La Mesa de la Represión muestra la situación en la provincia de Cádiz

El acto, organizado por Defender a quien Defiende, se ha celebrado con la vista puesta en la futura entrada en vigor de la llamada Ley Mordaza

Jorge Luis Alonso. Ayer día 4 de junio se celebró en el antiguo Cuartel La Bomba la Mesa de la Represión organizada por la plataforma Defender a quien Defiende, en la que está integrada la APDHA, con la colaboración de Accion Social y Solidaria de la UCA y el Grupo Valcárcel. El objetivo de la conferencia ha sido dar voz a aquellas personas de la provincia que han sufrido de alguna manera la represión por parte de las fuerzas del orden, así como ofrecer información acerca de las implicaciones represivas que traerá consigo la entrada en vigor de la Ley Mordaza el próximo 1 de junio y consensuar posibles líneas de actuación y protesta. Cabe destacar que la Ley Mordaza no es el único problema, pues el gobierno ha dispuesto de toda una serie de medidas en el ámbito judicial – como por ejemplo, la prisión permanente revisable o la subida de las tasas judiciales- que han servido cada vez más a perpetuar la indefensión del ciudadano y la criminalización de las protestas.

Con el fin de mostrar casos concretos ocurridos en la provincia de Cádiz, han participado en la mesa personas y representantes de colectivos que han sufrido en sus carnes la represión por parte de instituciones y las fuerzas de seguridad del estado. Estos han sido: Raúl Láinez de Valcárcel Recuperado, el activista Lorenzo Jiménez, Mamén Sánchez de ARECA (Grupo de apoyo contra la represión en Caulina), el periodista Natanael Bello, Lola Rodríguez, madre de Ciro Moreno -que está condenado a tres años por su participación en la manifestación “Aturem el Parlament” y el profesor Antonio, que ha sufrido un expediente por denunciar situaciones irregulares en su centro educativo.

El acto comenzó pasadas las 18.30 h con el visionado del documental Valcárcel Amordazado, que ha servido de introducción para la primera intervención. Raúl Laínez ha sido el encargado de representar al colectivo Valcárcel Recuperado, que en junio de 2011 llenó de vida el histórico edificio tras una década de abandono y lo recuperó para el conjunto de la ciudadanía. Durante meses Valcárcel dio cobijo a todo tipo de actividades sociales como talleres o asambleas, hasta que en enero de 2012, en el que fue el primer acto del “año del Bicentenario de la Pepa y las libertades” recuerda Laínez con amarga ironía, la policía lo desalojó. Cuatro años después de aquello el antiguo hospicio sigue abandonado. El segundo acto del doce fueron la brutal carga policiales en la Facultad de Filosofía y Letras tras la lectura de un comunicado de protesta en una conferencia impartida por el juez Grande Marlaska en la facultad de Filosofía y Letras.

Los hechos sucedidos han desembocado en varios acciones judiciales aún pendientes de resolver. Por un lado, la denuncia a la policía fue rebajada en el juzgado de delito a falta, por lo que se consideró prescrita, hecho está en proceso de recurrirse en la Audiencia Provincial. Por otro lado, quedan pendientes otros dos juicios: uno por la ocupación de Valcárcel, que se celebrará el próximo 1 de julio y en el que hay cinco imputados, y otro a dos personas detenidas tras la protesta en Filosofía y Letras a los que se le acusa de “resistencia pacífica”. “Si la resistencia pacífica de por sí es un delito, ¿que es lo que te queda?” se lamenta Laínez en este sentido. Mientras tanto, insistió, cuatro años después el edificio de Valcárcel continúa abandonado.

El siguiente en intervenir fue el activista y miembro del 15-M Lorenzo Jiménez que tuvo que hacerlo desde su casa a través de plataformas digitales al encontrarse en arresto domiciliario de diez días por colocar y negarse a retirar una pancarta que rezaba “nadie sin hogar” en la fachada del Ayuntamiento. Jiménez, que se hizo conocido tras denunciar durante su intervención en el pleno que “el Ayuntamiento de Cádiz es uno de los más corruptos del estado español” tras destapar una serie de irregularidades cometidas por el Ayuntamiento en la concesión de las pantallas LED, quiso hacer una reflexión en su intervención en la que instó a todos a adoptar una “actitud de confrontación no violenta ante las leyes injustas” e incidió en la necesidad de una “respuesta organizada y contundente para que el poder no siga reprimiendo”.

Tras la intervención de Jiménez, tomó la palabra Mamen Sánchez del Grupo de apoyo contra la represión en la Caulina. Sánchez se refirió a los hechos sucedidos en Jerez el 30 de septiembre de 2011 cuando la policía actuó con extrema dureza hacia un grupo de personas que intentaban impedir de una manera pacífica el desalojo de su casa de una familia. “La gente vomitaba, perdía el conocimiento. Fue un horror” recuerda Sánchez. El incidente, cuyas crudas imágenes se pudieron ver en toda España gracias a la presencia de varias cámaras de televisión, se saldó con 11 detenidos -uno de ellos mientras protestaba en la puerta de la comisaría donde habían conducido al resto-. Casi cuatro años después de aquello, el proceso judicial sigue abierto con los detenidos acusados de desobediencia, resistencia a la autoridad y organización.

Sin duda, el caso más curioso es el del periodista Natanael Bello, el siguiente en tomar la palabra. El mismo define su historia como “absurda”. Tal y como él mismo cuenta, una madrugada se dirigía a su casa cuando, a mitad del camino, se detuvo a descansar frente al pájaro-jaula a leer las inscripciones del monumento. Fue entonces cuando dos agentes de policía le requirieron la documentación. Bello tardaba en encontrarla, por lo que fue interpelado por uno de los agentes con palabras como “¿qué pasa, no te quieres identificar?” o “¿tú, qué me estás vacilando?”. Ante este comportamiento, el periodista le pidió el número de placa al agente, hecho por el que fue reducido, golpeado y metido a la fuerza en un coche patrulla. Los policías se comportaron como “los matones de mi barrio” según Bello, que recibió un rodillazo en la cara tan sólo por advertir a los agentes que tomaba anticoagulantes. A partir de ahí, el joven periodista entró en estado de shock y permaneció durante cinco horas abandonado en el calabozo de la comisaría antes de que una ambulancia lo trasladase con gotero al Hospital. A día de hoy, Bello sigue acusado de falta grave por “negarse a identificarse”.

La siguiente intervención corrió a cargo de Lola Rodríguez madre de Ciro, jerezano afincado en Barcelona, que ha sido condenado a tres años por su participación en la movilización “Aturem el Parlament” que en junio de 2011 intentó evitar la entrada de los parlamentarios catalanes que aquel día aprobaron los primeros recortes en sanidad y educación. Junto a él, hasta un total de 19 personas han sido juzgadas por su presencia en la manifestación. Aunque a priori la Audiencia Nacional los absolvió, el Supremo a condenado a ocho de ellos con hasta tres años de prisión, una decisión que va a ser recurrida al Tribunal Constitucional y, según ha reconocido la madre, puede llegar incluso a Europa de ser necesario. Según Rodríguez, lo que el Supremo y el Gobierno pretenden es darles “un escarmiento” puesto que “son personas que se han movido en acciones sociales”. La madre de Ciro también reconocer su preocupación por que “te castiguen y te metan en prisión por defender lo que crees”, aunque afirma que este caso les ha dado “más fuerza y ganas de luchar”.

Por último, tomó la palabra el profesor Antonio Vico que expuso su caso en el que ha sufrido presiones -como cambios en la programación de su asignatura a mitad de curso- por parte del colegio IES Fernando Aguilar Quignon y la Delegación de Educación, que le llegó a advertir que “cuidado con las denuncias que hacía porque le podían traer problemas”. Todo ello por denunciar una serie de infracciones cometidas en el centro, tales como una serie de compras irregulares y la adjudicación de unas licitaciones a personas cercanas al director del colegio. Por todo esto, Vico ha sido suspendido por dos meses por la consejería de Educación de la Junta -sanción que acaba de finalizar- y el centro le ha abierto un expediente por supuestamente pasar un software pirata a los alumnos, decir que el colegio desea que no siga dando clase y sus denuncias. Por ello, el caso ha llegado a la justicia.

Tras las intervenciones, se produjo el turno de preguntas y respuestas y el debate acerca de la Ley Mordaza que va a cambiar la situación actual, ya de por sí restrictiva como se puede intuir de los hechos narrados, y cercenar aún más nuestros derechos y libertades individuales al legalizar conductas de las fuerzas del orden actualmente consideradas delictivas. Unas conductas que, desgraciadamente, ya estaban produciendo antes de la aprobación de la Ley.

Por ello, se han tratado de recoger propuestas para hacer una oposición consensuada ante la injusta Ley en la que participaran todos los colectivos sociales. En este sentido, desde la APDHA, propusimos la idea de organizar “una fuerte movilización” el 30 de junio, día previo a la entrada en vigor de la citada Ley, apoyando además a los compañeros de Valcárcel Recuperado que tendrán el día siguiente el juicio por la ocupación del inmueble.

Ver fotografias del acto en la pagina FB de la APDHA Cádiz:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.844783228904066.1073742105.116831095032620&type=1

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