- El hecho de que hasta un 60% de las personas atendidas durante el pasado año fueran mujeres, empleadas fundamentalmente en el ámbito de los cuidados y del trabajo doméstico, permite afirmar que se está produciendo una “feminización de las migraciones”
Cádiz, 21 de febrero de 2025. Hace ya más de 20 años que la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ofrece atención a la población extranjera de distintos municipios de la provincia de Cádiz -en la actualidad en Barbate, Chiclana, Puerto Real y San Fernando-, ofreciendo asesoramiento jurídico y administrativo a personas migrantes, tanto en situación administrativa regular como irregular. Las oficinas de APDHA en estos municipios gaditanos ofrecen atenciones de muy diferentes tipologías: arraigos, régimen de menores, familiar de comunitarios, reagrupación familiar, renovaciones, protección internacional, trámites consulares, nacionalidad y trámites digitales.
Partiendo del análisis cuantitativo, que supone un año más un incremento en el número de personas atendidas y en el número de atenciones realizadas, podemos establecer un análisis cualitativo. De esta forma, las personas atendidas según su sexo han sido un 60% de mujeres y un 40% de hombres, lo cual viene a constatar que el fenómeno migratorio ha ido cambiando en los últimos años, cuando lo habitual, hace más de 5 años, era que el viaje migratorio comenzase por los hombres y, ya estos instalados y regularizados, reagrupasen a sus familias. La realidad actual, no obstante, es que son las mujeres en un porcentaje más elevado las que inician la migración hacía nuestro país, de tal manera que la migración femenina ha dejado de ser un apéndice de la masculina.
La feminización de la migración varía según el origen de procedencia. El 71,92% de las personas atendidas procedentes de Latinoamérica son mujeres, mientras que respecto a las personas procedentes del Magreb el porcentaje es de casi el 49% de mujeres. Sin embargo, el porcentaje de mujeres procedentes del África subsahariana no alcanza al 12%. Esta feminización se consolida por la necesidad de personas que nuestro país requiere para que trabajen en el ámbito de los cuidados y en el entorno doméstico, al que, por desgracia, no se da el valor real y necesario para el crecimiento económico que tanto defiende el actual Gobierno.
Queremos señalar también que el porcentaje mayor de personas que atendemos es de origen latinoamericano, fundamentalmente de Honduras, Colombia y Perú y la mayoría mujeres. En este sentido, hay que destacar que la mayor incidencia de la irregularidad administrativa en la provincia se produce entre las personas de origen latinoamericano.
Analizando los datos sobre la situación administrativa de las personas atendidas, el 52% se encontraba en situación irregular y el 48% en situación regular. La irregularidad a día de hoy no es de fácil paso a la regularidad, pues es necesario haber permanecido durante tres años en España en dicha situación, tres años en un limbo jurídico que permite que se produzcan abusos con aquellas personas que desarrollan los trabajos esenciales para el mantenimiento del Estado de Bienestar. La aprobación de nuevo Reglamento de desarrollo de la Ley de extranjería mejorará, en algunos aspectos, con su entrada en vigor en mayo de 2025, las condiciones de vida de las personas migrantes de nuestro país, pues el periodo de regularización mediante el arraigo social, el más común para la regularización, bajará de tres años a dos años. Sin embargo, lo cierto es que sigue siendo un periodo excesivamente largo y complejo que permite al sistema perpetuar las condiciones de “no derechos” de muchas personas migrantes. La realidad es que la tan esperada nueva regulación en materia de extranjería, teniendo avances en algunas materias, perpetúa una estructura general que está basada en criterios utilitaristas y mercantilistas y no en la defensa y protección de los derechos humanos de la personas migrantes, tal y como nuestra asociación defiende.
