El pasado sábado, convocada por la Coordinadora CIEs NO de la provincia de Cádiz, una marcha recorrió la localidad de Algeciras, desde la antigua cárcel franquista que sirve de Centro de Internamiento para personas extranjeras hasta el nuevo CIE de Botafogo, que se ubica junto a otros dos centros de carácter penitenciario. ¿Una simple casualidad?
Durante la marcha se han recorrido diferentes instituciones y espacios vinculados a las políticas migratorias, tales y como son la comisaría, el Ayuntamiento, los juzgados, la antigua cárcel de La Piñera y las instalaciones del nuevo CIE, un edificio nuevo que pretende ser usado para privar de libertad a más de 500 personas.
El coste del nuevo CIE, sufragado a través de nuestros impuestos y de fondos europeos, se eleva por encima de los 30 millones de euros. ¿Acaso no había otras prioridades en la provincia de Cádiz y en la comarca del Campo de Gibraltar para invertir ese dinero?
El nuevo CIE es fruto del empuje entusiasta del Ministerio del Interior, tanto con el PP, con Juan Ignacio Zoido a la cabeza, como durante la época del PSOE, siendo Grande-Marlaska ministro del Interior. Y tampoco podemos olvidar el apoyo a la iniciativa del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, quien ha vinculado reiteradamente delincuencia y migración, por más que la correlación entre ambas variables no se sustente según todos los datos y estadísticas oficiales.
El CIE de Botafuegos en Algeciras será el mayor centro de internamiento de personas migrantes del Estado, con capacidad para 507 personas. Si tenemos en cuenta que el total de plazas en los CIE de Madrid, Barcelona, Murcia, Valencia y del antiguo centro de Algeciras es de 1142, el nuevo CIE de Algeciras supone un incremento del 43,40% del total de plazas existentes en la península en la actualidad. Se trata de uno de los centros de internamiento más grandes de toda Europa. En este CIE se podrá internar a familias al complejo, a mujeres e incluso a personas con discapacidad.
El Centro de Internamiento de Extranjeros existente en la comarca del Campo de Gibraltar desde 1991 ha pasado por distintos espacios, desde locales del puerto de Tarifa, comisarias, viejos cuarteles como el de la Isla de las Palomas en Tarifa y polideportivos, hasta llegar a la antigua cárcel de Algeciras, donde se ha ubicado hasta ahora. Hoy la Unión Europea, a través del Pacto Europeo de Migración y Asilo aprobado recientemente, recorta los derechos de las personas migrantes y refugiadas, las criminaliza, priorizando el cierre de fronteras, y, se las obliga a jugarse la vida debido a la ausencia de vías legales y seguras para migrar.
A través de fondos transferidos a terceros países, se financia la vulneración de derechos fuera de nuestras fronteras, como sucede por ejemplo en los centro de detención de Turquía y Albania, o como consecuencia de la violencia en territorios de tránsito cómo Libia, Argelia o Marruecos, entre otros.
Emigrar no es un delito, es un derechos reconocido por el Artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Por el cierre de los Centros de internamiento para Extranjeros. CIE NO
