- Un hombre de 29 años ha fallecido en un incendio que ha destruido 20 chabolas y cuyas causas aún se desconocen
Huelva, 28 de septiembre de 2026. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) expresa su profundo pesar por el fallecimiento de una persona migrante en el incendio registrado el pasado sábado 26 de septiembre en el asentamiento de infraviviendas situado en el Polígono San Jorge, en Palos de la Frontera.
El fuego afectó a cerca de una veintena de chabolas y se cobró la vida de uno de sus residentes. Las causas del incendio todavía se desconocen y deberán ser determinadas por la investigación correspondiente.
Desde APDHA queremos trasladar nuestras condolencias a la familia, amistades y comunidad de la persona fallecida, así como nuestra solidaridad con todas las personas que han perdido nuevamente sus viviendas y pertenencias.
Pero, sobre todo, queremos recordar que esta muerte no puede ser contemplada como un hecho aislado.
El incendio del pasado sábado es un episodio más de una sucesión de incendios que durante años han afectado al asentamiento de San Jorge.
En 2019, un joven de 23 años perdió la vida en un incendio en el asentamiento de San Jorge. La propia APDHA recogía ya este fallecimiento en su informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2025, señalando que los incendios en los asentamientos habían provocado entonces tres muertes: la del joven de San Jorge y la de una pareja en el asentamiento El Bosque, en 2021.
En febrero de 2021, un incendio de grandes dimensiones afectó al asentamiento de Palos. En aquel momento se estimaba que al menos unas 700 infraviviendas estaban contabilizadas en el asentamiento y que casi la mitad resultó afectada por el fuego. Numerosas personas tuvieron que ser desalojadas y, aunque no se registraron personas heridas, las pérdidas materiales fueron enormes.
En mayo de 2023, un nuevo incendio en una zona de infraviviendas de Palos provocó el desalojo de 120 personas. Una persona resultó herida leve con quemaduras en los brazos y tuvo que ser trasladada a un centro de salud.
Y apenas unos meses después, en septiembre de 2023, el fuego volvió a arrasar San Jorge. En aquella ocasión ardieron alrededor de 200 chabolas. Varias personas sufrieron cortes y quemaduras leves.
La situación volvió a repetirse en 2025. El 21 de septiembre, un incendio destruyó alrededor de 70 chabolas en San Jorge, dejando a decenas de personas sin vivienda, documentación, dinero y pertenencias. APDHA denunció entonces públicamente la desatención institucional y reclamó alternativas habitacionales dignas y seguras.
Menos de tres semanas después, el 9 de octubre de 2025, un nuevo incendio afectó a entre 50 y 60 chabolas del mismo asentamiento. Una mujer de 46 años tuvo que ser atendida por una crisis de ansiedad. Era el segundo incendio en menos de un mes.
Y en julio de 2026, volvimos a asistir a un nuevo incendio en San Jorge. El fuego comenzó la noche del 6 de julio, alrededor de las 22:30 horas, y fue extinguido aproximadamente a las 2:15 de la madrugada. En esta ocasión no hubo personas heridas y todavía no se había podido determinar el número de chabolas afectadas ni las causas del incendio.
Desde APDHA denunciamos entonces que, una vez más, decenas de personas habían perdido sus escasas pertenencias y que la regularización administrativa no podía ser la única respuesta, porque disponer de documentación no garantiza por sí mismo el acceso a una vivienda digna.
Ahora, apenas dos meses y medio después, tenemos que lamentar una muerte.
La sucesión de incendios sufridos por San Jorge durante los últimos años debería haber sido suficiente para que las administraciones actuaran de manera decidida.
No estamos ante una situación desconocida.
Las administraciones conocen la existencia de estos asentamientos, conocen las condiciones en las que viven las personas que los habitan y conocen los riesgos derivados de unas infraviviendas construidas, en muchos casos, con plásticos, madera y otros materiales altamente inflamables.
También conocen la ausencia o precariedad de servicios básicos como el agua, la electricidad y el saneamiento, así como las dificultades que estas condiciones generan para la prevención y actuación ante una emergencia.
Lo que ocurrió el sábado no puede reducirse a un incendio más.
Cuando un mismo asentamiento sufre incendios una y otra vez durante años y las condiciones que hacen posible que estos siniestros tengan consecuencias tan graves permanecen, resulta imprescindible hablar de un problema estructural.
Los servicios de emergencia actúan cuando las llamas comienzan. Bomberos, servicios sanitarios, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y organizaciones sociales realizan una labor imprescindible.
Pero la respuesta institucional no puede comenzar cuando arden las chabolas y terminar cuando se apagan las llamas.
La prevención, la vivienda y la garantía de derechos también son responsabilidades de las administraciones públicas.
Una responsabilidad que no puede seguir diluyéndose
Desde APDHA exigimos al Ayuntamiento de Palos de la Frontera, la Diputación Provincial de Huelva, la Junta de Andalucía y el Gobierno central que asuman sus respectivas responsabilidades y establezcan una respuesta coordinada, estable y dotada de recursos suficientes.
No podemos seguir asistiendo a una dinámica en la que cada incendio genera una respuesta de emergencia y, una vez superada la emergencia, las personas afectadas vuelven a quedar expuestas a las mismas condiciones de precariedad.
Los incendios de San Jorge no son una sorpresa.
Hay una trayectoria documentada de incendios y afectaciones que se remonta, al menos, a 2019. En los últimos años, las llamas han destruido cientos de infraviviendas y han obligado reiteradamente a cientos de personas a abandonar temporalmente sus hogares.
Y ahora una persona ha perdido la vida.
Las distintas administraciones no pueden continuar trasladándose unas a otras la responsabilidad de solucionar una realidad que requiere precisamente lo contrario: coordinación y voluntad política.
Regularizar no basta: hay que garantizar derechos efectivos
Desde APDHA hemos defendido la importancia de la regularización administrativa de las personas migrantes. La posibilidad de acceder a una autorización de residencia y trabajo es fundamental para muchas de las personas que viven en los asentamientos.
Pero regularizar no basta si las personas continúan sin poder acceder a una vivienda digna y segura.
Como señalamos después del incendio de julio, podemos reconocer jurídicamente a una persona como residente legal y, al mismo tiempo, permitir que continúe viviendo entre plásticos, maderas y palés, sin unas condiciones mínimas de habitabilidad y seguridad.
Las personas que viven en San Jorge son, en buena parte, trabajadores y trabajadoras migrantes que sostienen con su trabajo la actividad agrícola de la provincia de Huelva.
No son únicamente mano de obra. Son personas con derechos.
Por ello, reclamamos:
- La puesta en marcha de un plan integral para acabar con la situación de infravivienda en los asentamientos de Huelva, con objetivos, recursos y plazos concretos.
- Alternativas habitacionales dignas, seguras y estables para las personas que actualmente viven en San Jorge y en otros asentamientos de la provincia.
- Medidas inmediatas de prevención y protección frente a incendios mientras estas soluciones habitacionales se hacen efectivas.
- Garantizar el acceso a agua potable, electricidad, saneamiento, recogida de residuos y servicios básicos.
- Que las personas residentes en los asentamientos participen directamente en el diseño de las soluciones que les afectan.
- Que cualquier actuación respete los derechos de las personas residentes y no se produzcan desalojos sin alternativas habitacionales.
- Una coordinación efectiva entre las distintas administraciones para evitar que la respuesta vuelva a limitarse a actuar después de cada incendio.
- Que las políticas de regularización, empleo, vivienda y atención social se desarrollen de manera conjunta.
No podemos esperar al próximo incendio
San Jorge ha ardido una y otra vez.
No podemos seguir contabilizando chabolas destruidas, personas desalojadas y pertenencias perdidas como si fueran consecuencias inevitables de vivir en Huelva para trabajar.
Y no podemos aceptar que tenga que morir una persona para que la situación vuelva a ocupar titulares.
Desde APDHA volvemos a exigir una respuesta institucional que vaya más allá de la emergencia y que aborde las causas estructurales de esta realidad.
No queremos volver a denunciar otro incendio en San Jorge.
No queremos tener que lamentar otra muerte.
Las personas que viven y trabajan en Huelva tienen derecho a hacerlo en condiciones de seguridad y dignidad.
La vida y los derechos de las personas que viven en los asentamientos no pueden seguir esperando.
