemos por ejemplo de los “contingentes”, como las temporeras en los campos de Huelva o de cómo lo intentaron de forma legal y ordenada Samuel y Veronique, perdiendo la vida en el Estrecho al habérseles denegado el visado -una autorización plasmada en un papel- por razones humanitarias.
También criminalizarlas. Se establecen acuerdos con países de origen o tránsito que claramente vulneran los derechos humanos de forma sistemática. Estos acuerdos económicos se denominan “acuerdos contra la inmigración ilegal, terrorismo o tráfico de armas” o de forma cínica “cooperación de ayuda al desarrollo”. En estos convenios se invierten grandes cantidades de dinero que se destinan a impedir el acceso a personas por un punto habilitado -aeropuertos, puestos fronterizos o puertos marítimos-. En lugar para paliar la desigualdad y que de alguna forma se repare la deuda histórica con los países africanos tras siglos de expolio y explotación de sus recursos naturales, las “ayudas” de esta “cooperación” van destinadas a encerrar a los migrantes en macro prisiones, a realizar grandes redadas en las viviendas o campamentos donde malviven o a ejecutar traslados masivos utilizando la violencia más cruel.
Luego etiquetarles de violentos. Les impiden el acceso por puntos habilitados y se levantan muros y vallas con todo tipo de artilugios y cuchillas. Legalizan prácticas ilegales, condenadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y que sean otros u otras las que “asuman” el cuerpo a cuerpo para “protegernos” de las no personas. Como Nana Roger Chimi, Larios Fotio, Ousman Kenzo, Armand Ferdinand Souop, Daouda Dakole, Blaise Fotchin, Oumar Ben Sandra, Jeannot Flame, Yves Martin Bilong, Keita Ibrahim, Youssouf, Bikai Luc firmin y Samba. 14 personas que perdieron la vida el 4 de febrero de 2014 en la frontera de El Tarajal, Ceuta.
Pero aún así siguen viniendo. Entonces habrá que tratarlos como una amenaza. Se les presentará como una oleada, una invasión… como una masa descomunal en la que se mezclan buenos y malos: aquellos que huyen de la barbarie y que buscan la protección de occidente o aquellos que suponen un peligro para nuestra seguridad, economía y nuestros valores culturales y sociales. Pero sobre todo se les presenta como unos desalmados -además de delincuentes organizados- que se enriquecen a costa del sufrimiento de sus propios hermanos y hermanas, porque les cobran un mínimo de 25 veces más de lo que cuesta un billete de ferry metiéndolos en juguetes infantiles.
Y habrá que despojarles de toda dignidad haciéndoles dormir a la intemperie en las cubiertas de los barcos de salvamento, hacinadas o sin mantas limpias y con ropas mojadas, separando a las familias… con la excusa de que además “consumen” recursos institucionales que pagamos con impuestos las si personas.
Y no hacer nada, invisibilizándolas y vulnerabilizándolas. En el estado español no existe un sistema de acogida: se les detiene, identifica y expulsa violando en la mayoría de las ocasiones la legislación internacional. No se garantiza la asistencia jurídica ni la traducción, se les retiene en cárceles para extranjeros en condiciones infrahumanas como en el CIE de Algeciras, en prisiones como la Archidona que fue utilizada en 2017 para detener a 572 personas y que le costó la vida a Mohamed Bouderala, o en espacios no habilitados como casetas de feria, pabellones polideportivos o naves industriales. Todo ello sin haber cometido ningún delito y excediendo el tiempo legal permitido.
O se las deja en la calle con una orden de expulsión o devolución entre los dientes, con una mano delante y otra detrás o se les expulsa en vuelos concertados con agencias europeas, como el que le costó la vida a Osamuyi Aikpitanyi en 2007. Y todo por haber cometido una falta administrativa, la de no acceder a nuestro país por un punto habilitado.
No son consideradas personas porque no tienen derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un estado ya que se enfrentan a diario a la violencia que ejercen los Estados a través de las identificaciones por perfil racial o redadas, como por ejemplo la que provocó la muerte a Mame Mbaye este 2018.
Entonces todas ellas no serán personas. Serán un cuerpo, un número o una palabra en una lápida. Más de 8.000 personas han perdido la vida intentando llegar a España en 30 años en el Estrecho y el Mediterráneo y otras miles más han perdido su vida en el camino.
Un Estrecho, un Mediterráneo y una Frontera Sur que son testigos de la desidia e inacción de nuestros gobernantes, del miedo, de la desesperación, de la tragedia… pero también de los #Bozza, de la alegría. Este 2018 ha sido testigo de la solidaridad y de la empatía de una ciudadanía y de algunas administraciones que si hemos asumido que todas las personas nacemos iguales en dignidad y derechos, y que esos cuerpos que nos devuelve el mar, son personas y por lo tanto, seguiremos para que no se sigan vulnerando sus derechos.
