
Andalucía, 20 de junio de 2024. Hoy se celebra el Día Mundial de las personas refugiadas, una fecha proclamada por la ONU en 2001 para conmemorar el 50 aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Esta jornada no solo busca asegurar el respeto a dicha Convención y a los derechos de las personas refugiadas, sino también reconocer el valor, la resiliencia y la determinación de las mujeres, hombres, niños y niñas refugiados y refugiadas que deben abandonar su país debido a la persecución, los conflictos armados, la pobreza o el cambio climático.
Este año no es un buen año para las personas refugiadas. Este año viene marcado por nuestros dirigentes que tenían la posibilidad de aprobar un Pacto Europeo de Migración y Asilo para mejorar las condiciones de estas personas y que, nuevamente, se ha centrado en el control y la securitización de las fronteras europeas. Un Pacto en el que el mensaje que se envía es “No vengáis, no lleguéis y no os quedéis”. El Pacto Europeo sobre Migración y Asilo es un paso más en la construcción de un relato que busca denostar y criminalizar a las personas refugiadas, y en concreto a las personas refugiadas de un determinado perfil étnico.
Esta deriva del Pacto sigue la estela marcada en los últimos años, en los que se ha cuestionado la universalidad y las leyes que garantizan los derechos humanos cobrando fuerza la idea de que “tratar bien” a las personas que llegan a través de las fronteras fomenta el “efecto-llamada”. La tendencia en Europa, marcada por la ultraderecha, es que el derecho asilo debe ser extinguido a cualquier precio, incluso fomentar en el imaginario colectivo la idea de criminalidad asociada a determinados perfiles étnicos, provocando una criminalización de las personas en movimiento. Al final, queda claro que esta narrativa busca definir y deshumanizar a estas personas.
A la securitización y control de fronteras se le suma, por un lado, otras acciones de política migratoria deshumanizadoras como son las devoluciones en caliente, colectivas o exprés, para disuadir y muestran que no es necesario respetar los cauces legales para expulsar a quienes se consideran una amenaza para nuestros valores y cultura.
Por otro lado, las trabas administrativas y burocráticas desde el origen como la imposibilidad de solicitar asilo en embajadas españolas en los países de origen, la imposición de visados de tránsito y el colapso de la página web del Ministerio de Interior para las citas de solicitud de asilo son medidas diseñadas para disuadir a las personas de ejercer su derecho a la protección internacional.
Y no solo en el origen; los trámites administrativos para la regularización de su situación, que fomentan la irregularidad, obligando a permanecer al menos tres años en clandestinidad y la amenaza constante de identificación por perfil racial perpetúan la deshumanización de las personas migrantes. Estas condiciones no solo les impiden acceder a derechos universales como la atención sanitaria o la escolarización, sino que también restringen su libertad de manifestación, reunión, sindicación y asociación.
Figuras claves como el derecho a la vivienda o el empadronamiento se cuestionan incluso en estos días; Sin vivienda no hay empadronamiento. Sin empadronamiento no hay tarjeta sanitaria. Sin empadronamiento no hay escolarización. Sin empadronamiento no hay regularización. Sin regularización no hay empleo. Sin empleo no hay regularización. Sin empleo y sin regularización no hay vivienda. Sin la solicitud de asilo no se entra en un programa de acogida. Sin programa de acogida no hay vivienda. Y vuelta a empezar.
Es por lo que en APDHA seguiremos denunciando que las prácticas de las políticas migratorias actuales siguen privando y vulnerando derechos fundamentales. Es necesario reconocer, respetar y garantizar los derechos de las personas migrantes sin discriminación alguna. La lucha contra la deshumanización y el respeto a los derechos humanos deben ser la prioridad en la construcción de políticas migratorias justas y humanitarias.
Por eso, en este Día Mundial de las personas refugiadas, en la Asociación Pro Derechos Humanos nos oponemos, una vez más, al Pacto Europeo de Migración y Asilo, reclamamos una política adecuada que contemple vías legales y seguras, exigimos la mejora de las condiciones de acogida de las personas refugiadas y la supresión de los obstáculos burocráticos que dificultan los derechos de las personas refugiadas y migrantes.